Raúl Palma Olivares es abogado, diplomado en derecho procesal penal y magíster en criminología. Actual Defensor Regional de Atacama. Se desempeñó como asesor jurídico en la Gobernación Provincial de Chañaral, ciudad donde también ejerció como notario suplente y juez de letras (s). Inició su carrera en la Defensoría Penal Pública en 2003, como defensor local de Chañaral y Diego de Almagro, elegido mediante concurso público. Luego asumió, en 2005, como asesor jurídico en la Defensoría Regional.
Con el comienzo de un nuevo año, surgen nuevos desafíos y objetivos para la Defensoria Penal Pública de Atacama, en consonancia con los lineamientos que el recientemente asumido Defensor Nacional ha definido para los próximos años.
El foco como siempre estará puesto en las personas, tanto en nuestros usuarios como en quienes forman parte de la Defensoría Penal, propendiendo hacia una cada vez mejor defensa, así como al fortalecimiento de nuestros equipos en un contexto de pandemia que aún no declina y con ingentes volúmenes de causas rezagadas por el estado de excepción.
Nuestra labor en 2022 estará orientada en tres grandes ejes: la calidad de la defensa penal, la atención de usuarios y la autonomía institucional. En la calidad de la defensa, el objetivo será reforzar nuestra misión original que en el tráfago de la prestación cotidiana y con las constantes modificaciones legales contrarias a la defensa se puede ver desdibujada y ralentizada. El objetivo es desarrollar una litigación en audiencias, contundente desde lo técnico, estratégica en la consecución de jurisprudencia relevante y eficiente en cuanto a resultados favorables para nuestros defendidos, es decir, excelencia en la línea de acción sobre la base de la gestión institucional construida en estos veinte años, fortaleciendo las líneas de defensa especializada, robusteciendo el enfoque de derechos humanos en el debate procesal y por cierto, respondiendo las problemáticas emergentes que nos desafían desde la complejidad de la cuestión penal en el siglo XXI.
El otro eje es la atención a nuestros usuarios, sobre todo luego de las restricciones sanitarias, por lo que el contacto presencial, principalmente en cárceles, será prioritario sin dejar de lado los canales virtuales, cautelando la dignidad de las personas, entregando información pronta, fidedigna y clara, asegurando el acceso a la justicia de todas y todos pero en especial de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
Finalmente, la autonomía institucional, tan necesaria como equilibrio del sistema de justicia penal chileno, que asegure a todas las personas defensa penal pública especializada y de calidad, sin injerencias de ningún tipo como garantía de un debido proceso legal.
