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Andrés López Vergara, En Estrado.
“Es por todo ello que resulta imperioso que nuestro Tribunal de Honor revise los graves hechos ya reiterativos en que ha incurrido el asociado Urrutia, los compruebe, los pondere y, con su mérito, le aplique la sanción de expulsión prevista en el artículo 52° de nuestros Estatutos, o, en su defecto, las sanciones que estimen ajustadas a la gravedad de las faltas cometidas, para restablecer la dignidad de las personas que formamos parte de esta Asociación Gremial”.
Esa fue la petición final de un escrito firmado por 50 juezas y jueces integrantes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) presentado ante el Tribunal de Honor del gremio en que solicitan que se expulse a Daniel Urrutia a raíz de sus declaraciones en la Convención Constitucional.
Según explican, el denunciado abordó diversas materias vinculadas a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la llamada ‘revuelta popular’ del mes de octubre de 2019, ante la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional, instancia a la que fue invitado a exponer. En partes de su alocución afirmó lo siguiente: ‘Detrás de cada violación a los DDHH hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación’; ‘La actual Ministra de la Corte Suprema doña Rosa Egnem, encubrió el caso de la masacre de 19 obreros de la CMPC, ferroviarios y dos estudiantes de San Rosendo’; ‘Durante el estallido, el Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión, al avalar y justificar la represión a través de muchos procesos basados en evidencias de muy poca calidad o directamente inventada por agentes del Estado’; ‘Si la Corte (de Santiago) hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó, no hubiesen existido los cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir… Gustavo Gatica no hubiera perdido su visión si la Corte hubiera aplicado control de convencionalidad y hubiera protegido a los manifestantes’; finalmente concluyó su alocución reiterando: ‘Detrás de cada violación a los DD.HH., un juez convalidó o se hizo cómplice o encubridor de aquella’”.
Agregan que cabe “indicar primeramente que no nos abocaremos a analizar la conducta de quien cree ser el alumno aventajado de la clase y se dedica a fustigar a sus compañeros por no aprender bien la materia, ni pretendemos hacer manifiesto el perfil psicológico que subyace a tales conductas. Tampoco nos interesa aquí escudriñar en la actitud mesiánica que revelan muchas de sus intervenciones desde un tiempo largo hasta esta parte, sino únicamente reparar en lo falaces de sus afirmaciones y del daño gratuito e injustificado que con ellas causa a la labor jurisdiccional y al quehacer gremial en particular”.
Los denunciantes señalan que “queda en evidencia que éste se ha permitido nada menos que atribuirnos responsabilidad directa, por acción u omisión—como dice—en graves violaciones a los DD.HH., nos califica de cómplices o encubridores en tales atropellos, nos acusa de formar parte de un dispositivo de represión, y de avalar y justificar la misma”.
“Falta de lealtad”
También abordaron el emplazamiento realizado por el magistrado respecto de la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem.
“En el caso de la ministra Sra. Egnem, no se trata aquí de aprobar o desaprobar acontecimientos o pasajes oscuros de nuestra historia, período de dictadura respecto del cual nuestra Asociación y la propia Corte Suprema hace ya rato han reconocidos sus propias acciones y omisiones. Se trata, simplemente, de rechazar el que se lancen acusaciones destempladas y temerarias para la galería, sin que la persona aludida pueda defenderse en esa misma tribuna y, como corren los tiempos, ver incluso comprometida su seguridad personal por tales imputaciones”, señalan.
También plantean que “eso es infinitamente irresponsable y no guarda relación con la mesura y ponderación exigible a un juez en su trato a cualquier persona, más aún frente a una colega que, en su condición de asociada, también ha contribuido a costear la defensa del propio juez que ahora la calumnia en una asamblea deliberativa. Lo doloroso de todo esto que se viene describiendo es la falta de lealtad lastimosa que se evidencia en el actuar del denunciado, a quien nuestra organización gremial no ha escatimado esfuerzos en defender en innumerables ocasiones, presentando amparos gremiales en su favor, realizando gestiones en resguardo de sus derechos y, como se ha dicho, financiando su defensa letrada con fondos de todos nuestros asociados”.
“En efecto, las afirmaciones vertidas por el juez Urrutia atentan contra el honor y dignidad de nuestra Asociación, que tiene como finalidad esencial contribuir al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho mediante el ejercicio de la función
jurisdiccional orientada entre otros valores, por la justicia, el respeto de las libertades personales, la igualdad, el pluralismo, la solidaridad, la no discriminación arbitraria y la equidad de género”, puntualizan.
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