Legisladores del bloque opositor anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) luego de las indicaciones del Gobierno que buscan homologar las penas de menores con el régimen de adultos para delitos graves. Acusan que las medidas vulneran el “interés superior del niño” y tratados internacionales ratificados por Chile.
Apenas 24 horas después de que el Gobierno detallara las indicaciones para corregir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPD), la oposición activó una ofensiva jurídica para frenar los puntos que consideran contrarios a la Carta Fundamental. El foco de la controversia radica en la propuesta de los ministros de Justicia, Fernando Rabat, y de Seguridad, Martín Arrau, que busca endurecer el trato penal para los menores de edad involucrados en delitos de alta connotación social.
El Ejecutivo pretende ingresar la próxima semana un paquete de enmiendas al Senado que, entre otras materias, busca eliminar el límite de cinco años de condena para adolescentes de 14 y 15 años en un catálogo de 17 delitos específicos, permitiendo que se les aplique el mismo tope que hoy rige para los jóvenes de 16 y 17 años. Además, se propuso revisar el lugar de cumplimiento de condena para quienes tengan más de 17 años y seis meses.
La tesis de la inconstitucionalidad
Para los parlamentarios detractores de la medida, estas propuestas borran la frontera necesaria entre la justicia especializada y la de adultos. La diputada Lorena Fries (FA) fue la primera en advertir que “no puede haber una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos en materia de responsabilidad penal”. Según la legisladora, cualquier intento de homologar las penas con el régimen de mayores constituiría una “violación a derechos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto también una inconstitucionalidad a través del artículo 5 de la Constitución”.
En la misma línea, el jefe de la bancada del PS, Raúl Leiva, calificó las enmiendas como atentatorias contra el debido proceso y la Convención Internacional sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Leiva enfatizó que la norma vigente establece que el “interés superior del menor debe siempre prevalecer”, por lo que habilitar procedimientos de adultos para menores resultaría improcedente.
El fantasma del revés en el TC
La advertencia de la oposición no es vista como una amenaza vacía en los pasillos del Congreso, especialmente tras la reciente derrota del Gobierno en el TC por el proyecto de “Escuelas Protegidas”. En aquella instancia, el tribunal declaró inconstitucionales artículos clave, como la inhabilidad para acceder a la gratuidad y ciertos aspectos de la revisión forzosa de mochilas.
Desde el bloque opositor, el diputado Bernardo Salinas (Ind.-PC) subrayó la necesidad de actuar con rigurosidad para no empujar a los jóvenes a la “escuela del crimen a través de las cárceles”. Con estos antecedentes, el debate legislativo que se retomará la próxima semana en el Senado estará marcado por la posibilidad cierta de que la ley termine siendo dirimida por la magistratura constitucional antes de ver la luz.
