En una sentencia unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago puso punto final a una de las aristas más desprolijas de corrupción en la gestión de infraestructura hospitalaria de 2018. El tribunal condenó a Mauricio Alejandro Álvarez García, exjefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud (Minsal), a la pena de 6 años de presidio efectivo como autor de fraude al fisco y cohecho activo. Junto a él, se condenó a sus vecinos, Pía González González y Marcos Pozo Reyes, como coautores de soborno.
La historia contenida en el fallo revela un plan delictual que se aprovechó de un cambio de política pública. En mayo de 2018, tras el cambio de gobierno desde Michelle Bachelet a Sebastián Piñera , el Minsal decidió transitar desde un sistema de construcción de obras propias a uno de alianza público-privada para la reposición del Hospital San Luis de Buin-Paine. Álvarez García, detectando que la modificación presupuestaria dejaría fondos disponibles, comunicó al equipo del Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) que, para las nuevas autoridades, era obligatorio incorporar “la asistencia de un equipo revisor externo, situación que condicionaría la continuidad del proyecto de construcción de dicho hospital”.
Una “necesidad ficticia” entre vecinos
El tribunal dio por acreditado que esta exigencia era una invención de Álvarez para obtener una ventaja económica personal. Para ejecutar el plan, acudió a dos particulares de su confianza: la arquitecta Pía González y su pareja, el constructor Marcos Pozo, quienes vivían en su misma parcela en Buin y le estaban construyendo su casa particular.
Desde su cargo, Álvarez presentó a González ante el SSMS como una experta coordinadora, atribuyéndole “competencias inexistentes” y logrando la contratación de un equipo de 18 profesionales por un monto total de $400 millones. El engaño consistió en “creando desde su posición de funcionario público, una necesidad ficticia de contratación de un equipo externo, aparentando visos de legalidad supuestamente justificado en la existencia ahora de un anteproyecto avanzado”.
El retorno del 10% y el perjuicio fiscal
La investigación judicial desnudó el mecanismo de retorno del dinero. González y Pozo exigieron a los profesionales que contrataron que “debían contribuir con parte de sus honorarios mensuales consistente en un 10%, a fin de solventar supuestos gastos operacionales”. Sin embargo, esos dineros eran finalmente “entregados y percibidos por Álvarez para su beneficio personal, según habían acordado”.
El fallo es lapidario respecto a la utilidad de estas asesorías: el equipo no contaba con experiencia en construcción de hospitales, sus informes tenían un “contenido básico y reiterativo” y, en la práctica, no resultaron provechosos para el diseño del centro asistencial. En definitiva, el actuar fraudulento provocó un perjuicio total de $259.802.566 para las arcas públicas.
Además de la pena de cárcel, el tribunal acogió la demanda civil del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ordenando a Álvarez García restituir íntegramente el monto defraudado ($259 millones) por concepto de daño material. También deberá pagar una multa de casi $26 millones, quedando inhabilitado de por vida para ejercer derechos políticos y de forma perpetua para cargos públicos mientras dure su condena. El negocio ilícito terminó por desplomarse, según el fallo, debido a “desavenencias serias con sus socios del negocio ilícito”, lo que llevó a Álvarez a solicitar el término abrupto de los contratos antes de que el esquema fuera descubierto.
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