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Andrés López Vergara, En Estrado.
“Se recomienda al Poder Ejecutivo que la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas sea parte de una política pública integral en materia de desapariciones. Esta política pública debe construirse con base en las obligaciones del Estado de buscar, localizar, liberar, identificar y restituir los restos de todas las personas sometidas a desaparición. Los objetivos de esta política integral, además de la búsqueda, deben ser la prevención de desapariciones forzadas, el justo castigo de los perpetradores y la adopción de medidas de protección de las víctimas, entre otras medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer desapariciones forzadas”.
Esa es una de las recomendaciones que contiene el informe anual 2020 del Instituto Nacional de DD.HH. (INDH) publicado hoy. Si bien, el documento está enfocado mayormente al impacto del Covid-19 y las políticas públicas en los derechos de las personas, en su segunda parte aborda la situación de los delitos de lesa humanidad.
“Como se mencionó, la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada ha sido fundamentalmente a través de procesos judiciales, lentos, incompletos, desarticulados, con efectos devastadores en sus familiares y no exento de errores en la identificación de restos y en el examen de los sitios ubicados. La vía administrativa no ha sido practicada como política sistemática del Estado a través de un plan y recursos apropiados. Tampoco se han creado, por parte del Estado, los canales de coordinación entre las instituciones públicas pertinentes, la sociedad civil y los familiares de las víctimas, lo que no permite avanzar con la rapidez que la situación requiere, por lo que se hace evidente la necesidad de actuar con otra forma institucional que aumente la eficiencia y eficacia de la búsqueda”, concluyen.
Agregan que “se considera importante un listado oficial coordinado de todas las instituciones sobre las personas detenidas desaparecidas, con datos desagregados. Es central saber quiénes son las personas detenidas desaparecidas, a quiénes se está buscando y a quiénes se les ha encontrado –o a qué identidad pertenecen los restos– es decir, cuál es la dimensión de la tarea hecha y lo que resta por hacer. Sin embargo, esta acción debe quedar enmarcada como el primer paso de un conjunto de otras labores que contemple un plan de búsqueda integral. Se estima que la decisión de no crear una Comisión Permanente de Calificación o una institucionalidad estatal permanente, en lo particular para las desapariciones forzadas, limita las posibilidades de abrir nuevas fuentes de información para la búsqueda, a la vez que perpetuará la injusticia hacia las víctimas NN que fueron halladas e identificadas por el SML con posterioridad al cese de las distintas comisiones de verdad que operaron en el país”.
