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Andrés López Vergara, En Estrado.
La Contraloría realizó una auditoría al proyecto “Justicia Social 1”, de la Municipalidad de Recoleta, el que fue financiado con el subsidio habitacional del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, por un monto de 37.682,70 Unidades de Fomento, más un aporte directo del municipio de 6.545,88 UF.
Está ubicado en un terreno de 1.496,11 m2 y contempla la construcción de 38 departamentos, de 57 m2 cada uno, con un programa arquitectónico de 3 dormitorios, 1 baño, estar, comedor, cocina, logia y terraza, todos dispuestos en 2 edificios de 5 pisos cada uno. A su vez considera estacionamientos para autos, discapacitados y bicicletas, una sala multiuso, conserjería, y zona de juegos y administración. El conjunto comprende la ejecución de 2.932 m2.
Tras la revisión, el organismo contralor apuntó a posibles irregularidades administrativas registras en el municipio y el Serviu Metropolitano.
“La Municipalidad de Recoleta no dio cumplimiento a lo establecido en el aludido decreto N° 49, de 2011, del MINVU, por cuanto inició las obras del conjunto habitacional auditado, sin contar con el Certificado de Calificación Definitiva, el cual fue entregado un mes después por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, SERVIU Metropolitano”, indican.
Agregan que el contrato de obra “revisado fue recepcionado provisionalmente con observaciones por el municipio, el 11 de mayo de 2020, sin que a la fecha de su respuesta al preinforme -16 de marzo de 2021-, y pese a que la empresa contaba con un plazo de 10 días corridos para corregir los defectos advertidos, se haya otorgado la recepción provisional sin observaciones, vulnerando el procedimiento de recepción y término de las obras establecido en las bases de licitación del contrato”.
También indicaron sobre la asignación y arriendo de los departamentos, se advirtió que 7 de los beneficiarios seleccionados por el municipio, no cuentan con el subsidio de arriendo otorgado por el MINVU, y tampoco con la autorización de ese ministerio que los habilite para ser incorporados al proyecto.
“Revisada la tabla de ponderación utilizada por el municipio y los puntajes asignados por esa entidad a cada beneficiario de arriendo, se verificaron diferencias con la información que le sirve de sustento, esto es, el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia1, o con la información aportada por el municipio durante la fiscalización. Lo anterior implica diferencias en el puntaje total asignado a ciertos beneficiarios. Tales diferencias guardan relación con la condición monoparental de los hogares, número de integrantes de la familia o número de menores de edad, antigüedad de ahorro y/o condición de hacinamiento, así como también, con la precariedad de la materialidad de los baños, muros y pisos de las viviendas que los postulantes ocupaban”, fue otra de las conclusiones.
“Se verificó que el municipio acordó como renta de arrendamiento de 28 departamentos -de un total de 37-, (el 75,7%), un monto menor a las 3.5 UF establecidas en la normativa que rige el programa habitacional y el Plan de Administración del inmueble, elaborado por la misma entidad edilicia, sin que además exista una autorización formal por parte del SERVIU Metropolitano que aprueba tal rebaja, según lo exige el marco regulatorio”, explican.
“En relación a todas las observaciones descritas precedentemente, la Municipalidad de Recoleta deberá iniciar un procedimiento disciplinario a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, de la Contraloría General de la República, en un plazo máximo de 15 días hábiles”, señala el informe.
Serviu
Los fiscalizadores detectaron que el Serviu Metropolitano cursó pagos por la suma de $1.172.027.210, IVA incluido, asociados a estados de pago del proyecto en estudio, los que no contaban con el legajo de antecedentes de respaldo.
Agregan que “comenzó su función fiscalizadora de las obras 100 días después de iniciadas, lo que no se aviene con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.875, de 2015, del MINVU. A su vez, recepcionó las viviendas el 19 de junio de 2020, en circunstancias que a esa data, la Municipalidad de Recoleta no había acreditado la constitución ni inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de la prohibición de gravar y enajenar en favor de ese servicio, vulnerando con ello la normativa atingente al programa habitacional.
“Por los hechos descritos en los tres puntos anteriores, el SERVIU Metropolitano deberá iniciar un procedimiento disciplinario a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, de la Contraloría General de la República, en un plazo máximo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, el acto administrativo que lo instruya”, finalizan.
INFORME FINAL 729-20 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORÍA AL PROYECTO JUSTICIA SOCIAL 1 - JUNIO 2021
