En Estrado.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) —ente internacional perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA)— dio a conocer los resultados de una investigación liderada por la institución, con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington D.C. (DPLf, por sus siglas en inglés), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la Defensoría Jurídica de dicha universidad, que evaluó el comportamiento del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social del 18 de octubre de 2019.
El reporte —que fue presentado de manera telemática por Jaime Arellano, Director Ejecutivo de CEJA; Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso; Felipe Abbott, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; y Marco Fandiño, Director de Estudios de CEJA— acusa el incumplimiento de estándares internacionales en materia de persecución penal y recomendará la creación de un grupo independiente de expertos que acompañen las investigaciones actualmente en curso.
El trabajo de investigación, que se prolongó durante seis meses, contó con la realización de estudios de caso en causas emblemáticas; solicitudes de información estadística a las instituciones del sistema de justicia; realización de entrevistas a operadores del sistema judicial y de la sociedad civil, así como entrevistas y talleres de validación con expertos en la materia.
Hallazgos
Con carácter general el estudio advirtió un incumplimiento generalizado de los principios de oficiosidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos.
“Uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8% del total de denuncias registradas por la Fiscalía). Se han identificado demoras en la entrega de información solicitada por la Fiscalía, obstrucciones a las investigaciones, uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos, algo que atenta contra la efectividad de las investigaciones que dirige el Ministerio Público”, señala el comunicado.
Agregan que “una parte importante de las falencias detectadas en la investigación de las violaciones graves de derechos humanos están relacionadas con problemas en el diseño normativo e institucional del Ministerio Público de Chile, que a diferencia de la mayoría de los países de América Latina no cuenta con una fiscalía especializada para la investigación de violaciones graves de derechos humanos. Además, no hay evidencia de que la política de persecución penal del Ministerio Público se haya focalizado en las violaciones de derechos humanos, ya que no ha existido una asignación considerable de recursos para estos casos y no se han establecido indicadores de gestión en esa dirección. Sin perjuicio de lo anterior, se valora positivamente la apertura y la interlocución sostenidas entre Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional con las organizaciones sociales”.
“Esperamos que este estudio ayude a mejorar la capacidad del sistema de justicia penal para investigar y perseguir las violaciones de derechos humanos de modo exitoso, a fin de impedir la impunidad de los hechos sancionables y enviar una señal clara del destierro de estas prácticas en un Estado democrático de derecho”, señaló Jaime Arellano, director ejecutivo de CEJA.
En tanto, Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLf (Due Process of Law Foundation), indicó que “recomendamos que el Estado chileno solicite la asesoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para fortalecer los esfuerzos de investigación y persecución de las violaciones a derechos humanos y acompañar, desde una perspectiva de derechos humanos, la reforma a Carabineros de Chile y la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos”.
Recomendaciones
-La creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acompañe la investigación y persecución penal que desarrollan las instituciones nacionales en las violaciones de derechos humanos.
-Crear una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos con competencia en todo el territorio nacional para investigar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos. Esto se debería realizar en el contexto de una reestructuración más amplia del Ministerio Público.
-Acelerar el proceso de reforma o refundación de Carabineros de Chile y generar una intervención civil urgente de la institución para respetar la garantía de no repetición de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
-Que la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal preste especial consideración a la agilización de las investigaciones y a la obstrucción de las investigaciones por parte de Carabineros de Chile, con el objetivo de evitar la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos.
-Implementar un Programa de Reparación Integral que atienda a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en democracia, con carácter urgente y que permita garantizar su derecho a una reparación integral y efectiva.
Evaluación del sistema de justicia - CL
