La Fiscalía Metropolitana Occidente formalizará este domingo a los dos sospechosos por secuestro con homicidio, un ilícito que en la legislación nacional arriesga el presidio perpetuo calificado. El Ministerio Público y la PDI apuestan por la evidencia científica y tecnológica para sortear el pacto de silencio de los imputados y la ausencia del cuerpo de la joven de 29 años.
El próximo domingo 23 de agosto, a las 11:00 horas, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago será el escenario de una de las audiencias de formalización de cargos más complejas del último tiempo en la zona poniente de la capital. Tras decretarse la ampliación de la detención por tres días en la primera comparecencia, la Fiscalía Metropolitana Occidente imputará formalmente el delito de secuestro con homicidio a los dos tíos de Makarena Tolosa Cárdenas, la joven de 29 años de quien se desconoce su paradero desde el pasado 8 de mayo. Los imputados, de 49 y 55 años, llegarán al tribunal bajo un escenario procesal adverso, donde el persecutor regional Marcos Pastén expondrá los peritajes científicos que buscan derribar la nula cooperación que ambos familiares han mantenido con los detectives desde sus arrestos.
El escenario judicial que enfrentan los sospechosos se considera las penas más altas disponibles en el ordenamiento jurídico. Al ser formalizados por secuestro con homicidio, la legislación nacional contempla una sanción que parte en el presidio perpetuo y escala hasta el presidio perpetuo calificado. En la práctica judicial, una condena bajo esta última calificación jurídica implica la privación de libertad de por vida para los sentenciados, estableciendo un cerrojo legal que les impide postular a cualquier tipo de beneficio carcelario o salida alternativa antes de cumplir un mínimo de 40 años de presidio efectivo en un recinto penal. Esta posibilidad de una condena alta, responde a la naturaleza del crimen investigado, que protege de manera conjunta la libertad ambulatoria y la vida de la víctima, y cuya penalidad máxima se fundamenta jurídicamente aun cuando no se haya verificado el hallazgo del cuerpo, siempre que la evidencia científica permita acreditar el deceso.
Para el Ministerio Público, el éxito de esta acusación radica en una batería de pruebas de alta complejidad técnica coordinadas por la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) de la PDI. Entre los elementos clave que se ventilarán en el estrado destaca el hallazgo de rastros de sangre humana en el colchón de una habitación que arrendaba uno de los sospechosos en Pudahuel, la cual era utilizada de forma esporádica. La concordancia biológica de esta muestra se definirá mediante un cotejo científico con las muestras de ADN tomadas al padre de la joven, Patricio Tolosa, y a los propios imputados en las dependencias del Servicio Médico Legal.
Junto con la evidencia hematológica, la georreferenciación telefónica se alza como el pilar técnico que sitúa a los imputados en la escena del crimen. Las pericias de triangulación de antenas de telecomunicaciones permitieron a los detectives de la Briup reconstruir la ruta de aquella jornada, determinando que los aparatos telefónicos de la víctima y de los sospechosos dejaron de emitir señal de manera simultánea en un sector de la ribera del río Mapocho, en Cerro Navia, donde hoy se concentran las faenas de rastreo con maquinaria pesada. A esto se suma el levantamiento del secreto bancario de las cuentas corrientes de los tres involucrados, ordenado por el tribunal para verificar el flujo constante de transferencias de dinero que la fiscalía asocia directamente al móvil del crimen.
La reconstrucción de la historia revela las complejas dinámicas de relaciones que habrían desencadenado el fatal desenlace. De acuerdo con la tesis de la fiscalía, existía una relación de servicios de connotación sexual pagados por parte de la sobrina hacia sus tíos, que se concretaban en el inmueble arrendado por uno de los involucrados. El fiscal Marcos Pastén sostiene que, ante el temor de que estas conductas fuesen descubiertas por el resto del núcleo familiar, los imputados decidieron asesinarla para silenciar un esquema de extorsión económica que la joven ejercía sobre ellos desde hacía cinco o seis meses.
No obstante, esta línea explicativa es rechazada por el entorno de la víctima. El padre de Makarena señaló que la supuesta exigencia de dinero no correspondía a un acuerdo comercial, sino que derivaba de un historial de abuso sexual cometido por uno de los tíos cuando la joven era menor de edad, situación de la cual la familia se enteró años más tarde. El círculo de amigas de la infancia de la joven, que ha liderado la búsqueda, también ha apuntado a las profundas fracturas familiares en el caso. Acusan que la familia materna intentó proteger activamente a los sospechosos e incluso apuntan a Cyntia, hermana de la víctima por línea materna, de entorpecer las indagatorias policiales y distorsionar los antecedentes de las últimas horas en que Makarena estuvo con vida antes de abordar el microbús en Pudahuel que selló su destino.
