La resolución de los tribunales civiles designó a un liquidador titular y ordenó la incautación de bienes para responder por obligaciones impagas que superan los 214 millones de pesos. Mientras la abogada atribuye el origen de su crisis a un fallido proyecto gastronómico golpeado por el estallido social y a restricciones impuestas a su oficio, la medida activa un complejo escenario procesal que amenaza con gatillar la vacancia de su cargo.
El Cuarto Juzgado Civil de Santiago, decretó la resolución de liquidación forzosa de la notaria pública Valeria Ronchera Flores, titular de la Décima Notaría de Santiago. La decisión judicial se dictó tras acoger la demanda presentada por el factoring Primus Capital por un pasivo impago que asciende a $214.591.409. En el marco del procedimiento concursal regido por la Ley N° 20.720, la magistratura designó a Eduardo Godoy Hales como liquidador titular, otorgándole facultades para incautar bienes, libros y documentos de la deudora, con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario.
El fallo dispuso la acumulación de los juicios pendientes contra Ronchera que comprometan su patrimonio, la inscripción de la medida en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces respectivo y la advertencia al público sobre la prohibición de efectuarle pagos o entregarle mercaderías. Los acreedores dispondrán de un plazo de 30 días tras la publicación en el Boletín Concursal para verificar sus créditos ante el tribunal, fijándose la primera junta de acreedores para el trigésimo segundo día hábil a las 09:00 horas en dependencias judiciales de calle Huérfanos.
Tras ser notificada del dictamen, la ministra de fe fijó su postura frente a los pasos inmediatos que adoptará su defensa. “me acabo de enterar hoy de esta resolución con fecha de ayer, la cual ya fue notificada. Ahora debemos esperar, pues existen plazos para interponer un recurso de reposición o para que la medida quede ejecutoriada. Lo más importante en este momento es analizar el fallo junto a mi equipo de abogados para definir los pasos a seguir. Dado que esto podría aplicar la causal de vacancia y considerando que aún hay acciones pendientes como un recurso constitucional, realizaremos una evaluación exhaustiva para determinar el curso de acción. Esa es nuestra primera impresión respecto a la resolución de liquidación”, sostuvo la profesional a La Tercera
El origen del conflicto judicial entre el factoring, representado por el abogado Cristián Gandarillas, y la notaria se remonta a dos pagarés impagos. El primero, suscrito de manera directa por Ronchera en noviembre de 2021, alcanza los $36.675.000. El segundo, otorgado en abril de 2022 por $177.916.409, proviene de una operación de la firma Inmobiliaria Roda SpA, en la cual la funcionaria judicial asumió la calidad de aval, fiadora y codeudora solidaria. Tras acciones ejecutivas previas tramitadas en el 25° Juzgado Civil de Santiago sin hallar bienes suficientes para embargar, la empresa exigió la liquidación forzosa invocando el artículo 117 de la Ley de Insolvencia.
En las alegaciones del proceso, la defensa de la notaria, encabezada por el abogado José Garrao, sostuvo que el descalabro financiero se gestó a finales de 2019, cuando Ronchera invirtió en una cafetería en calle Agustinas, en las cercanías de su propio oficio. El local inició sus actividades el 21 de octubre de 2019, apenas tres días después de las manifestaciones masivas registradas en el centro de Santiago. Al respecto, el jurista argumentó ante el tribunal que «el estallido social constituye el primer hecho sobreviviente que alteró la base económica del proyecto», escenario que luego se profundizó con los cierres e impactos derivados de la pandemia de Covid-19.
A esos factores externos se añadió una controversia del ámbito notarial. En septiembre de 2020, una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago le ordenó «abstenerse de utilizar el sistema computacional implementado en su oficio para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza». Según la defensa, esa decisión provocó un impacto negativo directo, pues «La decisión tuvo el efecto material directo de impedir a mi representada continuar prestando atención remota a usuarios en el contexto de las restricciones entonces vigentes, agravando significativamente la caída de ingresos profesionales». Pese a pagar más de $20 millones por concepto de intereses y cerrar de forma definitiva el local comercial, la espiral de deudas resultó insostenible.
En paralelo a la causa concursal, Ronchera ha cuestionado la validez de los títulos ejecutivos invocados por el acreedor. «Soy una deudora que siempre he enfrentado todo y he tratado de cumplir mis obligaciones», manifestó, añadiendo que «Tomé la decisión de ir a los tribunales y demostrar que soy víctima de esto. A la empresa que me está ejecutando le sirven antecedentes que son falsos para ejercer acciones criminales y esos mismos documentos le sirven para ejercer las acciones civiles de cobro. Un título o es falso o es verdadero. Y en eso estoy demandando civilmente». En sus presentaciones, la representación de la ministra de fe ha sostenido la existencia de documentos «ideológicamente falsos» y acusado que «mi representada se desangró pagando intereses sobre intereses exorbitantes».
Por el momento, la Décima Notaría de Santiago permanece bajo la administración del notario suplente Cristián Ortiz debido al permiso administrativo de la titular, cuyo futuro en el escalafón judicial dependerá del desenlace de las impugnaciones y de la eventual declaración de vacancia legal de su cargo.
