Raúl Palma Olivares es el defensor regional de Atacama.
Hace unos días un conocido conductor de radio regional me preguntó si era posible la reinserción social, esto en el contexto de una conversación que sostuvimos en su programa sobre los adversos resultados de las solicitudes de libertad condicional en el país y en particular en la región y mi respuesta fue inmediata: por cierto, es posible y agregué, además es valiosa para toda la comunidad.
Todos los estudios efectuados en Chile y en el extranjero demuestran que las tasas de reincidencia de las personas que cumplen condena en el medio libre son notablemente inferiores a los que están condenados en medio cerrado y esto por varias razones, pero entre las más relevantes están que la prisión derechamente desintegra los lazos sociales y comunitarios, precariza aún más los niveles económicos y culturales de las personas privadas de libertad y además la intervención intra-penitenciaria en reinserción en Chile es mínima.
En este contexto, la libertad condicional es un beneficio de acuerdo con la última modificación legal, pero con requisitos objetivos: tiempo de condena cumplido, conducta intachable e informe psicosocial sobre factores de riesgo de reincidencia, de manera que las personas que son postuladas ya han pasado un tamiz que permite optar a esta salida progresiva del encierro carcelario que en el caso de Atacama es, además, sinónimo de hacinamiento y condiciones de habitabilidad paupérrimas.
Al otorgar la libertad condicional, lo que en definitiva se hace es darle un sentido pro persona a la dureza esencial de la condena penal en la cárcel, es decir reconocer que esa persona ha mejorado, ha logrado salir adelante a pesar de lo lacerante de la cárcel material, es decir de la cárcel de verdad no la de los códigos y leyes, pudiendo optar a reintegrarse a sus comunidades, a su núcleo familiar y al mundo del trabajo. Tener otra oportunidad.
Con el nivel de rechazo inédito que hemos visto este mes a las solicitudes de libertad condicional, cabe peguntarse legítimamente si el sistema de justicia penal realmente está interesado en la reintegración de las personas y en evitar la reincidencia, cuestión esencial para la legitimación de la justicia por la ciudadanía. Creo que sí. De lo contrario solo resta el castigo puro y duro.
