Luis Manuel Marcano Salazar. Doctorando en Derecho y académico Universidad Central. Ex Juez del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa una democracia sana y funcional. Un sistema de justicia que opera de manera autónoma, sin injerencias externas o internas (del propio Estado), garantiza que los ciudadanos puedan confiar en que las decisiones de los jueces estarán basadas únicamente en la ley y la equidad, sin estar sujetas a presiones políticas o económicas. Sin embargo, cuando el poder judicial se convierte en un instrumento de intereses externos o de fuerzas ajenas a la administración de justicia, se abre la puerta a la corrupción, y con ello, se debilitan las bases éticas de la democracia.
Cuando el poder judicial se hace dependiente a factores externos, se pierde credibilidad en las instituciones, posibilita el desmontaje de la seguridad jurídica y abre las puertas a la opresión. Por otra parte, si las decisiones judiciales responden a las órdenes de otros poderes del Estado, partidos políticos, o actores económicos, se crea un ambiente donde los ciudadanos ya no ven al sistema judicial como garante de sus derechos, sino como una herramienta de coerción o persecución. Esto es lo que ha ocurrido en Venezuela, donde el control del poder judicial por parte del ejecutivo ha permitido la violación sistemática de Derechos Humanos y la consolidación de un sistema autoritario. Casos similares pueden observarse en otros países de la región, donde la manipulación del poder judicial ha sido clave para mantener a gobiernos antidemocráticos en el poder. En pocas palabras: cuando los demócratas se corrompen y destruyen su independencia judicial, los enemigos de la libertad, están detrás de la puerta para asaltar los poderes públicos.
La corrupción dentro del sistema judicial no solo es una afrenta contra la justicia, sino que socava la paz social. Los ciudadanos que ven que la Ley no se aplica de manera imparcial, pierden confianza en las instituciones y, como resultado, en el propio sistema democrático. Esto genera tensiones sociales, dado que cuando las personas sienten que sus derechos no son protegidos o que no pueden acceder a una justicia imparcial, recurren a otros medios para lograr la reparación el resarcimiento de sus derechos, lo que puede llevar a situaciones de conflicto y desestabilización. Es decir, al fin de la paz social.
El ejercicio de la judicatura representa un tema profundamente ético que toca las bases de la convivencia social y la paz. Los jueces tienen una responsabilidad histórica frente a la sociedad en la que sirven. Los actos de corrupción de jueces destruyen las cédulas de la libertad de una sociedad, generando el cáncer de la opresión. Por otro lado, un sistema judicial que es capaz de actuar con independencia de criterios, asegura que las leyes se apliquen de manera equitativa, que se protejan los derechos de los individuos, y que se sancione de manera efectiva la corrupción y el abuso de poder. Esto, a su vez, refuerza la legitimidad del Estado y fomenta la cohesión social.
Jueces independientes, honestos y valientes, actúan como una barrera contra los abusos del poder. Los jueces que pueden actuar sin temor a represalias o coacciones están en una posición única para proteger los derechos fundamentales y evitar que los excesos de los otros poderes del Estado. El ejercicio de la judicatura supone que los titulares deben tener el coraje suficiente para ofrecer su vida en función de la honestidad, la libertad y la democracia. De lo contrario, cuando el poder judicial es cooptado, se convierte en un facilitador de las violaciones de los Derechos Humanos, permitiendo la represión y la impunidad.
La existencia de jueces independientes y honestos es esencial no solo para garantizar una administración justa y eficiente de la justicia, sino también para proteger los Derechos Humanos, prevenir la corrupción y mantener la paz social. Sin ella, los cimientos éticos de la democracia comienzan a desmoronarse, y con ellos, la estabilidad y el bienestar de la sociedad. Un juez es designado para servir con honestidad y garantizar justicia, no para servirse de ella.
