Lorena Zenteno. Relatora Corte de Apelaciones de Santiago) Phd Student Law University of Edinburgh
Desde el 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre de 2021, se realizó en Glasgow, Escocia y bajo la presidencia del Reino Unido, la COP 26. En este evento participan los Estados miembros de la Conferencia del Cambio Climático de las Naciones Unidas, de la que nuestro país es parte y también asisten diversos miembros de la sociedad civil, preocupados por las medidas que se adopten para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG).
El ultimo reporte científico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) da cuenta de que existen altas probabilidades de traspasar los limites del 1,5C en las próximas décadas, poniendo en peligro la subsistencia del planeta si no se adoptan medidas urgentes.
Tradicionalmente se han analizado las acciones que ejecutan los Poderes Ejecutivo y Legislativo para combatir el cambio climático. Nuestro país ha ratificado el Acuerdo de Paris y realiza esfuerzos para reducir sus emisiones de GHG y avanzar a una transición justa hacia energías renovables. Por su parte en el Congreso se discute la primera Ley sobre el Cambio Climático.
Sin embargo, normalmente no se analiza cual es el rol que el Poder Judicial tiene en la crisis climática. Desde hace varias décadas, en Europa y Estados Unidos, se han realizado una serie de juicios, denominados de litigación climática, en la jurisdicción domestica, en los que en su mayoría ciudadanos demandan mayor acción climática de los gobiernos, transición justa e incluso se ejercen acciones para reclamar por los daños que los efectos del cambio climático han producido en la población.
Al respecto se ha entendido en judicaturas comparadas que los jueces tienen un importante papel que desarrollar durante la crisis climática, pues en primer término están llamados a resolver las controversias que sobre esta materia se les presenten para su decisión, a través de sus sentencias se puede exigir el cumplimiento de los acuerdos climáticos que celebren los Estados o requerir un mayor compromiso climático de sus gobernantes, ejercicio de acciones de daños por efectos del cambio climático, conflictos de leyes, requerimientos de protección de derechos humanos afectados por efectos del cambio climático y falta de medidas para disminuir sus efectos, entre otras diversas acciones.
En Chile no se observa tal grado de desarrollo de este tipo litigios, principalmente por la falta de regulación del cambio climático a nivel constitucional y legal, ello puede deberse también, a la desinformación que sobre el tema existe aun en la población, unido a las dificultades de acceso a la justicia que afectan a ciertos grupos de la sociedad.
Es importante que no perdamos la oportunidad de estar atentos a las discusiones y acuerdos que los Estados, adopten durante la COP 26, y podamos comenzar a reflexionar sobre cuál será el rol de los jueces en Chile durante una de las crisis de mayor gravedad que afectan a la humanidad, en la que sin duda serán llamados a resolver controversias de relevancia jurídica, debiendo adoptar decisiones conforme a la ley pero garantizando siempre el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
