La ministra, designada por la Corte Suprema en 2018, encabezará la magistratura hasta julio de 2027, coincidiendo con el fin de su periodo legal en el organismo. Su ascenso a la presidencia le otorga el voto dirimente en un pleno que deberá arbitrar proyectos clave, como la mega reforma tributaria y nuevas normativas de seguridad, tras una gestión previa marcada por el freno a disposiciones de la iniciativa de “Escuelas Protegidas”.
El Tribunal Constitucional inicia este lunes un nuevo ciclo con la llegada de la ministra María Pía Silva a la presidencia del organismo, en una ceremonia oficial programada para las 10:00 horas. Silva, quien fue designada por la Corte Suprema en 2018, asume la conducción de la magistratura en la recta final de su periodo de nueve años, el cual concluirá definitivamente en julio de 2027. Su ascenso a la testera ocurre en reemplazo de Daniela Marzi y sitúa a la académica en una posición estratégica, ya que contará con el voto dirimente en un pleno de diez integrantes que suele enfrentar votaciones divididas en temas de alta sensibilidad política.
Reconocida como la discípula y albacea del destacado constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán, la nueva presidenta posee una extensa trayectoria académica en la Universidad Católica y un pasado ligado a la Democracia Cristiana, colectividad a la que renunció al integrarse al tribunal. Pese a que algunos sectores la consideraron inicialmente una figura de equilibrio, su historial de votaciones la ha ubicado frecuentemente cerca del bloque progresista, aunque sus pares destacan un perfil técnico y una rigurosidad extrema en la admisibilidad de los requerimientos. Esta característica la lleva a preferir la llamada “deferencia legislativa”, optando habitualmente por no entrar al fondo de los asuntos si no se cumplen estrictamente las normas de entrada al tribunal.
La relevancia de su gestión se proyecta sobre el rol del organismo como el “último filtro” de los proyectos de ley emblemáticos del Ejecutivo, tal como ocurrió recientemente con el proyecto de Escuelas Protegidas, donde el voto dirimente de la presidencia fue decisivo para declarar la inconstitucionalidad de la revisión de mochilas. En el horizonte de su mandato asoman desafíos de gran envergadura judicial y política, como el control de la mega reforma tributaria y discusiones sobre la rebaja de la edad de responsabilidad penal adolescente o las normas de inmigración irregular. Aunque Silva ha mostrado una especial preocupación por los derechos sociales, existe expectación sobre su postura en materias técnicas o de invariabilidad tributaria, donde su voto podría introducir matices frente a la actual correlación de fuerzas al interior de la magistratura.
