La Ley de Delitos Económicos prometía un nuevo estándar para la persecución de la corrupción y los atentados contra el medioambiente, incorporando más de 250 nuevos delitos al catálogo sancionatorio, con penas más severas y herramientas innovadoras para asegurar la trazabilidad y responsabilidad en las empresas.
El resultado es un gran libro en blanco en términos de aplicabilidad. La Ley de Delitos Económicos, diseñada para responder al descontento social por los múltiples casos de corrupción de los últimos años, corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Sin fiscales ni jueces suficientes para procesar los nuevos delitos, y con tribunales operando al límite de su capacidad, las herramientas legales más avanzadas no podrán cumplir su propósito.
Este contraste pone de manifiesto una desconexión evidente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Mientras el primero promulga normativas complejas y exigentes, el segundo recortó recursos clave para su implementación. Quien paga el costo de esta desconexión es el Poder Judicial. Un sistema ya sobrecargado enfrenta ahora un déficit de jueces del 47% en tribunales de primera instancia, junto con limitaciones en suplencias, renovación de licencias para softwares y cobertura de servicios básicos como guardias y aseo.
La frustración es palpable. Casos recientes de corrupción que han indignado a la ciudadanía, como el escándalo de fundaciones o el caso Factop, han expuesto vacíos legales y operativos. A pesar de la entrada en vigor de la Ley 21.595, la mayoría de estos casos aún se tramitan bajo la normativa antigua, permitiendo el uso de atenuantes como la “irreprochable conducta anterior” o la “colaboración eficaz”, lo que resulta en sanciones leves y multas irrisorias. El mensaje al ciudadano es claro: la impunidad sigue siendo la norma.
La incorporación de herramientas tecnológicas podría optimizar la carga laboral, permitiendo a jueces y fiscales concentrarse en casos de alta complejidad. La capacitación de los operadores jurídicos en los nuevos marcos normativos, es crucial para garantizar una interpretación uniforme y eficaz. Además, el trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado es esencial para alinear las leyes con las capacidades operativas.
Chile necesita un mensaje claro y coherente: la corrupción, los delitos económicos y los atentados contra el medioambiente no serán tolerados. Pero ese mensaje debe traducirse en acciones concretas, dotando al sistema judicial de las herramientas necesarias para responder con eficacia. De lo contrario, el marco normativo, por ambicioso que sea, no será más que un conjunto de buenas intenciones atrapadas en la burocracia.
Con cada caso que queda sin sanción efectiva, el costo no solo es financiero, sino también moral. La confianza perdida no se recupera fácilmente, y las consecuencias de la inacción se extienden mucho más allá de los tribunales. Es el momento de actuar, no solo para reforzar el sistema judicial, sino para demostrar que la justicia no es un ideal inalcanzable, sino una realidad tangible para todos.
