Por Agustín Walker Martínez. Abogado. Diplomado de Derecho Penal de la Universidad de Talca.
Una de las particularidades de las propuestas presidenciales de los últimos 20 años ha sido una tendencia a diluir las fronteras entre los/as distintos/as candidatos/as en materia de delincuencia y seguridad pública (Morales, 2012: 103). Como una consecuencia de la constatación del aparente rédito político en la adquisición de un discurso punitivo rígido, y ante las altas cifras de temor ciudadano a la delincuencia, los/as distintos/as candidatos presidenciales del último tiempo tendían a enfrascarse en “competencias de dureza”, al proponer medidas más o menos similares, que giraban en torno a dar una mayor rigidez al sistema y a combatir la delincuencia. De hecho, discursos divergentes de esa tendencia dominante, como el de Frei en la campaña de 2009 o el de Sánchez en la de 2017, fueron duramente criticadas por sus adversarios como posturas blandas y garantistas.
Así, hemos tenido históricamente candidatos/as de distintos colores políticos que han reducido la problemática de la delincuencia a soluciones en extremo simplistas, como potenciar presidios perpetuos, importar la idea estadounidense de los “3 strikes y estás fuera”, instalar cárceles-islas, terminar con las leyes y los jueces garantistas, declarar guerras contra el narcotráfico, encerrar por más tiempo a reincidentes, entre otras ideas nada novedosas ni efectivas. Esta homogeneidad en las propuestas en esta materia es lógicamente problemática, porque impide tener un debate real y serio en la materia, contrastando evidencias y puntos de vista divergentes.
Lo interesante es que esta carrera presidencial[1] parece estar rompiendo con esa competencia de dureza, abriéndose las propuestas de algunos/as candidatos/as a abordajes más complejos de la problemática de la delincuencia. Así, por ejemplo, tanto los programas de Gabriel Boric como de Yasna Provoste, plantean en este punto un conjunto de medidas concretas no punitivas que se alejan de las tendencias anteriores. Sus programas tienen propuestas como descentralizar competencias en materia de seguridad ciudadana, crear instancias preventivas locales, mejoras en la gestión e institucionalidad penitenciaria y en materia de reinserción, planes de desarme, y dar prevalencia a medidas preventivas concretas, junto con grandes reformas a las instituciones policiales.
En la vereda de al frente, las propuestas de Sebastián Sichel también parecen alejarse de un discurso en extremo punitivo pero con mayor tibieza y menos concreción. Su programa plantea una “reforma sustancial al modelo de seguridad y paz social chileno”, que incluye la creación de un ministerio de seguridad y orden público, la reestructuración de la agencia de inteligencia, una nueva estructura de las policías, y un nuevo código penal. El programa de Kast, en cambio, se mantiene más bien en lógicas punitivas y populistas apelando al temor ciudadano como diagnóstico, y propone un conjunto de consignas genéricas como “quitar las rejas de las casas de los chilenos y las usaremos para construir más cárceles”, “combatir la droga y las mafias”, “apoyo total a carabineros”, “defender a las víctimas y no a los delincuentes”, trabajo forzoso para los/as presos/as, aumentar las penas de los portonazos, de la violencia urbana y de otros delitos.
De esta manera, lo que hasta hace poco tiempo era una competencia homogénea basada en eslóganes y consignas genéricas de endurecimiento sin propuestas concretas ni evidencia, hoy parece ir cambiando hacia una discusión más profunda, al menos respecto a algunos de los 4 candidatos principales a la presidencia. Esto es positivo, y refleja un cambio relevante en la sociedad y en la política chilena, en torno a enfrentar la delincuencia con mayor seriedad, atendiendo a la complejidad y al carácter multifactorial del fenómeno.
Lo relevante es que dichas propuestas integrales no sean sólo promesas, sino que sean efectivamente ejecutadas con seriedad y responsabilidad, sin caer luego -en el ejercicio del cargo- en reduccionismos punitivos bajo la creencia que ello traerá réditos políticos. Dar soluciones ineficientes a problemas reales como la delincuencia, nunca es una estrategia política ni socialmente rentable en el mediano y largo plazo. Mientras más candidatos/as planteen más medidas complejas e integrales en la materia, mayor será el debate y la necesidad de políticas basadas en evidencia, y mejores serán también los resultados.
Referencias
[1] Para esto se revisaron los programas presidenciales de los 4 principales candidatos a la presidencia.
