Después de que fuese removida por “pérdida de confianza”, del servicio exterior, la primera diplomática de carrera de origen rapanui activó una ofensiva judicial que busca una indemnización por daño moral, lucro cesante, y despido injustificado. Paralelamente, la justicia laboral revisa denuncias de “deshumanización” y discriminación, el organismo fiscalizador ya requirió informes al Ministerio de Relaciones Exteriores por la fallida aplicación de la Ley Karin.
Todo empezó con un posteo en redes. Pero ahora escaló hasta un litigio en tribunales. La exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, formalizó una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales contra el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), reclamando que su salida no fue un retiro habitual, sino el cierre de una “persecución” motivada por sesgos de género y origen étnico.
La diplomática, con 29 años de trayectoria en el servicio exterior, exige ahora una reparación económica que asciende a los 100 millones de pesos, además de disculpas públicas y su reintegración al cargo. El caso, que ya cuenta con un expediente de 58 páginas en los tribunales, asoma como un precedente sobre la discrecionalidad de la “pérdida de confianza” en funcionarios de carrera.
La caída tras el post de la “libre determinación”
El quiebre definitivo de la relación entre Pakarati y la actual administración se remonta a fines de 2025. En ese entonces, la embajadora compartió en su estado de WhatsApp una imagen con la frase “Libre determinación para la nación Rapa Nui”. El gesto fue precedido por una entrevista en una radio neozelandesa donde reflexionó sobre el autogobierno de la isla.
A pesar de que Pakarati asegura que solo reflejaba una discusión político-administrativa que el propio Gobierno promovía en diversas subsecretarías, la publicación desató una tormenta en la oposición y una reprimenda inmediata de la Cancillería. Tras ser llamada a Chile, se desempeñó brevemente como asesora antes de que se le notificara su remoción definitiva el pasado 3 de junio por instrucción presidencial. Para la defensa de la diplomática, este acto fue un “castigo desproporcionado” y un “linchamiento institucional” donde el ministerio le impidió defenderse públicamente.
El desglose de los 100 millones y el “daño moral”
La cuantía de la demanda refleja la profundidad del quiebre profesional que acusa la exjefa de protocolo. La acción judicial solicita el máximo legal de 11 meses de remuneración (aproximadamente $31,1 millones), sumado a unos $19,8 millones por lucro cesante, argumentando que su contrata debía durar hasta fines de este año.
Sin embargo, el componente más sustantivo de la indemnización apunta a las secuelas personales. Pakarati pide $30 millones por daño moral y otros $20 millones derivados de una enfermedad laboral gatillada por el hostigamiento. Según el libelo, la diplomática debió someterse a un “severo tratamiento psicofarmacológico” tras experimentar lo que describe en párrafos como los siguientes, citados por The Clinic. “He sido discriminada por ser mujer, por ser indígena y por ser una profesional que llegó por mérito propio, no por apellidos ni por cuotas políticas. No deberían ser motivos de persecución”, consigna la demanda. “Se persiguió a una mujer indígena por identificarse con la cultura de su pueblo originario, aplicando un juzgamiento severo y estereotipado que jamás se aplica a sus pares no indígenas”, agrega.
El arbitraje de la Contraloría y el factor Devia
En paralelo al estrado laboral, el conflicto sumó un hito relevante en la Contraloría General de la República (CGR). El ente fiscalizador, mediante un oficio del 30 de julio, otorgó un plazo de diez días a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para informar sobre la denuncia por Ley Karin presentada por la exembajadora.
La arista administrativa apunta al ministro consejero Francisco Javier Devia, a quien Pakarati acusa de orquestar una campaña sistemática de descrédito y hostigamiento en medios de comunicación y redes sociales. De hecho, la defensa recurrió a la CGR luego de que el Minrel descartara inicialmente la denuncia de acoso laboral. Un antecedente que fortalece la postura de Pakarati es el reciente fallo del Comité de Ética de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA), que sancionó a Devia con seis meses de suspensión por vulnerar deberes de lealtad y respeto hacia su colega al ventilar la controversia de forma pública.
Pakarati sostiene que el Minrel amparó este asedio, utilizándolo como base para una desvinculación que ella califica como un “precedente peligroso” para el servicio exterior. Con la demanda ya ingresada, la justicia deberá determinar si la “pérdida de confianza” puede invocarse por sobre las protecciones que el Estatuto Administrativo y la tutela laboral otorgan a los funcionarios de carrera.
