El exdiputado y abogado ingresó un escrito ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, advirtiendo que el dispositivo incautado por la PDI almacena información de sus representados protegida bajo secreto profesional. La acción legal emula el camino procesal adoptado por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto.
El exdiputado y abogado Hugo Gutiérrez Gálvez presentó una solicitud formal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para convocar a una audiencia urgente que defina los límites de la revisión de su teléfono móvil. El requerimiento judicial se produce tras la incautación de su dispositivo realizada por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 20 de agosto, en el marco de la causa penal que indaga presuntas irregularidades en licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
A través de un escrito de seis páginas, Gutiérrez fundamentó su petición en su condición de abogado activo, argumentando que el dispositivo móvil contiene comunicaciones privadas con fines profesionales que son completamente ajenas a los hechos investigados. En el documento, el exparlamentario detalló que el teléfono almacena “comunicaciones, documentos, correos electrónicos, mensajería instantánea, notas, archivos de audio y demás registros correspondientes a la relación profesional con mis patrocinados”, los cuales se encuentran amparados bajo el secreto profesional.
La defensa del excongresista advirtió al tribunal sobre las consecuencias de un peritaje sin delimitaciones previas. En palabras del propio Gutiérrez plasmadas en el libelo, “el eventual conocimiento por parte de fiscales, funcionarios policiales, peritos u otras personas, del contenido íntegro de mi dispositivo telefónico, sin la debida segregación de la información protegida, provocaría un perjuicio irreparable no solo a mí como abogado, sino que a la totalidad de mis actuales y antiguos patrocinados”. El escrito enfatiza que sus clientes tienen el derecho constitucional a la vida privada, a la intimidad, a su honra y a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas.
Por tal motivo, Gutiérrez solicitó formalmente al tribunal de garantía que el aparato telefónico permanezca bajo estricta cadena de custodia y que el Ministerio Público informe si ya se ha realizado alguna copia o extracción de los datos del dispositivo, especificando además los mecanismos aplicados para aislar la información confidencial. La ofensiva procesal del abogado se suma a una solicitud de idéntica naturaleza planteada días antes por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto (independiente en cupo de la Federación Regionalista Verde Social), quien también figura bajo investigación en la misma causa.
La causa judicial que propició estas diligencias intrusivas es dirigida por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, y busca establecer la existencia de presuntos delitos de corrupción asociados a los procesos de adjudicación de contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La hipótesis del ente persecutor apunta a determinar si existieron gestiones o presiones destinadas a favorecer de manera irregular a la empresa proveedora de servicios de alimentación Soser S.A.. En este expediente penal también mantiene la calidad de imputado el senador Sergio Gahona (UDI).
