Luego de identificar el año 2025 como un “punto de inflexión” para el Segundo Tribunal Ambiental, la ministra Marcela Godoy Flores aborda los desafíos de una magistratura que alcanzó el récord histórico de 14 sentencias dictadas en un solo mes, elevando su capacidad resolutiva en un 21%. En conversación con En Estrado, la presidenta (s) profundiza en la implementación del modelo de case management y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para absorber una demanda de justicia ambiental que hoy se inclina hacia materias de alta sensibilidad, como los humedales urbanos y la reparación de daños. En un contexto marcado por la integración de salas mediante la colaboración con la Corte de Apelaciones de Santiago, la jueza reafirma el compromiso de otorgar certeza jurídica y transparencia a través de una política de justicia abierta orientada a la ciudadanía
1 Durante la Cuenta Pública 2025, usted calificó el año pasado como un “punto de inflexión” debido a un aumento histórico del 67% en el ingreso de causas y al récord de 14 sentencias dictadas solo en el mes de diciembre. ¿Cómo ha logrado el Tribunal adaptar su gestión interna para elevar su capacidad resolutiva en un 21% bajo estas exigencias sin comprometer el rigor técnico de sus fallos?
El año 2025 efectivamente representó un punto de inflexión para el Tribunal. Tuvimos un aumento histórico del 67% en el ingreso de causas y, al mismo, tiempo enfrentamos controversias cada vez más complejas desde el punto de vista jurídico, científico y técnico.
Frente a este escenario, el Tribunal adoptó una estrategia integral de fortalecimiento de su gestión interna, orientada a aumentar su capacidad resolutiva sin afectar los estándares de calidad y rigor jurídico- técnico que caracteriza a nuestra labor jurisdiccional.
En esa línea, hemos avanzado en la generación de una mayor reportabilidad de los hitos críticos de los procedimientos, incorporando herramientas de análisis estadístico que nos permiten monitorear de manera constante los tiempos de tramitación y evaluar con mayor precisión el desempeño jurisdiccional.
Asimismo, avanzamos en el desarrollo e implementación de un nuevo sistema de gestión de causas, que robustece las capacidades tecnológicas del Tribunal y mejora la trazabilidad, eficiencia y control de los procesos, contribuyendo así a absorber el incremento de ingresos sin afectar los estándares de calidad y oportunidad en la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de nuestra institución.
A ello se suma un importante esfuerzo institucional en materia de capacitación y especialización de nuestro equipo, considerando como ya lo he manifestado, que las controversias sometidas a nuestro conocimiento integran elementos jurídicos, científicos y técnicos de alta complejidad y especialización.
Todo este trabajo nos permitió que, aun en este contexto particularmente exigente, este Tribunal incrementara en un 21% el número de causas terminadas respecto el año anterior y alcanzara hitos tan relevantes como las 14 sentencias dictadas en diciembre de 2025, la cifra mensual más alta desde que iniciamos nuestra actividad jurisdiccional.
2 El Tribunal ha debido enfrentar el desafío de operar con vacantes en los cargos de ministros titulares, lo que ha tensionado la integración de salas y la carga de trabajo. ¿Qué rol han jugado la planificación estratégica de audiencias y la colaboración con la Corte de Apelaciones de Santiago para asegurar la continuidad operativa y mantener la excelencia judicial en este escenario?
La existencia de vacantes en los cargos de ministros de los tribunales ambientales ha representado, sin duda, un desafío relevante para el funcionamiento de estas magistraturas especializadas, especialmente en lo relacionado con la integración de las causas, la calendarización de audiencias y la distribución de la carga jurisdiccional.
Antes esta realidad, esta magistratura ha procurado potenciar una gestión organizacional eficiente y una planificación rigurosa de sus audiencias y sesiones, lo que nos ha permitido optimizar el uso de los recursos disponibles y asegurar continuidad en la tramitación de las causas.
En este contexto, ha sido especialmente valioso el apoyo brindado por la Corte de Apelaciones de Santiago en materia de integración, colaboración que ha contribuido a mantener el funcionamiento de la judicatura.
Gracias a estos esfuerzos, el Tribunal ha logrado mantener estándares de oportunidad, calidad técnica y servicio, demostrando que, incluso en escenarios particularmente exigentes, es posible sostener una judicatura sólida, eficiente y coherente con las exigencias propias de la justicia ambiental.
3 Una de las metas más ambiciosas del Plan Estratégico 2025-2029 es la reducción de un 25% en los tiempos promedio de tramitación de las causas. ¿De qué manera herramientas como el nuevo software de gestión de causas y la aplicación del modelo de case management permitirán cumplir con la premisa de que ‘la justicia ambiental, si no es oportuna, no es justicia’?
Uno de nuestros principales desafíos institucionales es avanzar hacia una justicia ambiental más oportuna. Como he señalado reiteradamente, la justicia ambiental, si no es oportuna no es justicia.
Por ello, el Plan Estratégico Institucional 2025- 2029 contempla como meta reducir en un 25% los tiempos promedio de tramitación de reclamaciones y demandas. Para alcanzar este objetivo el Tribunal está desarrollando un trabajo estructural que combina herramientas tecnológicas, mejoras de gestión y análisis permanente de los procesos jurisdiccionales.
En esa línea, el software de gestión de causas, en el cual estamos trabajando, nos permitirá fortalecer la trazabilidad, el control y el seguimiento de los procedimientos, facilitando una administración más eficiente de los tiempos y de las cargas de trabajo. Paralelamente, la adopción de criterios de case management permitirá una conducción más activa y planificada de las causas, identificando tempranamente hitos críticos y promoviendo una gestión más eficiente de las distintas etapas procesales.
Con todo, esta magistratura también ha sido clara en señalar que la duración de los procedimientos responde también a factores complejos y multifactoriales, asociados a la naturaleza técnica de las controversias, a las actuaciones de las partes y a requerimientos propios de la integración del Tribunal. Precisamente por ello, el desafío institucional consiste en implementar mejoras basadas en diagnósticos rigurosos y metodológicamente consistentes.
4 El hecho de que el 92% de sus sentencias fueran confirmadas por la Corte Suprema durante 2025 es un indicador de gran solidez técnica. ¿Cómo contribuye esta coherencia jurisprudencial en temas complejos, como los humedales urbanos o la reparación por daño ambiental, a entregar certeza jurídica y fortalecer el estado de derecho ambiental en el país?
El hecho de que el 92% de las sentencias revisadas durante 2025 hayan sido confirmadas por la Corte Suprema constituye un indicador muy relevante de la solidez técnica y consistencia jurídica del trabajo desarrollado por el Tribunal.
Más allá de la cifra, ello refleja una línea jurisprudencial coherente y rigurosa en materias que presentan una alta complejidad técnica y una especial sensibilidad pública, como ocurre con los humedales urbanos, los procedimientos sancionatorios ambientales o la reparación por daño ambiental.
La consolidación de criterios estables en estas materias contribuye directamente a fortalecer la certeza jurídica, tanto para las comunidades y organizaciones ciudadanas como para los órganos de la Administración y los titulares de proyectos. Asimismo, permite dotar de mayor previsibilidad al funcionamiento de la institucionalidad ambiental y delimitar con claridad el ejercicio de las potestades públicas.
En definitiva, una jurisprudencia consistente no solo resuelve adecuadamente controversias concretas, sino que también fortalece el Estado de Derecho ambiental y aporta estabilidad al sistema de protección ambiental del país.
5 Con el lanzamiento de la nueva web institucional y el Anuario 2025, el Tribunal apuesta por una comunicación más visual y accesible mediante infografías y fichas de análisis de sentencias. ¿Cómo proyecta usted que estas herramientas de transparencia fortalezcan la confianza ciudadana y permitan que la labor especializada del Tribunal sea comprendida más allá del mundo jurídico?
La nueva página web institucional y el Anuario 2025 forman parte de una política orientada a fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la comprensión pública del trabajo jurisdiccional del Tribunal.
Estas herramientas incorporan un lenguaje más claro, recursos visuales, infografías y fichas de análisis de sentencias que permiten acercar contenidos jurídicos y técnicos complejos a públicos más amplios, más allá del ámbito estrictamente especializado.
Creemos que una justicia abierta y accesible fortalece la confianza pública en las instituciones, favorece la transparencia y contribuye a legitimar socialmente el rol de una judicatura especializada que cumple una función cada vez más relevante dentro del sistema ambiental chileno.
