Roberto Contreras Puelles, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Director Ejecutivo del Círculo Telemático de Estudios de Derecho Penal.
Conforme al estado actual del Ministerio Público y la realidad país en torno a la rompiente delincuencia y sensación de inseguridad plasmada en las encuestas, existe un consenso generalizado en parte importante de los actores del sistema de justicia, que la actual forma de investigar los fenómenos criminales por parte de la Fiscalía, se encuentra desfasada o derechamente obsoleta para combatir el crimen organizado.
Resulta así, tan crítica la situación para el Estado en su conjunto, que se ha transformado en un imperativo de urgencia para quien lidere el Ministerio Público en su cuarta generación, combatir de manera eficaz a los grupos organizados, y evidentemente, este debe ser un asunto a modelar desde la investigación penal, que permita en el más breve plazo, dotar de la necesaria regulación con herramientas investigativas eficientes y acordes a las necesidades de hoy, tales como organizar equipos conjuntos interinstitucionales, e incluso de carácter transfronterizo, para investigar este flagelo.
Por ello, el intercambio de ideas en materia del uso de nuevas tecnologías para el combate de criminalidad contemporánea, y consecuencialmente aquellas que permitan desarticular organizaciones delictivas, es absolutamente indispensable para quienes se desenvuelven como fiscales del sistema penal, pues estos fenómenos no solo extralimitan fronteras de cualquier naturaleza, sino que pueden generar graves perjuicios a las personas, como también a empresas nacionales o transnacionales.
Tal como ocurre con la mayoría de las innovaciones tecnológicas, los sistemas de tratamiento de información de las instituciones del Estado, tales como el Poder Judicial y la Fiscalía, son de interés de afectación por la criminalidad organizada, ya que son atractivas para sus integrantes y cúpula organizacional, principalmente debido a la información sensible que manejan estos órganos, junto con la multiplicidad de datos operables. Esos antecedentes, por su propia naturaleza, unidos a la facilidad y velocidad con la que pueden trasladarse a cualquier lugar del mundo, facilitan los diversos fines que pudieran tener las organizaciones delictuales, al generar afectaciones al sistema informático, economía, política y la seguridad nacional.
Ya es una realidad la existencia de máquinas que codifican y analizan toda la gama de información existente y anticipan diversos escenarios en el obrar de las personas. Así se reproducen conductas tipos, como el direccionamiento de compras o votaciones políticas; e incluso comportamientos criminógenos; siendo desafíos a asumir urgentemente por los organismos de inteligencia y persecución penal, como lo es el Ministerio Público y sus órganos auxiliares.
Para estos desafíos, la persona que sea designada como Fiscal Nacional, deberá fijar una política criminal de persecución de delitos con uso de alta tecnología, como también para la prevención de fenómenos delictivos contemporáneos. De esta manera, tal como hemos desarrollado en la investigación plasmada en el libro “Inteligencia artificial en el sistema de justicia”; esta sirve para crear, por ejemplo, focos investigativos conforme al progresivo avance de ilícitos de moderna tecnología, y por otro lado, resulta indispensable para el tratamiento masivo de datos o machine learning, que permitan adelantarse a los fenómenos criminales, para medir y minar la capacidad delictiva de grandes organizaciones que se proveen de datos informáticos para sus fines.
Esta mirada sistémica – proteccional, permitirá dotar no solamente de una política interna de ciberseguridad, que proteja las fuentes de información que mantiene la Fiscalía, sino que propende a un ámbito de protección especial del ecosistema de datos personales que pudieran ponerse en riesgo, perturbando consecuencialmente a todo el sistema de justicia en su dimensión orgánica, pues estos sistemas de datos, son de interés de afectación para grandes grupos criminales, que se potencian con el déficit de herramientas tecnológicas para la persecución penal.
Así, resulta necesario entender que los sistemas tecnológicos de información que tratan datos personales, son fuente de resguardo estatal por nuestra Constitución Política de la República, y por lo mismo, como Fiscalía se deben requerir, aprovechando el marco regulativo que permiten leyes especiales, todas las medidas de protección y cautelares para proteger la identidad digital, el resguardo de activos digitales, o reparar cualquier acción que pudiera afectar derechos personales de transcendencia tecnológica, como la imagen o propiedad intelectual.
De allí que se deberá reorientar el modelo conceptual organizativo de la vida en sociedad, el sistema de reglas y ciertamente la impartición de justicia, conforme al avance de la rompiente tecnología. Resulta entonces evidente, que el uso de la inteligencia artificial para la persona que sea nombrada como Fiscal Nacional, trazará la senda hacia la quinta generación del Ministerio Público, y se transformará en una herramienta indispensable que permitirá dotar de insumos al proceso penal, con la finalidad de detectar tempranamente perfilamientos de persecución penal inteligente, como la mejora de recursos de la Fiscalía en determinadas audiencias, o la detección temprana de imputados primerizos como candidatos a salidas alternativas o Tribunales de Tratamiento de Drogas, a modo de ejemplo. Esto, ya que en materia criminal, el gran número y porcentaje de transgresiones son de carácter leve o menos complejo, donde el uso de mecanismos de composición y tecnológicos, permitirán focalizar los recursos en aquellos delitos de mayor connotación, como los referidos a organizaciones criminales de gran envergadura. Se atenderá, así, al fenómeno criminógeno contemporáneo en aras a reducir este tipo de delincuencia, propiciando una racional intervención y categorización de diversas metodologías, procesos y resultados idóneos para la persecución penal, sustentados en la creación de perfiles criminógenos de imputados, a los cuales según los parámetros procesales y líneas jurisprudenciales analizadas automáticamente, pudieran determinar la petición de medidas cautelares de intensidad en su contra, o incluso una condena efectiva, proporcionales a las afectaciones de magnitud, atendiendo a la propia disrupción criminal que provocan las crecientes y tecnológicas organizaciones delictuales de nuestra época.
