El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux, remitió este miércoles el informe solicitado por la Corte de Apelaciones en el marco del recurso de amparo interpuesto por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León. En el documento de tres páginas, que fue citado en parte por Meganoticias, el magistrado defendió la legalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, asegurando que esta fue decretada “con estricto apego al artículo 140 del Código Procesal Penal”.
Respecto de las alegaciones del abogado Cristóbal Bonacic, quien acusó al tribunal de fundar la cautelar en delitos no incluidos en el desafuero, Urrutia respondió que durante la audiencia “se bastanteó aquello por lo que fue formalizado” el imputado. El magistrado enfatizó que el análisis respecto de Lavín se limitó estrictamente a los hechos objeto de la querella de capítulos, mientras que el examen del resto de los delitos correspondía a los otros imputados en la causa.
Uno de los puntos más directos del escrito apunta a la estrategia de la defensa, señalando que “el amparado yerra en sus consideraciones, quizás por lo complejo del caso”. Según el juez, existiría una confusión por parte de los recurrentes entre lo resuelto específicamente respecto al exparlamentario y el contexto general de la imputación levantada por el Ministerio Público. Asimismo, el magistrado subrayó que la defensa tuvo todas las oportunidades para alegar sus pretensiones “sin límite de tiempo por parte del tribunal”.
Urrutia justificó la necesidad de la prisión preventiva argumentando que “los hechos eran de una gravedad tal que la única posible medida cautelar era la prisión preventiva excluyendo, por tanto, cualquier otra del catálogo disponible”. Con el informe ya evacuado, corresponde ahora a la Corte de Apelaciones de Santiago revisar los antecedentes y resolver si la privación de libertad del exlegislador se ajusta a derecho, decisión que aún se encuentra pendiente por parte del tribunal de alzada.
Joaquín Lavín León permanece recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias.
