La acción penal presentada ante la Fiscalía Nacional busca determinar la responsabilidad de los magistrados que sustentaron en casi 300 fallos la irretroactividad de la ley penal en delitos sexuales contra menores. La presentación argumenta que si el Ministerio Público investiga a las autoridades del Ejecutivo por aplicar dicha doctrina, corresponde examinar la conducta de quienes sentaron la jurisprudencia.
En una nueva derivada de la controversia por la reducción de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores, la ofensiva judicial se trasladó al máximo tribunal del país. Los abogados Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, y Maximiliano Murath, del Partido Nacional Libertario, ingresaron una denuncia penal ante la Fiscalía Nacional acusando la eventual comisión del delito de prevaricación judicial por parte de ministros de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones.
La acción legal busca establecer responsabilidades penales en los magistrados que fijaron la doctrina jurisprudencial sustentada en el principio de irretroactividad de la ley penal, criterio aplicado en cerca de 300 fallos relacionados con causas concluidas antes del año 2022. Esta jurisprudencia de los tribunales superiores fue el pilar jurídico invocado por el Ministerio de Justicia para modificar la aplicación de los beneficios penitenciarios y dictar los decretos exentos que otorgaron rebajas de pena.
Con este paso, la denuncia abre un frente penal paralelo a la indagatoria tramitada en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Cabe recordar que dicha causa, asignada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia al fiscal regional Francisco Jacir con el apoyo de la unidad anticorrupción, se originó tras la presentación realizada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario Luis Silva por presunta prevaricación administrativa.
El argumento de la denuncia
En el escrito ingresado ante el Ministerio Público, los denunciantes sostienen que corresponde investigar si las autoridades judiciales actuaron al margen de la ley al pronunciarse sobre las rebajas. El texto requiere determinar “si alguno de los integrantes que concurrió a una decisión favorable a la reducción de condena dejó conscientemente de aplicar una prohibición legal que, atendidas las circunstancias de ese expediente, era expresa, vigente y aplicable, o si resolvió dentro de una interpretación jurídicamente defendible de las garantías de legalidad e irretroactividad penal”.
Paralelamente, la presentación enfatiza que “si existe seriedad para seguir adelante una investigación penal en contra de Rabat y Silva, en base al mismo supuesto fáctico -razones de hecho-, han de existir los mismos elementos para investigar penalmente a quienes sentaron la jurisprudencia utilizada por el Ministro Rabat y el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva”.
Al fundamentar la acción, Raimundo Palamara afirmó a La Tercera que “No puede haber rigor penal para unos y un manto de impunidad para otros”. El jurista añadió que “si una misma interpretación jurídica amerita una investigación penal, no resulta admisible que su aplicación por otros órganos del Estado quede excluida de la investigación sin una justificación fundada”.
Por su parte, Maximiliano Murath manifestó que “Para nosotros el gran responsable de este sistema de liberación de pedófilos, violadores y abusadores sexuales, es la doctrina que han tenido varios ministros de la Corte Suprema en los últimos cuatro años. Creemos indispensable investigar a fondo si estos ministros de la Corte Suprema han cometido prevaricación y han actuado en contra de la ley y la Constitución”. En esa línea, el profesional aseveró que “No hubiese pasada nada de lo que hizo Rabat si estos ministros de la Corte Suprema no hubiesen instalado esta doctrina”.
Los 14 fallos en la mira y las diligencias solicitadas
La denuncia acompaña un conjunto de más de 10 resoluciones de tribunales superiores dictadas entre 2022 y 2026. Entre ellas se destacan cinco fallos del 14 de abril de 2026, en los cuales la mayoría favorable estuvo integrada por los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, junto al abogado integrante Eduardo Gandulfo.
Para avanzar en la acreditación de los hechos, los denunciantes solicitaron al Ministerio Público la recopilación de los expedientes judiciales completos, los registros de firma y votación de las salas, así como la información del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile para individualizar qué resoluciones derivaron en libertades anticipadas ordenadas por mandamiento judicial.
