Decisión deberá ser notificada al Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
Andrés López Vergara, En Estrado.
“Aprobar la proposición de transacción en la causa Rol N° 18.769-18 del Primer Juzgado Civil de Santiago, sobre indemnización de perjuicios por actos del Ministerio Público, de una cuantía de $410.000.000, en el sentido que se pagará a los actores la suma única y total de $70.000.000, soportando cada parte sus costas. Por estimar que se trata de una cifra razonable en atención a los perjuicios expuestos en la demanda. Remitir oficio al Sr. Fiscal Nacional del Ministerio Público poniendo en su conocimiento el acuerdo transaccional adoptado en la causa que antecede, con una relación detallada de los hechos materia de la misma”.
Esa fue la resolución adoptada por el comité de consejeros del Consejo de Defensa del Estado el pasado 14 de julio sobre el caso de un profesor de música que fue acusado erróneamente por presunto abuso de menores y estuvo 17 meses en prisión preventiva. Al determinarse el actuar negligente del Ministerio Público en el caso por parte de la magistrada del 1 Juzgado Civil, se ordenó una indemnización de $80 millones. Sin embargo, tanto el CDE como el abogado demandante, Nelson Caucoto, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago y los alegatos se realizaron la primera semana de julio. El caso puede continuar, debido a que la parte demandante puede no aceptar la propuesta del Consejo de Defensa del Estado.
A pesar de las falencias en la investigación, indicaba el fallo, la fiscalía decidió llevarlo a juicio oral. Fue absuelto en 2014, resolución que también alertaba sobre que faltó indagar antecedentes respecto de otras líneas investigativas.
“Conforme todo lo que se viene expresando en autos hay antecedentes que permitan calificar de arbitraria e injustificadamente errónea la actuación del Ministerio Público en la causa, puesto que hubo serias omisiones en la investigación, falencias y demoras que no se condicen con un órgano persecutor objetivo, diligente y profesional, siendo el resultado una investigación con falta de acuciosidad, además, no se puede obviar el hecho que existía en la investigación otros antecedentes que beneficiaban al imputado, pero a los cuales el fiscal a cargo no dio la necesaria importancia como eran incluso las declaraciones de profesoras ante el fiscal de que la menor tenía lesiones con fecha previa a la acusación”, señala un extracto de la resolución de primera instancia que fue publicado en un artículo en La Tercera en febrero.
