En Estrado.
“A comienzos de la década de los ’80, como secretaria de un tribunal de letras y luego serví mayoritariamente cargos vinculados al área penal, motivada por temas sociales a los que me tocó abocarme en el inicio de mi carrera judicial en una comuna como Puente Alto, con un alto nivel población, mucha pobreza y baja escolaridad, con una inserción laboral inestable, con precariedad en las relaciones familiares y con una convivencia permanente con la delincuencia y el tráfico de drogas, todo lo anterior hacía muy difícil nuestro trabajo de impartir justicia, por la falta de recursos materiales y humanos en esos tiempos”.
Así comenzó su presentación la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Teresa Letelier Ramírez, que efectuó el pasado jueves ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, quien deberá analizar su designación como integrante de la Corte Suprema.
“Vi con esperanza la gestación, implementación y puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, que yo en lo personal y a 20 años de su inicio, califico exitosamente. Con ella se puso fin a un sistema en que los jueces observábamos una carga difícil de sostener, – como lo acabo de señalar- porque éramos responsables, -simultáneamente-, de realizar las funciones de investigar, acusar y sentenciar, entregándonos además la tarea de dirigir las pesquisas investigativas de las policías, no pocas noches de mi vida de juez, me tocó constituirme en distintos lugares de mi jurisdicción, por la ocurrencia de delitos de tráfico, robos con homicidio, incendios etc., lo que nos impedía la mayoría de las veces ofrecer una justicia oportuna, además de ponernos en situación de controlar nuestra propia investigación durante la etapa acusatoria del proceso”.
A lo que la ministra agregó que hay tareas pendientes al respecto, “En mi opinión, hay que relevar el papel de la víctima, lograr un mayor acercamiento a estas últimas, en especial a las víctimas de los delitos comunes, que muchas veces no se investigan por falta de antecedentes, y en cuyas causas se ordena el archivo o se ejercen facultades como la de no iniciar la investigación o no perseverar. Es importante ,que en especial, estas pudieran comprender las motivaciones en la decisión del instructor y las posibilidades que tienen dentro del proceso, cuales son los derechos de las víctimas frente a estos términos anticipados de la investigación, el derecho que se desconoce es un derecho que no se ejerce”.
También, “incorporar nuevos y mejores sistemas de formación y entrenamiento de las policías, reduciendo al máximo los errores que luego repercuten en las expectativas de una condena razonable y avanzar hacia la implementación de un sistema de jueces de ejecución de penas, que logren resguardar adecuadamente los derechos y garantías de quienes cumplen condena, y en ese ámbito, qué duda cabe promover un sistema que entregue verdaderas herramientas de resocialización y reinserción al medio libre”.
Asimismo la ministra se refirió a la formación de los jueces y juezas del país señalando que, “Durante mis largos años de carrera, también busque canalizar mi preocupación por la profesionalización de la tarea del juez, porque sostengo que nuestro rol, es de una importancia fundamental en la institucionalidad democrática, y en ese contexto, trabaje junto a la Asociación Nacional de Magistrados de la época, en crear un órgano independiente, que seleccionara y preparase a nuestros futuros jueces. Hoy veo con orgullo que ese esfuerzo y de muchos otros- logró la creación en 1994 de la Academia Judicial, a cargo también de una parte importante de la capacitación permanente de la judicatura”.
Con respecto al proceso constituyente, la ministra comentó que, “Chile se encuentra hoy ad portas de un proceso constituyente, por primera vez desde la independencia en 1810, la ciudadanía ha sido convocada a definir su destino constitucional. El órgano elegido para su redacción fue una Convención Constitucional, la primera con paridad de género del mundo y, con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas y cuyos miembros, 155 constituyentes fueron electos recientemente”.
En su opinión, “es necesario un gran consenso de Estado, que vaya más allá del ciclo político de turno, donde todos los actores asumamos el compromiso, donde exista una reforma estructural sin sesgos de ningún tipo”.
“Quiero un Poder Judicial más moderno, con un mayor acercamiento a la ciudadanía con integrantes comprometidos con su función, que no es otra que asegurar el acceso a la justicia sirviendo a todo aquel que la reclame”, concluyó.
