En el marco de sus labores de monitoreo, el organismo elaborará una “Guía Práctica para la elaboración de planes de mitigación y/o eliminación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos en la región” con el apoyo del Gobierno de España.
Andrés López Vergara, En Estrado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaborará una “Guía Práctica para la elaboración de planes de mitigación y/o eliminación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos en la región” con el apoyo del Gobierno de España. La razón: aplicar sus labores de monitores de hechos violentos que afecten a defensores de DD.HH.
“La CIDH observa que en los últimos años se presenta un aumento en los actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, así como el deterioro de la situación general de seguridad en la que operan en diversos países de la región. Ante este contexto, es interés de la Comisión profundizar sobre las situaciones de riesgo a las que se enfrentan, las causas y orígenes de los riesgos y las acciones que los Estados están adoptando o deben adoptar para mitigarlos y/o eliminarlos”, señala el comunicado de prensa.
Agregan que la guía buscar proporcionar “una herramienta de uso práctico que permita a integrantes de la sociedad civil, en particular personas defensoras de derechos humanos y a los Estados de la región, contar con un instrumento que aborde los contenidos básicos en materia de mitigación y/o eliminación de riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, a través de esta Guía se busca analizar las buenas prácticas y experiencias para la evaluación y mitigación de riesgos, así como las acciones pendientes para garantizar plenamente el derecho a defender los derechos humanos”.
La información se recibirá hasta la medianoche del 28 de agosto de 2020 (horario de Washington, D.C.) la información solicitada al correo electrónico: cidhdefensores@oas.org. Puede ser enviada en español, inglés, francés y/o portugués. La información a ser enviada debe ser concisa, objetiva, con fuentes verificables.
El llamado
En el comunicado se indica que el organismo convoca a Estados, sociedad civil, expertos, académicos y personas u organizaciones interesadas a remitir información sobre los siguientes temas:
-Principales desafíos a ser abordados por los Estados en materia de prevención y mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos en las Américas. Asimismo, indicar las medidas que los Estados deben adoptar con miras a prevenir posibles situaciones de riesgo para personas defensoras de derechos humanos.
-Buenas prácticas que estén siendo implementadas por los Estados para mitigar riesgos enfrentados por personas defensoras de derechos humanos en un contexto histórico o estructural.
-Marcos normativos o regulaciones que contemplen medidas para garantizar el derecho a defender los derechos humanos en las Américas.
-Marcos normativos o regulaciones que considera que restringen el derecho a defender los derechos humanos en las Américas.
-Avances y desafíos en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas.
-Para los Estados que cuentan con programas nacionales de protección: a) indicar avances que los mecanismos de protección en materia de mitigación de riesgos para personas defensoras de derechos humanos; b) señalar los principales desafíos para la correcta implementación de programas nacionales de protección efectivos.
-Elementos deben de ser tomados en consideración por los Estados al momento de evaluar los niveles de riesgo a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en las Américas; señalar los desafíos identificados en la metodología empleada actualmente para la determinación de los niveles de riesgo.
-El impacto que la pandemia por el COVID19 ha tenido en el derecho a defender los derechos humanos; en particular en los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos de la región; y cómo ha repercutido en la protección de estos colectivos, incluyendo en la implementación de los mecanismos de protección.
-El impacto que las investigaciones, o la falta de investigación, de los delitos contra personas defensoras de derechos humanos ha tenido en la mitigación de los riesgos enfrentados por estos colectivos.
-Sentencias firmes de tribunales nacionales donde se haya sancionado los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en razón de su trabajo de defensa.
