En una decisión comunicada por la vocería de Gobierno, el Ejecutivo anunció la paralización completa de las reducciones de pena para todo tipo de delitos mientras se tramita la derogación de la Ley N.º 19.856. La medida busca descomprimir la presión legislativa ante la inminente acusación constitucional contra el titular de Justicia, en medio de severas contradicciones por la firma de un nuevo beneficio a un condenado por homicidio el mismo día en que supuestamente se ordenó el congelamiento general.
En un intento por frenar la escalada del conflicto político e institucional que afecta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Gobierno anunció la suspensión total de la tramitación de los decretos de rebaja de condena en recintos penitenciarios, medida que se aplicará sin excepciones e independientemente de la naturaleza del delito. El giro estratégico, informado por el subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, se produce en momentos en que la oposición alista la presentación de una acusación constitucional contra el titular de la cartera, Fernando Rabat, y cuando se multiplicaban las críticas transversales hacia la gestión de la secretaría de Estado por la dictación de los beneficios.
La determinación gubernamental representa una rectificación frente a la postura sostenida por el propio Ministerio de Justicia, repartición que argumentaba que el ministro Rabat se encontraba obligado por el marco legal vigente a dar curso a las solicitudes de reducción de pena, restringiendo la paralización anunciada el pasado 23 de octubre exclusivamente a las causas por delitos sexuales cometidos en perjuicio de menores de edad. Conforme a lo expuesto por fuentes del comité político de Palacio, el cambio de criterio se gestó tras evaluar el impacto de los cuestionamientos públicos y acordar el apoyo a la derogación total de la norma “habida cuenta de la discusión pública que se ha generado”.
El decreto firmado a un homicida
Al justificar la ampliación del congelamiento administrativo, el vocero Arenas sostuvo que el titular de Justicia había adoptado la decisión de paralizar los expedientes con anterioridad a la vocería oficial. Respecto del compromiso inicial, el vocero recordó que “El ministro Rabat se comprometió a no dar trámite a decretos que tenían relación con delitos sexuales que afectaban a menores”. No obstante, la autoridad añadió que “el ministro también ha sumado la decisión de paralizar cualquier decreto, desde el jueves anterior hasta que se resuelva cuál va a ser la situación definitiva” de los internos acogidos al régimen legal, precisando que “ya no se van a tramitar nuevas solicitudes de rebaja mientras no se avance en el proyecto que está en discusión en el Congreso”.
La nueva versión oficial dejó expuesta una inconsistencia temporal con las actuaciones del Ministerio de Justicia. El mismo jueves 5 de noviembre señalado por el Gobierno como la fecha de inicio del congelamiento general, el ministro Rabat y la recién asumida subsecretaria de la cartera, Josefina Soto, suscribieron el Decreto Exento que redujo en diez meses la condena de Peter Andrés Rojas Gallardo, sujeto de 40 años sentenciado a cinco años de presidio por el homicidio de un adulto mayor de 83 años perpetrado en la comuna de Catemu. Hasta el momento de la vocería, la repartición no había comunicado la existencia de esta suspensión amplia ni ha aclarado la secuencia exacta entre la firma del beneficio y la orden de paralización de los actos administrativos.
El debate por la retroactividad
Frente al desplome de las defensas técnicas basadas en la obligatoriedad del texto legal, La Moneda resolvió alinear su posición con la iniciativa impulsada por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), moción parlamentaria que busca la derogación definitiva de la Ley N.º 19.856 sobre rebaja de condena por buena conducta.
En el marco de la vocería, el Ejecutivo intentó además morigerar el alcance de los cuestionamientos apuntando a la práctica histórica del instrumento administrativo en administraciones anteriores. Al ser requerido por las resoluciones otorgadas en el ámbito del crimen organizado, el vocero Arenas aseveró que “En el gobierno anterior se dictaron cerca de 1.600 decretos de narcotraficantes o de personas relacionadas con crímenes con drogas”, remarcando que la rebaja de penas constituye un procedimiento regular contemplado en la legislación general cuyo uso se pretende suprimir definitivamente mediante el debate legislativo en curso.
