Nora Rosati Jerez. Jueza penal y coordinadora de la implementación de la ley 21.057 en el Poder Judicial
La preparación de la tercera etapa de vigencia de la Ley 21.057, de entrevistas videograbadas, nos ubica en uno de los puntos más difíciles de su implementación, quizá más que aquél en que debimos crearla, construir el sistema que la operativiza o, incluso, empezar a aplicarla. Aquel momento en que nos vemos tentados a retroceder, a desentendernos, minimizar lo logrado y desestimar la consolidación de un cambio tanto significativo como complejo.
En ese punto, frases como “sí, entiendo, y me hace mucho sentido, esto era necesario, pero no sé, me complica, me desestructura todo lo que sé hacer…” o “…no, no creo que deba revisarse la metodología…no se puede hacer” o “sí, se entiende la buena intención de todo esto, pero otra cosa es en audiencia…”, plasman reflexiones de abogados, peritos, jueces, funcionarios operadores del sistema, y quizá muchos otros que se están enfrentando a la inminencia de la operación de este nuevo sistema en las regiones de su tercera etapa (Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos), entendiendo su sentido, pero mirándola más desde la óptica de un eslogan publicitario o una propuesta programática que como una realidad sistémica y procesal.
Las dudas sobre el abandono de una práctica o idea, o forma conocida de hacer algo y su reemplazo por otra, desconocida, siempre son un desafío personal, en todo ámbito, para todos nosotros; y desde luego, si somos muchos los que debemos desarmar una estructura para armar otra que nos contenga a todos, peor aun. Pero no podemos dejar de mirar a quienes ya lo han hecho, a quienes se han vencido a sí mismos y como sistema, y han elaborado una nueva dinámica, misma que viven hace ya tiempo, reconociendo que son prueba viviente de que sí es posible. Ese es el valor de los operadores del sistema penal de las regiones de la primera fase, su arrojo, su tarea hecha y sus resultados.
Tampoco podemos dejar de considerar lo que avanzan desde junio todos quienes conforman la segunda etapa de vigencia, más populosa, densa, compleja, y que enfrenta cuestiones ya conocidas por la primera, pero otras que no. Una experiencia de mayor coordinación aún, de mejoramiento y, lo más importante, de consolidación.
No hay cambio fácil, primeramente porque no hay cambio sin cambio, y eso ya nos saca de donde hemos estado por un buen tiempo, seguros. Segundo, porque tiende siempre a mostrarse amarrado a una especie de elástico con el que nos estiramos hacia el objetivo nuevo, pero que también, si paramos, nos vuelve rápido a donde partimos o incluso más atrás. Eso es un dato de la causa, y de nuestra propia naturaleza. Una incomodidad no siempre confesable. Pero más allá de ello, haciendo caso al deber de levantar la mirada que nos impone el esfuerzo de tantos, resulta igual de innegable que el panorama ya cambió. Ya no porque sea políticamente correcto adherir a causas que impliquen a niños, niñas y adolescentes (NNA), sino porque la nueva normativa procesal penal que se hace cargo de su victimización secundaria ya se ha hecho realidad y la ha transformado.
Ello nos dicen las 133 salas instaladas y operativas en las regiones de las 1ª y 2ª fases de vigencia, que se usan indistintamente por Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio del Interior y Poder Judicial; las más de 7.900 evaluaciones previas de NNA efectuadas por URAVIT para determinar si hay posibilidad de que participen en una entrevista investigativa videograbada, las que hasta ahora ascienden a 4.343, adicionándose 286 declaraciones judiciales vía intermediación. A lo que cabe sumar los cientos de funcionarios tomadores de denuncias capacitados y que desarrollan el nuevo flujo del Protocolo de Actuación letra a), que cambia radicalmente la dinámica de dicha diligencia para los menores de edad, solos o acompañados; y los 355 entrevistadores acreditados que trabajan en el sistema hasta hoy, en sus fases vigentes, de los cuales 63 son jueces, sin perjuicio de que muchos más ya están formados para esas labores y en vías de acreditación ante el Ministerio de Justicia y D.D.H.H., incluso ya para la tercera etapa. Suman y siguen las decenas de cursos de especialización y actividades de formación continua realizados para afianzar las herramientas para quienes desempeñan estos nuevos roles.
Cifras detrás de las cuales desaparecen muchas sobreintervenciones y actuaciones erradas, cuya eliminación son objeto de esta Ley. Cifras tras las cuales cientos de funcionarios se han replanteado su trabajo, la forma de desarrollar ciertas tareas y aprendido nuevas maneras de abordaje y trato para NNA que se ven envueltos en el proceso penal. Y ya han generado la diferencia.
Sin duda que hay muchos aspectos a revisar, varias cuestiones que afinar o enmendar, así lo arrojó la evaluación de la primera fase en su primer año y seguramente también lo indicará la de este segundo periodo anual, y no podría esperarse de otra forma ante tamaño desafío. En ese ámbito, cabe perfeccionar lo que se hace, insistir en lo que aún no logramos y reducir el margen de error, tanto en la coordinación de los actores cuanto en el desempeño personal de cada operador. Se hace necesario seguir trabajando con las áreas de salud y educación, tanto en el tratamiento de las develaciones y las adecuaciones de los procedimientos internos de denuncia de las instituciones vinculadas.
Es menester, de igual forma, dar una mirada sistémica a la posición de los NNA frente a la justicia penal y la de familia, ahondar en la comunicación de ambas, en el análisis de su vínculo común con el Ministerio Público, estandarizando los flujos, los seguimientos, las alertas.
Incluso en la difusión tenemos pendientes, en la entrega al público general del conocimiento sobre esta nueva normativa y sistema, a la vez que lo socializamos con mayor énfasis con los profesionales que se vinculan de una u otra forma con la atención a la infancia, y los nuevos servicios que toman ahora el control de su acogida y protección.
En fin, hay mucho que hacer aún, cabe hacerse cargo de todo ello, a la vez que se actualiza y corrige lo que es imperativo a nivel de protocolos, de reglamento e incluso de la propia Ley.
Entonces, tentación más o tentación menos de aflojar el elástico, lejos estamos de mirar el escenario nacional dudando sobre lo que ya existe o disociándonos a su respecto. Si bien en la tercera etapa aún estamos distantes de este cambio, la imponente realidad de lo que aquél es y conlleva hasta el día de hoy, el indiscutible avance y trabajo de la primera y segunda fase, nos obliga a integrarnos de manera proactiva, asertiva, técnica e informada, superando la incredulidad e incomodidad.
Son muchos los niños, niñas y adolescentes que ya sienten y viven la diferencia, y restan tantos más que la merecen igualmente.
