El Comité de Jueces Civiles de Santiago ofició a la Corte Suprema denunciando un “uso abusivo” de las herramientas tecnológicas por parte de un abogado que saturó el sistema. La avalancha de presentaciones automatizadas, que buscaban tramitar renuncias masivas de patrocinio, colapsó la capacidad técnica y humana de los tribunales, abriendo un debate urgente sobre la regulación de robots en la Oficina Judicial Virtual.
Lo que parecía una promesa de eficiencia tecnológica terminó transformándose en una pesadilla logística para la justicia civil chilena. Un oficio enviado a la presidencia de la Corte Suprema encendió las alarmas tras detectarse que un solo abogado logró saturar el sistema informático con una cifra inédita: 38.477 escritos ingresados en apenas dos días.
La situación, calificada por los magistrados como una contingencia sin precedentes, fue protagonizada por el abogado Paul Andrés Chateau Undurraga, quien desde el sábado 25 de julio inició un proceso de carga masiva de documentos a través de un “agente externo” o robot de Inteligencia Artificial (IA). El fenómeno no fue menor: hasta la mañana del lunes, el profesional acumulaba presentaciones que equivalían a entre 500 y 900 escritos por cada tribunal del país, principalmente correspondientes a trámites de “desarchivo” y “renuncia de patrocinio y poder”, según consignó Radio Biobio
El colapso del factor humano
El problema para el Poder Judicial no fue solo la capacidad de sus servidores, sino la imposibilidad material de procesar tal volumen de información. El documento, firmado por la jueza Rocío Pérez Gamboa en representación del Comité de Jueces Civiles de Santiago, es taxativo respecto al impacto en la operación diaria: “No contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”, advirtieron los magistrados.
En el escrito se detalla que esta práctica constituye un “uso abusivo de las herramientas tecnológicas” que podría configurar un caso de “abuso procesal”, además de vulnerar las condiciones de uso de la Oficina Judicial Virtual. Según explicaron los jueces, la avalancha de documentos “además de aumentar considerablemente nuestra carga de trabajo, influye en el clima de cada tribunal”.
El origen de la saturación: Renuncias masivas
De acuerdo con las indagaciones del Call Center de la plataforma judicial, el propio Chateau habría explicado que la masividad de su actuar se debió a que dejó de prestar servicios para grandes clientes corporativos como Santander, Caja Los Andes, CAT Cencosud y Parques Cementerio. Para evitar el tedioso ingreso manual de miles de renuncias a patrocinios, el profesional optó por automatizar la tarea mediante la IA, evitando el ingreso uno a uno.
Sin embargo, para los jueces civiles, la justificación profesional no aminora la gravedad del entorpecimiento del servicio de justicia. Por ello, han solicitado a la máxima instancia judicial adoptar medidas drásticas para evitar que este “efecto robot” se repita.
Ofensiva contra la IA “sin reglas”
La respuesta que propone el comité es un portazo a la automatización sin control. Solicitaron a la Corte Suprema “prohibir el uso de inteligencia artificial para el ingreso de escritos mientras no exista una política institucional que regule su utilización”.
Además de pedir que se mantenga restringido el acceso del abogado a la plataforma y que se emita un informe para evaluar eventuales responsabilidades disciplinarias e incluso penales, los magistrados sugirieron blindar el sistema con barreras tecnológicas. Entre las propuestas destaca la implementación de sistemas CAPTCHA para impedir que ingresos masivos automatizados vuelvan a paralizar la tramitación civil en Chile.
Este incidente ocurre apenas días después de que el Colegio de Abogados fijara reglas para el uso responsable de la IA, tras detectarse casos de citas de jurisprudencia falsas, lo que confirma que la relación entre el algoritmo y el estrado atraviesa su momento más crítico. Por ahora, la dirección IP del abogado responsable permanece bloqueada mientras la Suprema analiza el fondo de una petición que podría cambiar para siempre las reglas de la tramitación digital en el país.
