Por Verónica Vymazal Bascopé, Jueza de Familia de Osorno.
¿De verdad la infancia importa?
Hace pocos días conocimos el informe presentado por el Poder Judicial sobre la situación de las residencias de niños, niñas y adolescentes (NNA) al cuidado del Estado, correspondiente al segundo semestre del año 2023.
Bajo el nombre “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”[1], nos brinda datos como que el 37% de las residencias dependientes del Servicio de Protección Especializada de la Infancia y Adolescencia -ex SENAME- presentan hacinamiento y que 597 niños, niñas y adolescentes se hallan en total abandono.
Esto no sólo no fue noticia, sino que da cuenta de una trágica normalización de un problema crónico, sobre diagnosticado y, tristemente, aparentemente inabarcable para el Estado.
Todo ello a pesar de la existencia de una nueva institucionalidad y nuevo servicio, pero principalmente nuevas leyes que prometían establecer un sistema de garantías y protección integral.
El artículo 15 de la Ley de Garantías, ya vigente hace más de dos años, establece la obligación de todos los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, de invertir hasta el máximo de los recursos de que puedan disponer, en el diseño y ejecución de políticas, normativas, servicios y prestaciones destinadas a la promoción, protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, debiendo priorizarlos en sus presupuestos.
Estas son obligaciones de todo el Estado y no sólo del Servicio de Protección especializada y Subsecretaría de la niñez.
En la misma línea se extrañó en la reciente cuenta pública del Presidente esta priorización, pues la mención a la niñez y adolescencia en el discurso fue acotada, siempre en el nicho del Servicio y la Subsecretaría de la Niñez.
No se advierte por tanto un compromiso transversal ni una priorización en todo ámbito del Estado con la intervención de otras carteras como salud, educación o vivienda, entre otros, tanto a mediano como a largo plazo.
Así las cosas, eslóganes como “los niños primero” o “los niños si importan” resultan en una verdadera bofetada.
Yendo a los anuncios presidenciales, la instalación de 70 nuevas Oficinas Locales de la Niñez (OLN), la Comisión de Verdad y Justicia para víctimas del Sename y las indicaciones al proyecto de la ley de adopción proyectan un bajo efecto concreto en la efectivización de derechos.
Hay, además, un juego de palabras muy peligroso: se habla de la instalación de 70 nuevas OLN -que se unen a las 199 ya instaladas- pero quienes trabajamos en infancia sabemos que la instalación referida no es en realidad implementación, ya que esas 199 instaladas no funcionan cumpliendo las tareas mandatadas por la Ley de Garantías.
Aún más, todavía no se inicia la anunciada protección administrativa y las funciones de protección efectiva de derechos no se está cumpliendo.
Al hablar de implementación, no basta con habilitar un inmueble o personal, si no tenemos un diseño institucional adecuado o si el personal es insuficiente.
Falta, además, una adecuada difusión de la referida ley, un verdadero código de la Niñez con mayúscula, que requiere ser conocida y difundida en distintas instancias, partiendo por los niños.
Ni siquiera se ha capacitado adecuadamente a jueces, juezas, profesionales de la salud y educación o a los mismos profesionales de las Oficinas Locales de la Niñez.
No se puede establecer la idea de que el sistema está instalado ya que no es real.
No está funcionando y no se avizora cuándo pueda llegar a funcionar tal como lo establece la Ley de Garantías.
Las alarmas generadas por estos informes parecen no ser suficientes.
La tan discutida y esperada ley 21.430 sobre garantías y protección integral de la infancia y adolescencia, vigente en Chile desde marzo de 2022, es expresa en mandatar al Estado de Chile a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de niños niñas y adolescentes y en establecer presupuestos que prioricen la infancia en todos los ministerios.
Desde la aprobación en 1989 de la Convención de los Derechos del Niño y su posterior ratificación por nuestro país en 1990, nos obligamos a invertir los recursos necesarios para la satisfacción de sus necesidades, de todos ellos, no sólo los gravemente vulnerados.
Esto implica un compromiso serio de disponer recursos económicos y humanos suficientes; de diseñar e implementar políticas públicas con el foco en ellos y evaluar su eficacia.
La niñez y adolescencia ya ha esperado mucho porque nosotros, las y los adultos, quienes cumplimos una función pública, asumamos nuestros compromisos y cumplamos la ley que nosotros mismos nos impusimos.
Es de esperar que en la próxima ley de presupuesto todos los órganos del Estado, sin excepción, prioricen la inversión en infancia y adolescencia.
No importa cuántas columnas escribamos sobre los desafíos para la protección de la infancia, ésta debe estar siempre presente y nuestro compromiso con la misma debe también estarlo. No basta con llenar espacios y cumplir nominalmente.
Un mes de un lactante abandonado, es una condena silenciosa pero brutal, cuyas huellas veremos durante toda una vida.
[1] https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/109788
