Por Andrés Gallardo. Juez de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires y Presidente de Comité Panamericano de Jueces (COPAJU).
Hace unos días COPAJU (Comité Panamericano de Jueces) emitió un documento titulado “Detectar y neutralizar el Lawfare para preservar la democracia y los derechos sociales”. Recordamos en el texto que en junio de 2019, en oportunidad de la primer Cumbre Panamericana de Jueces, celebrada en la Academia Pontificia de las Ciencias, el Papa Francisco refirió su preocupación “por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales”.
Y definió además el fenómeno con todas las letras: “el Lawfare, además de poner en serio riesgo las democracias de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”. Aseveró que “para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas, que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”, en referencia a los medios de comunicación.
Hoy, después de dos años, y de que varios procesos político-judiciales arrojaron luz sobre las operaciones, no podemos desconocer la gravedad de las corroboraciones emergentes: la evidente motivación político persecutoria de las causas abiertas contra algunos ex presidentes y otros funcionarios, la grosera manipulación probatoria, el uso extorsivo de la delación premiada, la siniestra relación simbiótica entre algunos agentes de prensa y miembros de la inteligencia abocada al “escándalo” de los casos, la evidente parcialidad de los investigadores y juzgadores involucrados, en algunos casos; el uso de la prisión preventiva como medio para inducir a falsos testimonios, la conformación de tribunales “ad hoc” con integrantes que no resultan de una regular integración, el desplazamiento y la persecusión de jueces que resistieron esas prácticas espúrias, son entre otras algunas de las evidencias de que hoy disponemos.
Estas técnicas son las que exponen el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales a las que aludía en su momento el Papa Francisco y nos pone en alerta por el riesgo que entraña para el sistema democrático y para el sostenimiento de los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos sociales a la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la cultura, el medio ambiente sano, etc.
Que esta nueva forma de perturbación institucional se haya producido en nuestra región en diversos países y al unísono, nos habla de su alcance regional, explicando la referencia papal a la “intervención exógena”. Nuestra región sabe de esto porque fue sacudida históricamente por sucesivas formas de intervención extranjera, algunas más directas y sangrientas que otras, pero todas al fin efectivas y destinadas a consolidar el poder extranjero sobre nuestras economías y decisiones políticas.
El documento subrayó que el agotamiento de las formas militaristas de acción sobre los pueblos, implicó la estructuración de nuevas tácticas para la consolidación de las viejas estrategias históricas. Para la lógica de la dominación, los proyectos nacionales, las revindicaciones populares y las emancipaciones sociales, no pueden tener cabida en nuestras patrias y de alguna forma deben ser neutralizadas.
Claro está que esta obra no pudo ser realizada sin el auxilio de las minorías poderosas de cada nación. Éstas se sostienen en tanto las democracias son débiles y poco representativas de los genuninos intereses populares. Las asimetrías sociales y los elevados niveles de pobreza de la región sólo se explican a través de la expoliación de que somos objeto, desde nuestra génesis colonial en adelante. Cuando Francisco se refiere a “minar los procesos políticos emergentes” está aludiendo a esos intentos que hacen los pueblos por recobrar su soberanía y su dignidad superando la lógica egoísta de los poderosos.
Seguramente una de las conclusiones más siginificativas del pronunciamiento de la magistratura panamericana, es que resulta francamente inútil que continuemos hablando de Derechos Humanos y Derechos Sociales si cerramos los ojos frente a estas prácticas de dominación y regresión. No hay derechos posibles para los pueblos mientras subsistan las concentraciones económicas, se privilegie sólo la tasa de ganancia y se pongan por sobre la dignidad de todas y todos los negocios de un puñado de individuos.
Sin ir muy lejos, el más claro ejemplo es hoy, pandemia mediante, el de la provisión de vacunas: unos pocos ponen las reglas, distribuyen a su antojo, se cubren con patentes farmacéuticas y digitan quienes se vacunan y quienes no en el mundo. Los ricos y sus estados nacionales acaparan vacunas como acaparan riquezas y muchos pueblos quedan mirando como mueren miles de personas sin ser asistidas. ¿qué más hace falta probar?¿cómo se sostiene tamaña injusticia? El descarte al que alude frecuentemente Francisco es un proceso de negación humana, contracara necesaria de la acumulación irracional de riqueza por parte de la centralidad mundial. El Lawfare es uno de los andamiajes de dominación que lo hace posible.
Tal como lo señaló el Papa, las juezas y jueces de COPAJU entendemos que es nuestra obligación detectar y neutralizar este tipo de prácticas que tienen por actores en ciertos casos a integrantes de los poderes judiciales (algunos jueces e integrantes de los ministerios públicos) y a grupos multimediáticos de alta capacidad de penetración social. Esa conjunción operativa entre jurisdicción y prensa debe ser desarticulada si es que queremos preservar nuestros sistemas democráticos y dar cauce real a la voluntad de los pueblos y su dignidad.
En ese orden de ideas sostuvimos que resulta fundamental crear urgentes mecanismos de revisión institucional. De lo contrario, como ocurrió con los golpes militares en el pasado, las operaciones de lawfare volverán a ocurrir. Para ello propusimos que tal como en las post-dictaduras se crearon Comisiones Nacionales de investigación para poder dimensionar y denunciar los delitos cometidos y evitar su reiteración, en el post Lawfare del presente es imprescindible estructurar una investigación integral de las prácticas e impedir que prosigan, misión que por cierto no puede estar en manos de los propios sospechados.
Esas Comisiones ad hoc, integradas por personalidades políticas, sociales, judiciales y de medios, con fuerte compromiso humano y social, permitirá en breve lapso, mediante un trabajo de recopilación e investigación de datos judiciales y mediáticos, trazar un perfil completo del accionar desplegado por estos grupos ilegales.
Las conclusiones a las que arriben esas comisiones deberán ser la base de una o varias denuncias judiciales y también el fundamento para el desplazamiento de cada uno de los funcionarios judiciales implicados. Lo propio debería ocurrir con las corporaciones multimediáticas que hayan sido parte de esos procesos espurios poniendo en vilo el sistema democrático. Estamos convencidos que los estados que en su normativa constitucional o legal poseen figuras de protección al sistema democrático deberían utilizar ese encuadre jurídico para incluir las conductas denunciadas, ya que las prácticas de lawfare, no son sino actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.
Es fundamental que todo lo estudiado al respecto del Lawfare, nos sirva para comprender que los actos de fuerza, no se restringen a la fuerza armada o física, sino a toda fuerza, aún la ejercida sobre las sociedades a través de la acción conjunta de los tribunales y la prensa, para torcer el rumbo del proceso democrático y burlar la voluntad popular. Los actos de fuerza son aquellos que impiden a las comunidades elegir, y la práctica del Lawfare, es de esta forma, un cabal y concreto acto de fuerza.
Apuntamos a que como una consecuencia necesaria, luego de ser caracterizados por las Comisiones Nacionales investigadoras, y revisados judicialmente, los actos derivados de las prácticas de lawfare no pueden reputarse sino como insanablemente nulos.
Por su parte, las concentraciones mediáticas cuyas conductas antidemocráticas a través del Lawfare fueran debidamente acreditadas por las Comisiones Investigadoras, deberían perder ipso iure la personería jurídica y las habilitaciones para operar. Si queremos preservar la democracia, no podemos admitir la existencia de sociedades comerciales de prensa que asuman finalidades delictivas y mucho menos considerando que su actividad se ejerce sobre las comunidades como agentes de socialización asistemática.
Los estados se enfrentan hoy al desafío de recuperar su protagonismo político y erigirse a través de sus gobiernos en los redactores naturales de la agenda política, o bien sucumbir en los brazos inescrupulosos de quienes dominan a través de la desinformación y la confusión deliberadas.
Por cierto, quienes conformamos COPAJU, tenemos muy en claro que no se trata de encubrir reales actos de corrupción, que de existir, deben ser castigados con todo el rigor de la ley. De lo que se trata es de impedir que la supuesta lucha contra la corrupción se constituya, en palabras de Francisco, en en una práctica de positivismo situacional para socavar la democracia y la libertad.
Ojalá nuestros pueblos y los dirigentes políticos y judiciales, logremos una rápida y eficaz respuesta para esta amenaza siniestra que se cierne sobre nuestros destinos.
