Por: Equipo EnEstrado
Dos mil setecientos cuarenta y tres kilómetros de distancia hay entre Antofagasta y Lago Lonconao, comuna de Futaleufú, en la Región de Los Lagos. La capital regional en pleno desierto de Atacama, considerado uno de los más áridos del mundo, versus la Patagonia chilena, de tupidos bosques milenarios y glaciares. Ambos polos opuestos, pero unidos gracias al diputado por el distrito 3, Sebastián Videla Castillo (independiente-PL), y los empresarios Antonio Carracedo Rosende y su hijo Antonio Carracedo Diez.
La historia reciente enseña la importancia de develar los vínculos entre empresa y política. Como bien se sabe, un punto de inflexión fue entre 2014 y 2015, cuando estallaron los casos Penta y SQM, asociados al financiamiento irregular de la política mediante boletas o facturas ideológicamente falsas. El caso más nítido en términos de relación empresa–legislación fue Corpesca, vinculado a pagos de una empresa pesquera del grupo Angelini y a la tramitación de intereses del sector pesquero. Hoy las alertas saltan, nuevamente, por las diversas intervenciones del diputado Videla -a través de numerosos oficios y proyectos de ley- vinculados al sector privado.
El caso baterías: el inicio de esta historia
En diciembre de 2022 el diputado antofagastino Sebastián Videla, junto a su colega y actual presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), presentan un proyecto de ley, Boletín 15566-12, para restringir la importación y exportación de residuos peligrosos para valoración (reciclaje) y destrucción, citando varios tratados internacionales y normas medioambientales. Pocos días después, en enero de 2023, el antecesor de Videla y actual senador, Esteban Velásquez (FREVS), presenta también un proyecto, muy similar en contenidos y argumentos, como lo reseña el Boletín 15627-12.
Sin duda, una buena noticia para los defensores del planeta, pero aquí viene la primera de una serie de coincidencias: la moción sale pocos meses después que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobara un reglamento que va en el sentido contrario: permitir la salida del país de estos materiales para que fueran tratados en países extranjeros.
Dos propuestas que declaran defender el medioambiente, pero que son opuestas. Dicho reglamento, tramitado por la entonces ministra de Medio Ambiente (MMA), Maisa Rojas, se sustenta, entre otras cosas, en informes de la Fiscalía Nacional Económica de 2016 (ver informe aquí) y de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR (ver informe aquí), que alertan sobre la escasa oferta en el país para el tratamiento de estos residuos, como baterías de plomo, y la importancia de flexibilizar la norma. Además, la resolución del Consejo de Ministros se basó en seguir las sugerencias del Convenio de Basilea y la OCDE. La exigencia es que el exportador chileno de baterías usadas debe demostrar técnicamente que la planta destinataria en el extranjero cuenta con autorizaciones vigentes y que opera bajo estándares ambientales iguales o superiores a los de Chile. Esto incluye fiscalizar sus límites de emisiones de contaminantes al aire, descargas de riles (efluentes líquidos) y protocolos de presencia de sustancias peligrosas en el suelo y lugares de trabajo.
Este reglamento fue criticado mediante diversas formas por parte de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA), un gremio ambiental que reúne a empresas y profesionales vinculados a la gestión de residuos, reciclaje y sostenibilidad. Cuando surgió el reglamento se generó un informe en el que se sostiene que la modificación del reglamento sobre movimientos transfronterizos de residuos peligrosos debilita los principios del Convenio de Basilea, genera riesgos de fiscalización y control ambiental, y puede afectar el desarrollo de la capacidad nacional de reciclaje impulsada por la Ley REP y la economía circular. En particular, argumenta que la exportación de residuos peligrosos debería ser una medida excepcional, permitida únicamente cuando Chile no disponga de capacidad técnica suficiente para tratarlos, pues el procesamiento dentro del país reduce riesgos sanitarios y ambientales, disminuye la huella de carbono asociada al transporte internacional y fortalece la industria nacional de valorización de residuos. A partir de estos antecedentes, el informe respalda las iniciativas legislativas orientadas a restringir la exportación de residuos peligrosos y a privilegiar su tratamiento en territorio nacional.
Es decir, el Gobierno (siguiendo a Basilea) decía una cosa y AEPA (siguiendo a Basilea) decía lo contrario. En el Congreso un conjunto de actores se sumó a la tesis de AEPA. El argumento público desde el Congreso Nacional apuntaba a rechazar el reglamento por razones ambientales, sanitarias y de seguridad nacional. Se advertía, por ejemplo, sobre el riesgo de contaminación marina por el eventual hundimiento de cargamentos en rutas transoceánicas. También se planteaba que el ácido sulfúrico contenido en baterías en desuso podía ser desviado por redes del crimen organizado internacional para la purificación de sustancias ilícitas. Sin embargo, detrás de esa narrativa de resguardo ambiental y combate al narcotráfico, la trazabilidad legislativa muestra un patrón que merece atención: una ofensiva coordinada desde la Región de Antofagasta que, en los hechos, podía favorecer directamente a la industria recicladora de la zona, solo que nunca se mencionó esa razón para defender su permanencia. Esto dijeron los congresistas al respecto
Así, tanto las mociones parlamentarias de Videla-Alessandri como la de Velásquez modificaban sustancialmente el escenario: si el reglamento aprobado por el Consejo de Ministros expandía el mercado de la industria, las mociones parlamentarias fueron en sentido contrario y cerraban toda opción que no fuera exigir el reciclaje dentro de Chile. En la práctica, el proyecto obligaba a procesar el 100% de los componentes dentro del territorio nacional. Y ello, en sus consecuencias, suponía que la única planta beneficiada era la de Antonio Carracedo, correspondiente a Recimat. El proyecto Videla-Alessandri fue archivado en marzo de este año, mientras sigue en discusión el presentado por el senador Velásquez, que está en tabla para los próximos días.
Como parte de la ofensiva contra la resolución del Comité de Ministros, la Asociación de Empresarios y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA) encargó al abogado Luis Cordero —quien posteriormente se convertiría en una de las figuras más relevantes del gobierno de Gabriel Boric— un informe en derecho para cuestionar la decisión del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). El documento (ver informe aquí) reaparece por primera vez en este reportaje. ¿Por qué? Porque Antonio Carracedo Díez, gerente comercial de RECIMAT, la empresa en Chile que posee un monopsonio -concepto económico que describe un mercado con un solo comprador y múltiples vendedores- de las baterías recicladas, tras el cierre de Tecnored en 2014, formó parte del directorio de AEPA entre 2022 y 2024, período en que la asociación presentó el informe elaborado por Cordero.
El interés de RECIMAT (también identificada como RAM / RAM-Recimat) en evitar que el Reglamento se implementara es evidente. La propia firma a través de Carracedo ha reconocido públicamente su condición de monopsonio, permitiendo que, como único comprador legal, la empresa fije los precios de compra de las baterías usadas y quien vende carece de comprador alternativo dentro de un mercado lícito. Tal como justamente alertó la FNE hace 10 años.
De esta manera, AEPA aparece como una pieza clave en la articulación del discurso técnico que luego sería utilizado por parlamentarios del norte para, a través de dos mociones legislativas, cuestionar la regulación del MMA durante el Gobierno de Gabriel Boric, en contraposición a lo establecido por el Convenio de Basilea y organismos técnicos nacionales, como la FNE, que alerta que, de no flexibilizar la norma, sólo se favorece al único proveedor del mercado: RECIMAT.
Dicho de otro modo, el informe jurídico de Cordero, la plataforma gremial y los proyectos de ley terminaron convergiendo en una misma dirección: impedir que los residuos peligrosos, especialmente baterías usadas, salieran del país para ser valorizados en mercados externos, asegurando el negocio de la única empresa recicladora del rubro en Chile.
El diputado Sebastián Videla fue el primero en redactar un proyecto de ley que fuera en la dirección contraria a la que había señalado el Gobierno (de su signo político). Y es la primera moción que avanza en la dirección que conviene radicalmente a RECIMAT. No hay antecedentes que hagan suponer la existencia de algún vínculo entre la empresa o sus propietarios y el parlamentario. Pero tratándose de un tema altamente específico y considerando que fue el primer diputado interesado en ello, al menos hace presumir que debe haber obtenido información de la empresa, ubicada en su distrito. Ello no es extraño ni irregular bajo ciertas condiciones como, por ejemplo, reunirse bajo la ley del lobby y registrar debidamente ese encuentro.
Sin embargo, el Lago Lonconao, cerca de 3 mil kilómetros al sur del distrito 3, volverá a unir al diputado Videla, al empresario Carracedo y AEPA. Y esto ya es más inusual.
La trama patagónica
A fines de abril de este año, Canal 13 emitía un reportaje “exclusivo”, a cargo del periodista Emilio Sutherland (conocido como “tío Emilio”), dando cuenta de un tema alarmante: ciudadanos argentinos, a través de la sociedad Rumbo Sur, habían adquirido terrenos ubicados en Futaleufú, clasificada como comuna fronteriza, condición que le impide a transandinos adquirir predios, salvo expresa autorización del Presidente de la República. Uno de los denunciantes en el reportaje es Antonio Carracedo Rosende, padre de Carracedo Diez y fundador de RECIMAT.
Hasta ahí nada fuera de lo común. Se entrevistaron a expertos en derecho internacional, al alcalde y dirigentes vecinales. Faltaba el parlamentario local, para llevar la arista política, pero quien aparece en el reportaje es el diputado Sebastián Videla. Un video tomado por su equipo lo muestra en 2025 tratando de contactar al ciudadano argentino, a quien califica como agresivo. Luego, da una “cuña” reciente a Emilio Sutherland, en Santiago, expresando su preocupación por la materia.
Lo que Sutherland no alertó en su nota es que Videla no es del distrito. ¿Qué motiva a un parlamentario a trasladarse desde el norte grande, más de tres mil kilómetros de distancia para llegar a la Patagonia?
Futaleufú, Región de Los Lagos
En una entrevista al diputado (ver en YouTube) se le insistió en varias oportunidades sobre el interés particular en este caso, considerando la distancia geográfica, y que tampoco es de los temas habituales que ve en su trabajo en Comisiones, y su respuesta fue la misma: que el tema fronterizo le interesaba particularmente, y que él ya había denunciado el tema en 2025, pidiendo pronunciamiento del CDE y la Contraloría General de la República. Agregó que él recibió la denuncia del caso a su correo, pero dijo no recordar quién la había enviado.
Pero descubierto el vínculo entre el proyecto de ley y cómo beneficiaba el mismo a RECIMAT, se le volvió a preguntar, esta vez por escrito y a través de uno de sus asesores, sobre una posible relación entre él y la familia Carracedo. A través de su periodista, el diputado señaló que no participaría del reportaje por encontrarse “concentrado en la sesión secreta de Codelco”.
Abogados nortinos, @DefendamosLonconao y un senador
Hay otra arista particular que une ambos temas, el norte y el sur, que surge tras esta investigación. En el reportaje de Canal 13, Antonio Carracedo Rosende señala que mayo era un mes clave, porque prescribe el caso. En efecto, se presentó una demanda, pero no la presenta él, sino la Junta de Vecinos. No obstante, los abogados a cargo del caso no son de la zona, sino un estudio con asiento en Antofagasta, de los juristas José Ledesma Cortez y Héctor Padilla Ramírez. Este último fue contactado vía WhatsApp, y pese a que contestó al primero de los mensajes, no se obtuvo información respecto del avance de la acción legal y las razones de porqué tomaban un caso tan lejano geográficamente. En una nota anterior de EnEstrado, el periodista Claudio Fariña fue a Antofagasta -donde le señalaron que le darían una entrevista-, luego desistieron y declararon que el abogado patrocinante de la demanda estaba en Futaleufú (comuna del lago Lonconao). Personas que estaban en dicha comuna intentaron contactar al abogado, pero dijo no estar en la zona.
Se intentó contactar a los vecinos, y en particular a Ángelo González, quien en la nota televisiva aparece como dirigente de la unidad vecinal de Lago Lonconao y que es quien firma como presidente de dicha unidad vecinal la demanda contra Rumbo Sur, sin resultados positivos. También se contactó por mensaje directo a la cuenta de Instagram @DefendamosLonconao, que respondió algunas de las interrogantes. Lo primero, aclararon que González ya no oficiaba como vocero y que la señal en Palena era muy mala, como para contactar a alguien más. Inquiridos sobre quiénes estaban detrás del movimiento, si eran sólo vecinos o comunidad organizada, o si había otra entidad o persona, como el propio Antonio Carracedo (padre o hijo), ellos lo negaron, señalando que era una iniciativa social, que apelaba al tema más de la soberanía que a un conflicto entre vecinos. En contactos anteriores con la cuenta de Instagram la persona que lo administra señaló que vive en Santiago y que apoya la causa.
Lago Lonconao
Cabe señalar que de este movimiento se recibió un documento en formato Word, que fundamenta jurídicamente -con fotos, detalles de Rumbo Sur y alcances de la legislación chilena- la demanda presentada por los abogados antofagastinos en representación de los vecinos. Los archivos de esta naturaleza tienen su propio tracking; es decir, es posible saber quién es el usuario que creó el archivo o lo intervino, y aparece ahí, en sus propiedades, a una de las autoras del extenso informe: Carmen Gloria Ide.
Ella es la actual presidenta de AEPA, la misma organización que contrató a Luis Cordero para su informe en derecho, la misma organización que coincidentemente argumenta lo mismo que el proyecto de ley que favorecía a la empresa de su exdirector Antonio Carracedo Diez, la misma entidad que aparentemente está apoyando a la Junta de Vecinos de Lonconao.
Se contactó a esta ingeniera y dirigenta gremial, a través de mensajes directos a su cuenta personal de Instagram, acerca de sus eventuales vínculos con este movimiento social y no obtuvimos respuesta. Sí se puede asegurar que ella es parte de los más de 30 mil followers que posee la cuenta, que postea videos de reconocidos rostros de televisión apoyando la demanda.
Por otro lado, la misma CM de @DefendamosLonconao sugirió hablar con el senador de la zona, Fidel Espinoza (PS). Fuentes consultadas en el territorio comentaron que el parlamentario sería cercano a Carracedo Rosende y que incluso habría pernoctado en su propiedad en Futaleufú hace solo dos semanas. Lo cierto es que el legislador ha sido un activo defensor de la causa, atacando a los propietarios argentinos, apelando al tema limítrofe y la soberanía.
La ofensiva del senador se ha intensificado en las últimas semanas, acusando violencia por parte de los compradores argentinos. En entrevista con el Diario El Llanquihue aseguró que “este señor aquí transgrede también las leyes chilenas, porque violenta a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo a mujeres, llegando incluso a amenazar de muerte y de quemarles sus casas. Saquen sus propias conclusiones”.
A esto se suman más de 50 publicaciones difundidas en redes sociales propias y de la zona y una serie de acciones legales y emplazamientos al Presidente Kast para que instruya acciones a organismos como la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado y el Consejo de Defensa del Estado para que intervengan en el proceso.
Se le consultó directamente a Espinoza acerca del tema, y los supuestos vínculos con el empresario del reciclaje, y se negó tajantemente a participar en esta investigación. “Si está con preguntas malintencionadas, no seré parte de su reportaje”, contestó vía WhatsApp.
Al estilo Videla: Entre una zanja fronteriza y el salvataje de Unión Española
En las postrimerías del Gobierno de Gabriel Boric, y justo antes del cambio de mando, el diputado Sebastián Videla fue protagonista de una noticia. Decidió, con recursos propios, según él, habilitar una zanja en Ollagüe, ciudad fronteriza con Bolivia, adelantándose a la promesa del entrante mandato de José Antonio Kast y así evitar el tránsito irregular de migrantes, trasladando una retroexcavadora a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar. En esa ocasión dio una entrevista televisiva en el matinal Mucho Gusto de MEGA desde el mismo altiplano, con los conductores José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, y el excanciller Juan Gabriel Valdés, quienes le cuestionaron su medida, pues escaparía a las potestades de un parlamentario.
Pero, al parecer, para Videla este tipo de noticias y acciones no le son ajenas. Un pequeño repaso a su labor parlamentaria en el 2025 revela que, al igual que en Ollagüe o en Lonconao, las materias que aborda responden, al parecer, a otros factores: quizás, sigue apegado a su oficio como comunicador social en medios locales, que le valió a ser reconocido en la zona como el Ciudadano Videla- o a responder a supuestos intereses particulares, como podría ocurrir con la causa que lideró Carracedo, tanto en el proyecto de ley como en la visibilización del problema en Futaleufú.
1.- Oficio de fiscalización: salvar del descenso a Unión Española
El 17 de diciembre de 2025, el diputado Sebastián Videla tomó la palabra en la Cámara para hablar de fútbol, pero no para referirse al deporte de su distrito, sino del conflicto reglamentario que enfrentaban Unión Española y Deportes Iquique, dos clubes que habían descendido en la tabla, pero que pretendían disputar su permanencia en la Primera División del fútbol profesional mediante alegatos normativos. Sus dichos quedaron consignados en el acta oficial: “Me comuniqué hoy con el presidente de Unión Española, y también he conversado con el presidente de la ANFP, quienes manifiestan su preocupación por lo que está pasando con el reglamento”. Surge la duda si esos contactos se hicieron en el marco de la Ley de Lobby, por lo menos no fueron hallados registros de estos.
Horas después de esa declaración, presentó el Oficio N° 126278 al Ministerio del Deporte, solicitando intervención estatal en la interpretación del reglamento que aplicaba la ANFP. El reglamento que, de aplicarse como pedían los clubes, les hubiera evitado el descenso a ambos clubes, y el diputado consideró pertinente influir directamente en intentar mantener dicha categoría, pidiendo de paso la intervención del Ejecutivo en un conflicto que afecta esencialmente a privados.
La pregunta que surge es ¿por qué el diputado ha considerado que la hipótesis jurídica de Unión Española es correcta o atendible? En su intervención en sala, Videla intentó justificar su interés territorial: “Soy de la Región de Antofagasta, y me preocupa que, eventualmente, también se vean perjudicados clubes como Cobreloa o Deportes Copiapó”. Esa justificación, sin embargo, llegó después de nombrar ya a Unión Española e Iquique como objeto central de la gestión.
2.- Oficio de fiscalización: promoción de drones con modelo y marca
Entre mayo de 2025 y noviembre del mismo año, Videla presentó al menos cinco oficios en los que promovió el despliegue de tecnología de drones para distintos fines: vigilancia de quemas ilegales en La Chimba, comuna de Antofagasta; control de pasos fronterizos en Ollagüe y Calama; identificación de personas que abandonan mascotas; y combate al crimen organizado.
En el Oficio Nº102489, Videla relató en primera persona haber operado drones con su equipo en el sector La Chimba: “Junto a mi equipo, integrado por Elías Vaca y otras personas, llegamos hasta el lugar con equipos de última tecnología, como drones y equipos de visión nocturna, para fiscalizar y encontrar a las personas que realizan las quemas”. Es preciso señalar que la persecución penal es un monopolio estatal delegado a la fiscalía y las policías (Art. 83 CPP). Aquí surgen nuevas interrogantes: ¿qué autoridad legal invocó para operar equipos de vigilancia aérea? Los drones están regulados por DGAC, ¿había autorización para el sobrevuelo y de hacerlo particularmente en La Chimba? Y si se detectaron delitos, ¿éstos se reportaron en las instancias correspondientes? Otra pregunta que aparece es el origen del dron o drones que haya ocupado, si fueron de su propiedad -y con qué recursos- o si fueron facilitados por un tercero. Si se usaron fondos públicos, podría existir uso potencialmente indebido de erario para operaciones paralelas a instituciones, mientras que un préstamo supone potenciales presiones o favores externos.
Asimismo, en los oficios números 122937 y 122938 del 22 de octubre de 2025, ante la ministra de Defensa y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, respectivamente, Sebastián Videla no pidió genéricamente capacidades de vigilancia aérea: solicitó específicamente la autorización de “los aviones no tripulados de la FACh, en específico los Hermes 900”, añadiendo un detalle técnico que no es de conocimiento público general: que ese equipo “puede detectar estructuras bajo tierra”. Este dron, de media altitud y largo alcance, es fabricado por Elbit Systems, empresa israelí con ventas documentadas a la Fuerza Aérea chilena. La especificidad del modelo, en lugar de una formulación genérica de capacidades requeridas es el tipo de precisión que normalmente proviene de quien conoce el producto.
Para cerrar el ciclo, en noviembre de 2025 Videla presentó el Oficio Nº124332 para usar drones e identificar a quien había abandonado una perra preñada en La Chimba y, en ese contexto, defendió retroactivamente su trabajo: “Estos equipos tácticos de drones que propusimos hace unos meses, donde incluso algunos se burlaron de que estuviéramos con casco, de que estuviéramos promoviendo la tecnología. Bueno, hoy día da resultados”.
- Oficio de fiscalización: caso Bolivia
El 22 de enero de 2025, Sebastián Videla presentó el Oficio Nº92758 al entonces canciller Alberto Van Klaveren para coordinar operativos de recuperación de vehículos robados en Bolivia. En su intervención en sala fue explícito sobre la información que manejaba: “Se han encontrado varios vehículos chilenos, en un sector cuya identificación me voy a reservar por razones de seguridad, en Bolivia”. Cuatro meses después, en el Oficio Nº98568, el propio Videla reveló que había estado coordinando directamente con el cónsul chileno en Bolivia: “He conversado en reiteradas ocasiones con el cónsul chileno en Bolivia; él me ha apoyado en estas gestiones. Hace tres días recuperamos un nuevo vehículo”.
Es preciso señalar que la Constitución Política, Art. 24, señala que el “Presidente de la República tiene a su cargo la administración del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República”. Y en su artículo 32, numeral 14 señala que el Presidente tiene exclusividad en “dirigir la política exterior y las relaciones diplomáticas”. En este caso, se relatan presuntas coordinaciones en territorio extranjero y con funcionarios diplomáticos. La duda que surge es por qué un parlamentario conduciría operativos transfronterizos con apoyo consular, reserva información sobre ubicaciones por criterio propio, y usa los oficios parlamentarios no para fiscalizar al Ejecutivo, sino para exigirle que se sume a iniciativas que él ya estaría ejecutando. “Necesitamos que el Ministerio de Seguridad se ponga los pantalones, instale tecnología de punta para combatir a esas bandas”, señala uno de los documentos consultados.
Al igual que con el tema del Lago Lonconao, se le consultó al diputado Sebastián Videla las razones por las que abordó estos temas, si hubo registro en Ley de Lobby de sus conversaciones con dirigentes deportivos y su rol en la recuperación de vehículos en Bolivia, sin obtener respuesta por las razones ya señaladas.
La pregunta jurídica: interés general o interés particular
Desde el punto de vista del derecho público, el caso abre interrogantes relevantes sobre los límites de la actividad parlamentaria y el principio de probidad. El artículo 8° de la Constitución establece que el ejercicio de la función pública debe realizarse con preeminencia del interés general sobre el particular. Esto significa que las autoridades deben actuar de manera honesta, leal y orientada al bien común, no al beneficio de personas, empresas o grupos específicos.
El problema surge cuando iniciativas legislativas o actos de fiscalización, presentados bajo argumentos de interés nacional, terminan teniendo efectos concretos sobre un actor privado determinado. Por sí sola, una coincidencia legislativa no constituye necesariamente una irregularidad. Sin embargo, la acumulación de vínculos, como mociones parlamentarias, informes jurídicos, participación en denuncias extra distritales y un reiterado abuso de la herramienta del oficio parlamentario (sólo el 2025 Videla emitió más de 440 de estos documentos) dan cuenta de una conducta que llama a la reflexión.
Para el abogado penalista y académico, Marcelo Hadwa, este tipo de intervenciones responden a acciones propias de parlamentarios que buscan figurar, y que eventualmente podrían transgredir ciertas normas. No obstante, más preocupante le parece el caso del Lago Lonconao, sobre todo si existe un litigio de por medio.
“Desde el momento en que existe un proceso judicial entre partes, no resulta adecuado que diputados o senadores tomen posición a favor o en contra de alguna de ellas. Los legisladores, al ser parte del aparato estatal, deben contribuir a que los tribunales fallen sin injerencias ni presiones. Todo ciudadano tiene derecho a que el Estado lo trate en forma igualitaria. Por ello, desde el momento en que un parlamentario toma posición a favor de una de las partes en un litigio pendiente, está violando ese derecho de igualdad de trato de todo ciudadano”, indica Hadwa.
Y agrega: “Son los tribunales ordinarios, dentro del aparato estatal, los que en definitiva tienen el monopolio para determinar cuál de las partes del litigio es a la que le asiste la razón. El ciudadano no debe soportar las presiones de otros estamentos estatales que no dirimen su situación judicial, pues, como lo señalé, se le estaría violando su derecho a la igualdad de trato”.
Atendidas estas consideraciones, el caso deja abiertas interrogantes que deberían ser abordadas por las instituciones correspondientes. La Comisión de Ética de la Cámara podría revisar si existieron conflictos de interés, faltas a la probidad o uso indebido de la función parlamentaria. La Contraloría General de la República ya fue requerida formalmente por el propio diputado Videla para revisar la adquisición de terrenos en Futaleufú, lo que transforma ese oficio en una pieza central para reconstruir el alcance institucional de la causa.
Del mismo modo, quizá el Ministerio Público tendría que determinar si existen antecedentes suficientes para investigar eventuales delitos asociados a tráfico de influencias, financiamiento irregular, cohecho u otras figuras penales. También resulta necesario transparentar quién financió los informes, asesorías, acciones judiciales y gestiones comunicacionales vinculadas tanto al debate legislativo del reciclaje de baterías como al litigio territorial en Futaleufú.
Porque cuando las mociones parlamentarias, los informes jurídicos, las fundaciones ambientales, las vocerías públicas, los litigios privados y los oficios fiscalizadores parecen operar en una misma dirección, el problema deja de ser solo ambiental o territorial, se transforma en una pregunta mayor sobre el funcionamiento de la democracia: ¿qué pasa si el Congreso suspende a ratos su labor de legislar y fiscalizar al aparato público, y dedica tiempo para operar como una sofisticada oficina de asuntos públicos al servicio de intereses particulares? De momento es una pregunta. Sería grave si fuera la respuesta.
