Créditos Imagen : Jaime Arellano, director ejecutivo de Ceja.
Jaime Arellano. Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
El pasado 1 de marzo el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, rindió la cuenta anual del Poder Judicial e inauguró el nuevo año de la judicatura. Sin duda, este será un periodo en que la vida pública chilena —y también la Justicia— girará en torno al proceso constituyente. El próximo 11 de abril se elegirá a 155 personas que, conformando una convención, tendrán a su cargo elaborar y proponer a la ciudadanía una Nueva Carta Magna para Chile.
La nueva Constitución debiera erigirse en “la casa de todos y todas”, como la llama el profesor Patricio Zapata. Esto requiere una construcción de principios, normativa e institucionalidad, bajo cuyo techo quepamos todas y todos, y cuyos cimientos sean los acuerdos alcanzados en torno a un marco político-jurídico inclusivo para el avance hacia un “futuro compartido”.
Una nueva Constitución debiera catalizar las demandas por mayor inclusión, justicia e igualdad —expresadas en las movilizaciones sociales que gatillaron el debate y aprobación del proceso constituyente—, y ello probablemente se exprese en el reconocimiento de nuevos derechos sustantivos en la Carta Fundamental.
Ahora bien, el funcionamiento práctico de las nuevas constituciones latinoamericanas nos muestra la ineficacia de textos de avanzada —con generosas declaraciones de derechos— que, sin embargo, no modifican la forma de organización del poder. Como advierte el profesor Roberto Gargarella, se debe prestar especial atención al funcionamiento de la “sala de máquinas” de nuestras constituciones. Aquí aparece la importancia de las transformaciones al sistema político y otras instituciones del Estado, debate en que cobran especial relevancia las discusiones respecto de la organización y funcionamiento de la administración de Justicia, uno de los pilares de la democracia.
La excesiva jerarquización del Poder Judicial chileno ha sido identificada en múltiples estudios, incluso por la propia Asociación Nacional de Magistrados, como fuente de limitaciones a la independencia interna de jueces y juezas. A ello, se suma la localización de otras múltiples funciones administrativas en los tribunales superiores, lo que tiende a desdibujar las características de las personas buscadas para servir como magistrados y magistradas de los tribunales superiores, y a distraerles de su labor fundamental: resolver conflictos con conocimiento directo y prontitud.
En el debate constituyente será prioritario entonces resolver si se mantiene —en palabras del profesor Eduardo Aldunate—, un Poder Judicial con su “modelo monárquico de administración de justicia”; o bien, se avanza hacia un modelo horizontal y desconcentrado, en donde las funciones administrativas y del gobierno judicial le sean encomendadas a uno o más órganos externos y distintos de las actuales Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, a la vez que se construya un mecanismo de uniformidad de la interpretación del Derecho que aporte a la previsibilidad de las decisiones judiciales.
En un contexto en el que la ciudadanía demanda mayores niveles de participación y a su vez se requiere mayor cercanía a las instituciones del Estado, es muy necesario debatir la posibilidad de instaurar en Chile un sistema de jurado para el juzgamiento de los delitos de mayor gravedad, y la participación de la ciudadanía en la resolución de conflictos civiles a través de Tribunales Vecinales o Centros de Justicia Ciudadanos. Sobre esto último existen numerosas experiencias internacionales al respecto, como las Cortes Comunitarias, las Casas de Justicia o los Tribunales Comunitarios.
Desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional que promueve la transformación de los sistemas de justicia en los países miembros de la región, estaremos incentivando y apoyando técnicamente las discusiones que se darán en la Convención Constituyente, con la finalidad de que la Nueva Constitución de Chile siente las bases de una Nueva Justicia, verdaderamente republicana y más efectiva, alejada de los diseños y frenos coloniales, y que garantice adecuados niveles de legitimidad y participación ciudadana. Los juicios por jurado son un ejemplo de ello y una importante oportunidad.
