Un informe de investigación especial del órgano de control reveló que más de 762 mil dosis contra la influenza caducaron en bodegas del operador logístico durante la campaña de 2024. El documento detectó además la falta de registro de destino de casi tres millones de vacunas e irregularidades como la inscripción de inoculaciones a personas fallecidas. El dictamen apunta a la responsabilidad patrimonial de la administración anterior de la cartera de Salud.
La Contraloría General de la República notificó los resultados de una exhaustiva investigación especial dirigida al Ministerio de Salud (Minsal) que expuso severas deficiencias administrativas, financieras y operativas en el desarrollo de la campaña de vacunación contra la influenza del año 2024. El informe del organismo fiscalizador, al que accedió Mega Investiga, destapó un perjuicio fiscal directo que supera los $3.640 millones de pesos por concepto de dosis que terminaron venciendo almacenadas, junto con la pérdida de rastro de casi tres millones de vacunas y registros de inmunización asociados a RUN de personas fallecidas.
El dictamen del ente de control pone el foco de la responsabilidad administrativa sobre la gestión pasada de la cartera, la cual estuvo liderada por la exministra Ximena Aguilera y la exsubsecretaria de Salud Pública Andrea Albagli. Ante la gravedad de los antecedentes recopilados, la Contraloría confirmó que formulará un reparo por un total de $3.640.544.800, mecanismo jurídico y administrativo mediante el cual se busca perseguir formalmente las responsabilidades patrimoniales de los funcionarios involucrados para recuperar los fondos públicos dilapidados.
El millonario vencimiento en bodegas de logística
De acuerdo con el desglose del informe técnico, para la campaña de inmunización de 2024 el fisco adquirió un universo aproximado de 9,6 millones de dosis contra la influenza. No obstante, la auditoría constató que 762.326 vacunas compradas a los laboratorios Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur vencieron sin llegar a ser distribuidas a la red de atención primaria, permaneciendo bajo resguardo en las instalaciones del operador logístico contratado por la Subsecretaría de Salud Pública.
La Contraloría determinó de manera taxativa que la Subsecretaría no acreditó haber agotado todas las alternativas de gestión o redistribución oportuna para evitar la pérdida de los medicamentos antes de que expiraran. Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, la situación revela “problemas graves en la planificación y utilización de los recursos públicos”, sugiriendo que la autoridad sanitaria sobreestimó la demanda real de la campaña. Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) calificó el diseño del proceso como “inexcusable”, cuestionando que “faltó cobertura y sobraron vacunas”.
Tres millones de dosis sin rastro y vacunas a fallecidos
Uno de los capítulos más complejos de la fiscalización apunta a la pérdida de la trazabilidad de 2.906.653 vacunas. El ente contralor determinó que el destino de estas dosis no pudo ser establecido de manera fehaciente, dado que no figuran registradas como administradas a la población ni constan formalmente dentro de las mermas o mermas por vencimiento de los servicios de salud.
El diputado Daniel Lilayú (UDI), quien ingresó la denuncia original ante la Contraloría en mayo de 2025, remarcó que “una vacuna no es una caja vacía: es un medicamento y se debe saber a quién se compró, dónde se almacenó, a qué servicio se derivó y a quién se colocó”, advirtiendo que los antecedentes podrían requerir la intervención del Ministerio Público ante eventuales delitos.
A la falta de trazabilidad se sumó la detección de 208 registros de vacunación asociados a identidades de personas fallecidas a nivel nacional. El cruce de información determinó que la supuesta fecha de inoculación ingresada al sistema informático es posterior a la defunción de las personas titulares de los RUN.
En 58 casos, la Contraloría comprobó una coincidencia íntegra de nombres y RUN con los datos del Registro de Defunción. En los 150 casos restantes, la coincidencia se limitó al RUN, registrándose desfases temporales que en situaciones extremas llegaron a ser de hasta 61 años de diferencia entre la muerte del ciudadano y su supuesta vacunación. Al respecto, el senador Castro planteó la gravedad del hallazgo, señalando la posibilidad de que personal de salud en los vacunatorios haya “falseado o inventado” datos en el sistema de registro.
Descargos de Salud y eventuales comisiones investigadoras
En sus respuestas oficiales dirigidas a la Contraloría, la Subsecretaría de Salud Pública intentó justificar el vencimiento masivo argumentando una fuerte y abrupta caída en la demanda ciudadana, sumado a la necesidad de priorizar dosis que contaran con actualizaciones específicas para las cepas virales en circulación. En lo relativo a los registros de personas fallecidas, la autoridad sanitaria atribuyó las inconsistencias a meros errores de digitación por parte de los operarios en los centros de salud.
Sin embargo, desde Chile Transparente enfatizaron que las responsabilidades de control no recaen exclusivamente en los equipos técnicos o digitadores, sino también en las jefaturas de división, del departamento de inmunizaciones y del subsecretario respectivo que visaron las millonarias compras públicas sin realizar un análisis riguroso de los cálculos de consumo.
La resolución final del órgano fiscalizador abre ahora un complejo escenario para la actual administración que encabeza la ministra May Chomalí. Además del juicio de cuentas por vía del reparo financiero, el parlamento alista una serie de acciones fiscalizadoras. El senador Juan Luis Castro anticipó que las conclusiones del dictamen tendrán un severo impacto que podría forzar la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, además de citaciones formales a las autoridades en ejercicio al Senado para dar explicaciones sobre la falta de interoperabilidad de los sistemas de registro sanitario.
