Andrés López Vergara, En Estrado.
“Después de escuchar cada una de las presentaciones (…) termino más preocupado respecto a la orientación que tiene el proyecto”. Así fue la reacción del diputado PS Marcos Ilabaca, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tras el cierre de casi tres horas de exposiciones escuchadas en torno al proyecto de ley presentado por el gobierno de Sebastián Piñera con el que busca crear un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.
“No solamente en relación con las críticas respecto al tema de personal, remuneraciones y infraestructuras, sino que además respecto al corazón del proyecto y a cómo está orientándose este giro hacia una justicia restaurativa que, al parecer, no lo logra contemplar el proyecto”, agregó.
Una de las exposiciones fue realizada por el Ministerio Público, en específico la gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Érika Maira, quien planteó ante los diputados las dudas frente a la iniciativa legislativa.
“Nos parece importante generar una institucionalidad que fortalezca el acceso a la justicia de todas las personas”, indicó Maira y posteriormente apuntó a que es necesario analizar el trayecto que vive una persona que denuncia delitos. Es decir, con qué apoyo del Estado contará tras tomar la decisión de recurrir a la justicia.
“En este sentido, creo que el proyecto de ley todavía puede fortalecerse para entregar una alternativa más fuerte para las víctimas. Me refiero, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia que piensan ‘si yo estoy vinculada con mi agresor que me provee y tenemos hijos en común, quien me asegura que yo al denunciar quedaré protegida en esas materias’”, señaló.
Maira ejemplificó que el Ministerio Público durante ese proceso puede facilitar arriendos transitorios para que las víctimas salgan del inmueble del agresor. “Cuando se agota esa prestación, quien toma el testimonio para este segundo paso, debiera ser el Serviu, pero eso no está ocurriendo. Hay que generar un sistema robusto”, planteó.
“Hubiera sido deseable que en este proyecto pudiéramos tener con mayor fuerza un gestor de casos que permita articular en el sector y que esté en este proyecto de ley directamente contemplado, por ejemplo, el trabajo con Sernameg, Serviu y Minsal, al menos. En los casos de DD.HH. vale pensa, dónde y quién hace la reparación, ese es un rol que no corresponde al Ministerio Público sobre la reparación de las consecuencias del delito, eso no está contemplado”, manifestó Maira.
No nos consultaron
“Quería hacer presente que nos parece importante visualizar lo que indicó el subsecretario sobre el acceso a la información por parte del Servicio requeriría, por ejemplo, una modificación del artículo 12 del Código Procesal Penal en relación al artículo 182, toda vez que el acceso a la información por razones muy importante es privativo de las personas que son consideradas intervinientes. Lamentablemente no fuimos consultados en el proyecto previo a la elaboración en ninguno de los sentidos de los que estamos hablando, por parte del Ministerio de Justicia”, agregó.
Presupuesto
Según un comunicado de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj) según informe de @DipresChile de 22 de junio, no existen disponibles recursos financieros para la implementación del sistema, que solo suma fondos para funcionamiento de direcciones Nacionales y regionales, fue otro de los planteamientos advertidos.
“Sin una inyección importante de recursos no sabemos cómo se va a asumir la avalancha de causas”, insistió en su intervención de casi 30 minutos Marcelo Inostroza, quien también expuso junto con representantes del Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio Público y la Defensora Nacional Penal Pública.
Otros de los puntos abordados por la FENADAJ fueron la falta de planificación, de políticas de homologación de cargos, consideración de infraestructura, profesionalización y estrategia intersectorial de tal forma de cumplir los requerimientos de la ciudadanía y del proyecto gubernamental. Para Inostroza, estos son pilares mínimos al igual que el financiamiento que obliga a entregar un mayor apoyo psicosocial propuesto por la nueva institucionalidad.
A ello se agregó la observación emitida por la Defensora Penal Pública que en su intervención planteó que “el proyecto no menciona a grupos como pueblos originarios ni migrantes”.
