En un veredicto inédito para la macrozona norte, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique declaró culpables a dos ahora exfuncionarios del Ejército por traficar a una mujer venezolana mientras cumplían labores de resguardo. El análisis de sus teléfonos celulares fue la pieza clave para revelar cómo los uniformados guiaron a la víctima a través de pasos no habilitados usando la infraestructura de vigilancia estatal.
La crisis migratoria en la frontera norte de Chile ha sumado un capítulo judicial sin precedentes que pone bajo la lupa la integridad del resguardo fronterizo,. El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dictó este martes la primera condena en contra de miembros de las Fuerzas Armadas por el delito de tráfico ilícito de migrantes, tras acreditarse que dos exefectivos del Ejército utilizaron sus cargos para facilitar el ingreso irregular de una ciudadana extranjera.
Los hechos que motivaron esta resolución del Ministerio Público se remontan a la noche del 14 de mayo de 2025, en la comuna de Colchane, región de Tarapacá. En aquella oportunidad, los entonces funcionarios O.E.L.P. y D.N.M.M. se encontraban destinados a tareas de vigilancia en la frontera chileno-boliviana, específicamente en el puesto de observación de la facción Cerrito Prieto.
La ruta del WhatsApp y el abuso del cargo público
De acuerdo con la indagatoria liderada por la Fiscalía del Tamarugal, los acusados aprovecharon su posición de autoridad para coordinar el ingreso de una mujer de nacionalidad venezolana, identificada con las iniciales R.C.P.V.,. La fiscal Karem Gómez logró demostrar durante los tres días de juicio que el sargento segundo D.N.M.M., mientras realizaba sus labores de centinela, mantuvo contacto directo con la víctima para indicarle los caminos que debía seguir.
La fiscalía fue enfática al señalar que los uniformados “facilitaron las vías y rutas que la ciudadana debía seguir por pasos no habilitados”, transformando un puesto de vigilancia estatal en un punto de acceso facilitado para el tráfico de personas,. Este actuar fue calificado por los magistrados como un abuso de sus cargos como funcionarios públicos, lo que agravó la naturaleza delictiva del hecho.
La evidencia digital y los testimonios clave
El rigor de la investigación se apoyó en peritajes técnicos realizados por el OS9 de Carabineros, quienes estuvieron a cargo de las diligencias posteriores a la detención de la mujer venezolana,. Una de las pruebas fundamentales fue el análisis de los teléfonos celulares de los imputados, donde se hallaron registros de las coordinaciones en tiempo real que mantuvieron con la afectada para guiar su trayecto clandestino.
Además de la evidencia digital, el tribunal escuchó los testimonios de otros efectivos militares que tomaron contacto con la mujer luego de ser sorprendida en territorio nacional,. Estas declaraciones permitieron reconstruir la forma en que fue asistida desde el interior de la línea de mando fronteriza. El juicio contó con la participación activa del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en calidad de querellantes, quienes adhirieron a la tesis de la Fiscalía frente a la solicitud de absolución planteada por las defensas.
El cierre de una etapa procesal
A pesar de los intentos de los abogados defensores por exculpar a los militares, el tribunal acogió íntegramente la acusación fiscal, estableciendo la culpabilidad de ambos sujetos por el delito de tráfico de migrantes,. Tras conocerse el veredicto, se confirmó que ambos condenados ya no forman parte de las filas del Ejército.
La audiencia de lectura de sentencia, en la cual se darán a conocer las penas definitivas que deberán cumplir los exuniformados, ha quedado programada para el próximo 17 de agosto,. Este fallo no solo cierra un caso particular, sino que establece un estándar judicial sobre la responsabilidad de los agentes del Estado en las zonas de mayor tensión migratoria del país.
