La Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, ANFUD, se sumó este lunes a las declaraciones del gremio de los defensores respecto a la propuesta aprobada en la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, que establece que la dirección de la institución residirá en un Consejo Superior que designará de entre sus miembros, a un presidente y a un director ejecutivo.
“No compartimos la estructura y facultades del Consejo Superior propuesto”. Así de categórica es la declaración pública que este lunes, la Asociación Nacional Democrática de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, ANFUD, hizo pública, luego que la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional aprobara la propuesta que establece que la dirección de la institución residirá en un Consejo Superior que designará de entre sus miembros, a un presidente y a un director ejecutivo.
“Si bien se rescata la figura del Defensor Nacional, su rol es más bien nominativo, sin que tal autoridad tenga facultades reales, salvo de corte protocolar y la presidencia de dicho Consejo”, agregó la organización, sumándose así a la preocupación expresada el pasado fin de semana por a Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos (ADEF).
En la misiva, los funcionarios también recalcaron que “se extraña la falta de presencia de la sociedad civil y la academia”, aseverado que “la designación de las máximas autoridades de la Defensoría Penal Pública deben ser el resultado de un riguroso proceso de selección y concurso a cargo de un ente especializado, con la participación de diversos órganos o poderes del Estado, lo que no se vislumbra en la propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia”.
Por ello, ANFUD dice que “esperamos que el diseño de gobierno de la Defensoría Penal Pública sea revisado y rechazado por el pleno de la Convención Constitucional, y tras un análisis, ojalá participativo, se construya una alternativa que satisfaga estándares aceptables de conformación y actuación para una Institución que es extremadamente relevante y fundamental para el sistema de justicia penal y protección de los Derechos Humanos en Chile, como bien lo ha reconocido la Comisión respectiva al proponer la anhelada autonomía constitucional”.
“Finalmente, valoramos el trabajo de la Comisión de Sistemas de Justicia que, en forma seria, responsable y con altura de miras, está elaborando las nuevas normas del sector; agradecemos también la disposición de sus integrantes para oírnos cuando lo hemos solicitado, y porque nos sentimos parte de esta construcción democrática y participativa, es que formulamos esta definición, desde nuestra realidad y experiencia como funcionarios y funcionarias de la Defensoría Penal Pública”, puntualizó la asociación.
Lea la declaración completa
Carta Abierta ANDFUD (1)
