La dinámica que ha tomado el fenómeno delictivo en nuestro país, con la aparición de nuevas formas de delitos, el creciente aumento de la gravedad de estos, generan, con razón, mucha preocupación en la ciudadanía. Lo que viene sucediendo en otros países (Ecuador) levantan, aún más, las alarmas, e invitan a seguir el camino de otros (El Salvador) en el combate a la delincuencia, con lo que apareja esta postura en el plano del Derecho (penal y procesal penal) y la densidad de la democracia.
Estamos convencidos (junto a Nino) que existe una relación entre un sistema democrático de gobierno y el contenido del derecho penal. Como también es incuestionable que el Derecho penal de los Estados no democráticos se distancia de manera muy importante de las reglas que regulan el castigo en los Estados democráticos.
En el momento actual, pareciera que la respuesta intuitiva de no pocos es volver a las penas draconianas y degradantes, junto con una reconfiguración inquisitorial del modelo procesal penal, “plagado” de garantías para los delincuentes, como se suele escuchar y repetir.
Acá pareciera necesario detenerse.
La justificación del castigo requiere que la ley que lo prescribe sea justa, con todos los matices y dudas que esta afirmación pueda implicar. Con todo, deteniéndonos en el esquema o proceso de la democracia, dicho valor no es menor, sobre todo si se le compara con otros métodos de decisión (como en las dictaduras o autocracias). Coincidiremos que, al menos, existe una presunción de justicia en su favor, y que los actos castigados que se pretende prevenir son equivocados y que la pena implica daños sociales menores que los implícitos en dichos actos (Nino).
Del otro lado, aparece con fuerza la tentación de ir desmantelando el sistema adversarial que nos dimos el año 2000, para tender a la reconfiguración inquisitorial del mismo (Binder). Y en este escenario se genera un estado de tensión entre eficiencia (de la persecución penal) y el sistema de garantías, entendidas como herramientas de protección del ciudadano (imputado por un delito) contra el poder punitivo del Estado. El peligro está en ceder y revisar a la baja las garantías.
Por lo tanto, antes de empezar a desmantelar (la democracia o el sistema procesal penal), revisemos con racionalidad, datos y toda la información disponible, las mejores estrategias para hacer frente a este fenómeno delictivo, desde la superación de aparentes antinomias que solo sirven para la entrada de mensajes superficiales, pero “populares” e instrumentales electoralmente.
Diego Palomo
U. de Talca
