Soledad Alonso Baeza. Abogada de la Universidad Diego Portales. Actualmente colabora en el estudio de Lillo, Orrego, Torre & Cía. Abogados y en Acevedo, Allende & Mujica Abogados. Asesora en implementación de programas de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.
Hemos sido testigos recientemente de una alianza tácita e impensable hace unos años atrás -en relación con los retiros de los fondos previsionales– protagonizados por representantes antagónicos política e ideológicamente que, sin embargo, confluyen en la práctica hacia una misma finalidad.
Así, parlamentarios de la UDI y del Partido Humanista anunciaron proyectos de reforma constitucional de similares características que permita a las personas un rescate del 100% de sus fondos de pensiones. Los objetivos que subyacen en cada una de estas propuestas son disímiles. Detrás del primero se encuentra el miedo a la expropiación o estatización de lo que queda de dichos fondos ante un eventual triunfo en las urnas de un gobierno de izquierda y, tras el segundo, el de aniquilar el sistema previsional.
Para los expertos, ambas propuestas carecen de análisis respecto a las consecuencias que podrían tener para los futuros jubilados, ante lo cual plantean que la modificación al sistema de pensiones es la clave, y no el retiro del 100% de los ahorros.
Algunos analistas piensan que esta sería una oportunidad para tomarse en serio la crisis socio política, canalizarla y discutir seriamente y con participación de toda la sociedad civil para encontrar una solución o bien, puede ser el momento de farrearse todo y destruir las oportunidades futuras de la población en materia de pensiones, ya que cualquier reforma al sistema, es complejo, requiere de financiamiento y es caro de implementar.
La pregunta sería si el Congreso tiene la capacidad para discutir los temas urgentes sin entrar en un posible conflicto de poderes con la Convención Constitucional, ya que habría constituyentes electos que han pedido que el Parlamento se abstenga de legislar porque todo quedaría supeditado a lo que se decidirá en la Convención.
Jurídicamente lo anterior no es viable puesto que según el artículo 135 de la Constitución Política actualmente vigente, la Convención no puede intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas y mientras no entre en vigor la nueva Carta Fundamental, la Constitución seguirá plenamente vigente, sin que la Convención pueda negarle autoridad o modificarla.
Pero además, no parece razonable subordinar todas las discusiones a lo que se resolverá en la Convención Constitucional, por el contrario, sería grave paralizar la legislatura y entregársela a los constituyentes, puesto que, en el caso de la postergada reforma previsional esta tardaría varios años más, con los efectos negativos para aquellos que están próximos a jubilar, quienes continuarían con pensiones bajas que no les permitirán vivir dignamente su vejez, agravándose la crisis de desigualdad y brechas que reclama la ciudadanía y que supuestamente explotó el 18/O.
Nos encontramos ante la incertidumbre que acarrean todos los procesos constituyentes en los que se tensiona al máximo las distintas visiones de la sociedad en un momento determinado. La centroderecha no alcanzó su objetivo de manejar un tercio de la Convención Constitucional, el que fue superado por las listas que encarnan propuestas más radicales de transformación del modelo. La mayoría impulsa políticas para poner fin al rol subsidiario del Estado, superar la economía extractivista, instaurar la plurinacionalidad, profundizar derechos laborales y cambiar el sistema previsional, entre otras.
Es natural que el panorama descrito provoque la resistencia de las élites – los poderes políticos y fácticos – están por la lógica del mantenimiento del statu quo[1], pues no están interesados en un proceso de cambios que podría alterar la posición de dominio de la que han gozado hasta ahora.
El ejemplo de los proyectos de retiro de los fondos previsionales y la postergada reforma a las pensiones es uno de los tantos que demuestra la falta de voluntad hasta ahora de la clase política de solucionar los problemas urgentes de nuestra sociedad. A esto se suman las elecciones presidenciales próximas en noviembre, lo que ha exacerbado las discusiones menores y el cálculo político mezquino tanto del lado del gobierno como de la oposición.
No es de extrañar entonces que, dentro del clima de constante polarización, las expectativas se concentren en los constituyentes electos quienes ya tuvieron – casi en su mayoría – su primer encuentro virtual donde les fue entregado un insumo valioso resultado de la investigación denominada “Tenemos que hablar de Chile” organizada por la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, donde casi 9.000 participantes de todos los rincones del país dieron a conocer sus expectativas acerca del país que esperan para el futuro.
En medio de la incertidumbre producto del estallido social, luego de la pandemia y de la incapacidad de conducción de todos los sectores políticos, se vislumbra un rayo de esperanza para que prime la prudencia y la cordura de todos para culminar el proceso constituyente con éxito, pues no hay que olvidar que una vez concluida la labor de la Convención y sea sometida a la aprobación de la ciudadanía por medio del plebiscito ratificatorio, el gobierno que resulte electo tendrá un tremendo desafío político por delante que es poner en acción la nueva Carta Fundamental generada democráticamente en una asamblea, donde ningún sector tiene el poder de bloquear al otro.
Ahora más que nunca se requiere de acuerdos transversales que le otorguen legitimidad al trabajo de los constituyentes, proyectar el pacto político subyacente al contenido de la nueva Constitución más allá de la Convención, es decir, al quehacer político de los próximos años. Ningún gobierno podrá realizar solo esta tarea que, por su envergadura, requiere de un esfuerzo colectivo.
No perdamos la oportunidad de construir una sociedad donde todos y cada uno de nosotros pueda hacer realidad el proyecto de vida que se ha trazado.
[1] Entrevista a Roberto Viciano, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, El Mostrador, 25 de abril de 2021.
