Una investigación periodística reveló que diversos condenados por delitos sexuales contra menores beneficiados con reducciones administrativas de pena registraban diagnósticos de alto riesgo delictivo, negación de los hechos y falta de empatía. Frente a los antecedentes, el ministro Fernando Rabat argumentó que la repartición se limita a verificar requisitos formales, mientras que la ponderación técnica de los perfiles corresponde por ley a comisiones especialistas.
La polémica en torno a las 56 reducciones de pena concedidas mediante decretos exentos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sumó un nuevo capítulo en el ámbito penitenciario e institucional. Una investigación periodística dada a conocer por Radio Bío Bío, tras acceder a expedientes judiciales, decretos y peritajes internos de Gendarmería de Chile, identificó a 33 de los favorecidos con la rebaja de sus condenas, advirtiendo que parte de los internos presentaba evaluaciones cualitativas que indicaban un alto riesgo de reincidencia en ilícitos sexuales.
De acuerdo con los antecedentes revelados por el medio de comunicación, las evaluaciones psicológicas y sociales elaboradas por profesionales de la institución penitenciaria constataron en varios de los casos patrones caracterizados por el escaso control de impulsos, tendencias a la manipulación, justificación del actuar delictivo e incluso la imputación de responsabilidad a las propias víctimas. Pese a dichos diagnósticos desfavorables consignados en los informes técnicos, la totalidad de los 56 condenados por abusos y violaciones obtuvo la reducción de sus castigos y se encuentra actualmente en libertad, en un marco legal que no impone a la autoridad la obligación de notificar previamente a las víctimas o a sus familias sobre la concreción del beneficio administrativo.
La respuesta de Rabat: “Ese riesgo siempre ha estado latente”
Ante la divulgación de los antecedentes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ofreció una declaración pública desde las dependencias de la cartera para abordar el alcance de los informes penitenciarios. En su comparecencia, el secretario de Estado sostuvo que el margen de peligrosidad en la población penal es una variable contemplada en el diseño normativo vigente desde hace más de dos décadas.
En sus descargos, la autoridad enfatizó que “En todo este sistema, que como ustedes ya saben, data desde el año 2003, es decir tiene más de 20 años de duración, ese riesgo siempre ha estado latente y es por eso que se establece una comisión, especialista con psicólogo y asistentes sociales para que analicen esa situación”.
En esa misma línea, Rabat desestimó que el Ministerio de Justicia posea atribuciones legales para revisar el perfil de idoneidad o la peligrosidad de los postulantes al momento de tramitar las resoluciones. “Hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condenas, en el cual no es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud. Para eso hay un consejo integrado por ministros de Cortes de Apelaciones, por jueces y también por psicólogos y asistentes sociales, quienes son precisamente los llamados por la ley a analizar estas situaciones”, explicó el ministro.
El rol del ministerio y las modificaciones en trámite
Al profundizar en la delimitación de funciones entre los órganos del Estado, el titular de Justicia remarcó que el actuar de la secretaría ministerial es de carácter reglamentario. “El rol que le corresponde al Ministerio de Justicia luego es únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades. Por lo tanto, no hay una ponderación de la situación de cada uno de esos internos”, puntualizó Rabat, agregando que “Es importante cuáles son las competencias de los funcionarios públicos. El ministro de Justicia no tiene competencias para ponderar esos antecedentes, puesto que para eso hay una comisión especialista”.
No obstante la defensa del procedimiento aplicado, la autoridad adelantó que el Ejecutivo impulsará reformas legales para cambiar el peso probatorio de los informes emitidos por el personal penitenciario al momento de evaluar los beneficios. “Lo que pedimos o establecemos a través de esa norma es que el informe de Gendarmería sea un antecedente calificado al momento de que la comisión adopte la decisión respectiva”, anunció el secretario de Estado.
En relación con el impacto social de las excarcelaciones, Rabat informó que la repartición se encuentra coordinando medidas de acompañamiento y atención con la Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social y los programas de asistencia a víctimas. Asimismo, al ser consultado sobre las presiones parlamentarias que exigen su renuncia, el ministro descartó dar un paso al costado y se remitió al respaldo expresado por el Presidente José Antonio Kast: “Yo creo que la respuesta se la dio ayer el Presidente de la República, habiendo ratificado a este ministro de Justicia.”
