En un crudo oficio enviado tras una inspección sorpresa, la jueza Vania Boutaud denunció que mujeres imputadas eran monitoreadas por hombres mientras se aseaban y que se les restringía el agua para evitar que usaran el baño. El tribunal ordenó medidas cautelares urgentes, incluyendo el reemplazo inmediato de la custodia de Gendarmería y una investigación por violencia institucional de género.
Lo que comenzó como una visita inspectiva de rutina a la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI) del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, terminó por destapar un escenario de vulneraciones sistémicas que la justicia ha calificado de “indolencia inexcusable”. La magistrada titular del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, Vania Boutaud, remitió un oficio urgente a las autoridades de salud y penitenciarias tras constatar condiciones que vulneran los estándares mínimos de derechos humanos.
En el documento, la jueza describió un cuadro de “condiciones inhumanas, degradantes, actos manifiestos de violencia de género institucional y graves conflictos de interés” dentro del recinto. La inspección, realizada el pasado 24 de julio, puso el foco en la situación de mujeres que permanecen privadas de libertad mientras se evalúa su imputabilidad en procesos penales.
Vigilancia masculina y “trato cruel”
Uno de los hallazgos más graves consignados por el tribunal es la vulneración a la intimidad de las pacientes. Según el oficio, las internas estaban bajo vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad monitoreadas exclusivamente por funcionarios hombres, incluso en momentos de total vulnerabilidad.
La magistrada fue enfática al señalar que “no se trata de un monitoreo sólo de los pasillos o áreas comunes, sino que al monitoreo se da a la más íntima que tienen, que es su cuerpo y su indemnidad física y sexual”. A esto se sumó la falta de privacidad en los servicios higiénicos, donde las puertas permanecían abiertas o dañadas, permitiendo que las pacientes fueran observadas mientras hacían uso de ellos.
Aún más alarmante resultó la denuncia sobre el acceso al agua potable. De acuerdo con los testimonios recogidos, el suministro era limitado intencionalmente para evitar que las internas solicitaran ir al baño durante la noche. Esta restricción provocaba que las pacientes se vieran “forzadas a orinarse o defecarse en sus dependencias, constituyendo un trato cruel, degradante, vejatorio e inhumano”.
Cuestionamientos a la jefatura y negligencia del personal
El oficio judicial también apunta a la responsabilidad del equipo de salud. La jueza Boutaud criticó duramente a la jefa de la unidad, la psiquiatra Sandra Moglia, acusándola de mantener una “actitud permanente de risa e incredulidad” ante las denuncias y de intentar justificar las prácticas detectadas. La magistrada advirtió un “grave conflicto de interés”, pues quien debe actuar como garante de los derechos de las pacientes terminó, a su juicio, validando las vulneraciones.
Sobre el personal técnico (TENS), se denunció que abandonaban la supervisión de las internas por largos periodos para permanecer en oficinas cerradas. Para la jueza, esta realidad es algo “que ningún médico puede ignorar, menos una psiquiatra, enfermera o técnico”, especialmente considerando la fragilidad clínica de las pacientes psiquiátricas.
Órdenes de cumplimiento inmediato
Frente a la gravedad de los antecedentes, el tribunal dictó una serie de medidas de cautela de garantías:
- Reemplazo de custodia: Se ordenó a Gendarmería sustituir al personal masculino por funcionarios femeninos de forma inmediata.
- Acceso vital: Garantizar el acceso al agua potable y servicios higiénicos las 24 horas del día.
- Privacidad y Reparaciones: Arreglo inmediato de las puertas de los baños y revisión del sistema de videovigilancia para resguardar la intimidad corporal.
- Investigación: Apertura de un sumario administrativo para establecer responsabilidades por malos tratos y abandono de funciones.
La respuesta del Instituto Horwitz
Desde el recinto asistencial emitieron un comunicado asegurando que “la institución ha abordado esta situación con la debida seriedad, disponiendo la revisión de los hechos”. El director del instituto, Juan Maass, instruyó la toma de medidas urgentes y la apertura de una investigación que ya se encuentra en trámite en la Contraloría General de la República.
Aunque el hospital afirmó que, tras revisar grabaciones, no se constataron agresiones físicas directas, confirmaron que se procedió a la “reparación inmediata de la puerta de los servicios higiénicos” y se instruyó al equipo asegurar el acceso oportuno al agua, reforzando el criterio asistencial por sobre el administrativo. Por su parte, desde Gendarmería han declinado, hasta el momento, emitir declaraciones oficiales respecto al cambio de personal solicitado por el tribunal.
