Investigación de muertes por Covid-19: jueza cierra la puerta a solicitud de abogados del Presidente Piñera para acceder a fichas clínicas de cinco fallecidos en el Hospital San José y la Clínica Dávila que serán enviadas a la fiscalía

Andrés López Vergara, En Estrado.

“Samuel Donoso Boassi y Bárbara Yévenes Tapia, abogados, en representación de S.E. el Presidente de la República, don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique (…) Es así, que esta defensa solicita que tanto las Fichas Clínicas completas como los antecedentes médicos, también le sean remitidos por las instituciones de Salud antes señaladas, por encontrarse dentro del supuesto de la norma antes citada, y a efectos de tener conocimiento al mismo tiempo que el Ministerio Público de los antecedentes Clínicos de las personas indicadas”.

Esta fue la petición que realizó la defensa del Presidente Sebastián Piñera ante el Séptimo Juzgado de Garantía a raíz de la petición que realizó la Fiscalía Centro Norte para acceder a las fichas clínicas de cinco personas fallecidas, en el marco de la investigación de muertes por Covid-19, cuyos casos estaban contenidos en una ampliación de querella presentada en el caso.

El Ministerio Público en su solicitud pidió acceder a esos antecedentes porque “la ampliación de la querella tiene como fin el agregar a la investigación el fallecimiento de nuevas víctimas, cuyos fallecimientos a juicio de la querellante, corresponden a personas a las cuales no se habría realizado un seguimiento, atención, ni acceso a residencias sanitarias por parte de la autoridad sanitaria central. No se habría prestado la atención debida a los vecinos de dicha comuna, quienes no contaron con la hospitalización, cuidados o seguimientos requeridos, no siendo trasladados a residencias sanitarias u hospitales que les entregaran los tratamientos para salvarles la vida”.

Agregan que “a juicio de la querellante, se les habría impedido a las autoridades locales poder seguir, trazar y cuidar a las personas contagiadas de manera adecuada. Toda vez que la propagación del Coronavirus (COVID-19) se habría amplificado de gran forma producto del actuar negligente y grave de los querellados, generando un gran contagio de vecinos de la comuna de Conchalí. Lo anterior habría ocurrido por un ocultamiento deliberado de información y entrega de datos técnicos distintos a la realidad, además de la negación sistemática de información a las autoridades locales. En este caso específico, se habría ignorado reiteradamente a la I. Municipalidad de Conchalí, produciendo la muerte de las personas (individualizadas)”.

Los documentos están en manos del Hospital San José y la Clínica Santa María: “Por guardar estrecha vinculación con los hechos investigados se autoriza al Ministerio Público requerir la ficha clínica completa. Antecedentes respecto de heridas o patologías que hubiesen sido tratadas en dicho recinto, diagnósticos, médicos tratantes, exámenes de diversas índoles que le hubieran sido practicados, apercibiéndose acerca de eventuales comisiones de delitos de obstrucción a la justicia y desacato, en caso de renuencia a entregar la información solicitada”, señala la resolución del juez Eric Bratti.

La petición la defensa del Presidente

En su escrito, el abogado del Presidente funda su petición en base que lo requerido por el Ministerio Público se funda en La Ley 20.584 que se refiere a los Derechos y Deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, que entró en vigencia el 01 de octubre de 2012.

En específico el artículo 13 letra D que indica que las fichas clínicas pueden ser enviadas al Ministerio Público y a los abogados, previa resolución judicial, cuando la información se vincule con investigaciones o defensas que tengan a su cargo.

“Sobre esta disposición, el Ministerio Público ya dio cuenta de la necesaria vinculación de los antecedentes requeridos con la investigación que dirige; así como consta en la historia judicial de la presente causa, que estos abogados tienen la calidad de abogados defensores”, indica el escrito de la defensa de Sebastián Piñera.

Ante esto, la magistrada Tatiana Escobar fue clara: “A todo: No ha lugar por improcedente, sin perjuicio de las gestiones que pueda hacer la defensa ante el Ministerio Público”.