Créditos Imagen : Asociación Nacional de Fiscales.
Francisco Bravo López. Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales
A fines de mayo de 2021, y recién asumida la presidencia de la Asociación Nacional de Fiscales, convocamos a todos nuestros miembros a un amplio diálogo, para construir en conjunto propuestas que se hicieran cargo de las brechas y limitaciones del Ministerio Público. Nuestro desafío era sentar las bases de una discusión para la conversación constitucional y hacernos cargo de lo que el país demanda en materia de persecución penal.
De ese proceso de reflexión surgieron un conjunto de propuestas que hemos expuesto a los convencionales, en presentación propositiva y de recepción en transversales audiencias representativas, desde agosto de 2021 a la fecha, siendo reconocida como la agrupación gremial más activa en dicho trabajo, y entre las cuales destacamos: la imprescindible mantención de la autonomía funcional y orgánica del Ministerio Público, y el aseguramiento normativo en la futura Constitución de la autonomía financiera de la institución, como asimismo que el ejercicio de la acción penal pública sea de resorte exclusivo de la Fiscalía, quien la deberá ejercer siempre sin mayores restricciones.
Se ha propuesto mantener el carácter jerárquico, en términos funcionales, de la institución. Jerarquía entendida como una garantía de igualdad de trato para los ciudadanos, respetando el ámbito de independencia “técnica” de los fiscales, los que deben someter su actuar a la ley y a los criterios generales de actuación, definidos en nuestra propuesta por un órgano colegiado. No podrá ocurrir, en consecuencia, que un fiscal sea removido de una causa, sin que exista una decisión motivada y fundada en tales criterios.
Creemos indispensable atenuar las facultades del Fiscal Nacional, sustituyendo la superintendencia correccional privativa, por una que sea enteramente regulada en la ley, con estricta sujeción a las normas del debido proceso y, por otro lado, otorgando al Consejo General de Fiscales Regionales más atribuciones en el ámbito de la definición de las políticas de persecución penal.
Otro de los desafíos para recuperar la confianza ciudadana, dice relación con la designación del fiscal nacional y fiscales regionales quienes deberán ser calificados por un organismo técnico interno pero independiente, el que debe analizar, en un proceso público y transparente, las capacidades y competencias de los postulantes, previo a la intervención en su nombramiento de otros órganos del Estado. En cuanto a los requisitos, consideramos indispensable que los candidatos hayan tenido experiencia como fiscales, y capacitados como todos ellos, previamente en una agencia de formación especializada para el cargo.
Evaluamos que la intervención de un Consejo Superior externo en el nombramiento, remoción y calificación de fiscales, junto a jueces y defensores, puede afectar la autonomía que se dice consagrar y aparece contradictorio con la lógica acusatoria del sistema procesal que evita vasos comunicantes entre los titulares de la judicatura y la persecución penal.
De otro lado, resulta indispensable tener un mayor control sobre el actuar policial. En tal sentido, la propuesta constituyente de la Asociación de Fiscales apunta a la necesidad de intervenir en la definición de las metas e indicadores de gestión de la policía en el ámbito de la investigación y, por otra parte, contar con unidades policiales dedicadas de modo exclusivo a la investigación.
Consagrar los derechos de las víctimas a nivel constitucional fue otra importante definición acordada por los y las fiscales.
Complementariamente, hemos propuesto, como una manera de asegurar un efectivo acceso a la justicia, que en cada comuna del país existe al menos un fiscal. Y en todo caso un fiscal cada 10 mil habitantes. Hoy existe un fiscal para aproximadamente 24 mil habitantes.
Modestamente creemos que de las 8 propuestas ingresadas al debate constituyente en relación al tema incumbente, la de nuestra Asociación es la más completa, sólida y consistente.
En fin, los más de 20 años de existencia del Ministerio Público nos han permitido tener una visión sistemática y fundada sobre la efectividad, logros y desafíos de nuestra función. Estas ideas que hemos expuesto generosamente ante la Convención, recogen la experiencia de cientos de persecutores quienes, con una visión cotidiana, democrática y republicana, siempre en clave de servicio público, han elaborado una propuesta para ofrecer un mejor servicio de justicia para el país.
