La entrega voluntaria de Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, un vecino que nunca estuvo en el radar de los sospechosos de la desaparición ocurrida en 2008, reabre uno de los enigmas policiales más antiguos de la comuna de Conchalí. El Ministerio Público enfrenta la compleja tarea técnica de verificar un testimonio autoincriminatorio que asegura que los restos de la joven fueron exhumados y desechados en la basura en 2013, en medio del recuerdo de un expediente marcado por pistas falsas, desprolijidades y montajes policiales.
La sorpresiva presentación de un hombre de 42 años en las dependencias de la 5ª Comisaría de Conchalí, durante la noche del domingo 6 de septiembre de 2026, rompió el estancamiento de una de las investigaciones más complejas de la Región Metropolitana. Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, un antiguo vecino de pasaje Logroño que jamás figuró como sospechoso en la causa, se entregó voluntariamente ante Carabineros atribuyéndose la autoría de la muerte de Mariana Loreto Sepúlveda León, una joven de 19 años de quien se perdió todo rastro el viernes 29 de agosto de 2008. El vuelco obligó a la Fiscalía Centro Norte a reactivar de manera urgente el expediente, ordenando el resguardo del domicilio del imputado y delegando el desarrollo de las diligencias al Departamento OS9 de Carabineros.
El principal nudo procesal que enfrenta el fiscal Marcelo Cabrera para estructurar una eventual formalización por homicidio o femicidio radica en la acreditación material del delito. De acuerdo con el testimonio que Quiroz Carrizo prestó a la policía, él tenía 24 años al momento del suceso y mantenía una supuesta relación amorosa oculta con la joven estudiante. El día de la desaparición, Mariana habría ingresado a su domicilio en el pasaje Logroño, iniciándose una discusión que terminó con él dándole muerte y enterrando su cuerpo de manera clandestina al interior de la propiedad. Sin embargo, el imputado añadió un elemento crítico para la persecución penal: declaró que en el año 2013 desenterró los restos de la víctima y los desechó a la basura, perdiéndoles definitivamente el rastro.
Esta versión sitúa al Ministerio Público ante la exigencia de fundamentar una acusación penal de la máxima gravedad sin contar, en principio, con el cadáver de la víctima. Para subsanar este flanco, el OS9 de Carabineros realiza excavaciones y peritajes científicos de alta complejidad en el inmueble donde Quiroz continúa residiendo junto a su hermano, buscando rastrear trazas de evidencia forense o biológica residual de 2008. Según el relato del imputado, decidió presentarse ante la justicia debido a un persistente sentimiento de culpa y tras pasar las últimas semanas sumamente nervioso consumiendo reportajes de prensa sobre la desaparición de la joven.
La inesperada confesión de Quiroz Carrizo saca a la luz las profundas falencias de un expediente penal que la familia de la víctima ha denunciado de forma sistemática. Marta León, madre de la joven, había fustigado públicamente que el caso se investigó con desprolijidades estructurales desde el primer día. Durante años, las pesquisas de la policía se concentraron en un sospechoso habitual del sector que contaba con antecedentes por delitos de carácter sexual, línea investigativa que nunca arrojó pruebas concretas pero que desvió la atención de los verdaderos partícipes.
La anomalía más grave en la tramitación del caso ocurrió en octubre de 2009, 14 meses después de la desaparición de la estudiante del Colegio Pitágoras. En esa fecha, el sistema biométrico registró el bloqueo de la cédula de identidad de Mariana en un retén de Carabineros en Chañaral, en la Región de Atacama, a las 03:22 horas de la madrugada. Un suboficial de guardia de la unidad policial llegó a declarar por escrito y con detalle que la joven se había presentado en persona, gritando “aló” desde el exterior, y que la hizo ingresar a la guardia notando que se encontraba nerviosa.
Sin embargo, ese testimonio clave ,que validaba la hipótesis de un abandono voluntario y desplazó la búsqueda al norte de Chile, resultó ser falso. Según reveló la abogada de la Fundación Chile de Pie, Fabila Aliante, quien patrocina a la familia de la afectada, el uniformado se retractó posteriormente en un sumario interno, revelando que personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Conchalí lo había presionado de manera extrema y amenazado con la baja y la cárcel para mentir y firmar dicho bloqueo administrativo. Esta grave manipulación de la evidencia oficial nunca fue objeto de una persecución penal de fondo en la justicia ordinaria.
La hipótesis de que Mariana Sepúlveda jamás logró salir de su propio pasaje ya se había instalado en sede judicial en agosto de 2021, cuando el Ministerio Público y las policías coordinaron una reconstitución de escena en el pasaje Logroño. En dicha diligencia, su madre demostró de forma práctica que el tiempo transcurrido entre que cerraron el portón de la casa y la desaparición de su hija fue de escasos dos a tres minutos, un tramo físicamente imposible de caminar para salir del pasaje sin ser vista por los familiares, lo que apuntaba a una captura inmediata.
A pesar de la contundencia de la autodenuncia del vecino de 42 años, el Ministerio Público y los tribunales de garantía deberán someter las diligencias al estándar consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Esta norma consagra la presunción de inocencia de todo imputado mientras no exista una sentencia definitiva condenatoria dictada por un tribunal competente. Por ello, el éxito procesal de la causa dependerá de la capacidad de los equipos periciales para hallar pruebas científicas independientes que logren corroborar, más allá de toda duda razonable, el crudo relato que Ghislaín Quiroz Carrizo entregó en la comisaría.
