Créditos Imagen : Defensoría Penal Pública
Malú Urzua, En Estrado.
Minutos antes de las 13:00 del miércoles 9 de septiembre de 2015, las veredas del frontis del Servicio Médico Legal de Avenida La Paz, en la comuna de Recoleta, estaban abarrotadas de periodistas esperando el resultado de una autopsia que pondría luz sobre el asesinato de un famoso cantante cuando comenzó, de pronto, una balacera. Parte el público corrió, otros se tiraron al suelo. Con su habitual sangre fría, fotógrafos y camarógrafos registraron lo que sucedía: un enfrentamiento entre carabineros y tres delincuentes.
Hacía unos 20 minutos, los sujetos habían asaltado una tienda de joyas, amarrando a los sus dos ancianos dueños, de 70 y 75 años. Llegaron al sector del SML en un auto rojo y al no poder avanzar por el taco, dispararon a la patrulla que los perseguía. Uno de los policías también usó su arma, y los delincuentes escaparon a pie.
Dos de los asaltantes -muy jóvenes, pistola en mano- entraron edificio del SML, corrieron por los pasillos, subieron a los techos y se perdieron de la vista de los policías que lo perseguían tras saltar una pandereta interior, que los alejó por atrás, por el patio de la facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Afuera, a unos pocos metros de la entrada al SML, formando parte del grupo de periodistas y transeúntes conmocionados que permanecían en la vereda, dos chicos de 17 años intentaban alejarse del tumulto cuando dos carabineros corrieron hacia ellos, los tiraron al suelo, los esposaron y se los llevaron. Al frente de la calle, otro policía encontró al tercer delincuente mientras intentaba escapar por una funeraria.
“Ellos eran de Til Til. Habían venido a Santiago porque uno de ellos estaba en tratamiento kinesiológico en el hospital San José tras una operación a la rodilla. El otro era su mejor amigo, lo había acompañado. Ninguno de los dos tenía antecedentes ni pasos por el sistema. Mientras iban pasando por el SML rumbo al terminal cercano para tomar el bus de vuelta, quedaron en medio de una persecución a unos asaltantes de una joyería”, resume el defensor penal público que llevó el caso, Francisco Concha.
Cuando al otro día el abogado llegó a hablar con ellos previo a la formalización, tenía claridad de lo ocurrido: “La balacera y detención de los jóvenes había salido en todas las noticias, así que ya sabía algo, y temprano me informaron que habían estado en la Defensoría la gente del colegio. Los profesores habían venido a Santiago con el acta del libro de clases, que registraba que el día anterior ambos estuvieron la primera hora y se retiraron con permiso de sus padres para asistir al médico. Cuando yo me encuentro con ellos en la sala de Gendarmería y me cuentan lo mismo, me cuadré e inmediatamente creí su versión… Ellos estaban bien nerviosos, tenían miedo de estar presos. Sabían que el delito que les imputaban era grave”.
Desde el momento de la detención, los menores intentaron hacer ver a Carabineros que estaban equivocados y les juraron que venían del hospital. “Les pasaron el papel que acreditaba la atención, entrega que quedó filmada e incluso se vio en las noticias. Ellos dijeron que después, ya en el carro policial, uno de los carabineros se los rompió en la cara”, relata Concha.
Ante el primer juez
En la formalización, la Fiscalía expuso sus pruebas. Mostró imágenes de los asaltantes extraídas de las cámaras de afuera de la joyería asaltada. Ellos vestían ropa oscura y zapatillas blancas. Relató cómo los policías los habían perseguido y el intercambio de disparos producido. Informó que una de las víctimas del asalto había reconocido a uno de ellos durante una muestra de set fotográfico y que el otro había salido positivo en los análisis de pólvora a las manos, lo que quería decir que disparó. La prueba no decía, sin embargo, en qué cantidad ni en qué zona específica estaban los rastros.
La defensa repicó que los jóvenes vestían distinto a quienes aparecían en las cámaras, con pantalón plomo de uniforme y zapatillas negras, e hizo ver que en el auto no se habían encontrado otras ropas. Mostró el libro de clases donde quedó registrado el permiso para asistir al hospital y un testimonio tomado por la defensa de la profesional que realizó la atención kinesiológica: la hora había terminado a las 12:20, pocos minutos antes del momento en que se produjo el asalto. “El juez dijo que era común que los delincuentes se cambiaran de ropa y que le parecía muy extraño que el libro de clases y el testimonio de la kinesióloga hubiese aparecido tan rápido, que todo parecía estar armado, que se estaba inventando una coartada. Los dejó a ambos en internación provisoria en un recinto del Sename”, cuenta el abogado defensor.
Al día siguiente, la Defensoría Penal Pública emitió un comunicado de prensa afirmando que los jóvenes no eran los autores del asalto. La prensa empezó a dudar y algunos a afirmar su inocencia.
Cámaras por todas partes
Pasaron nueve días hasta que se vio la apelación en la Corte. El defensor llegó con toda la artillería. En el intertanto, gracias a una gestión con el hospital, que se sensibilizó con las noticias que hablaban del error, recuperó las filmaciones de los jóvenes ingresando al recinto, caminando por los pasillos, entrando al box de atención, saliendo de él 40 minutos después, volviendo hacia la salida e incluso cuando ya se alejaban por la calle, cada imagen con la hora respectiva. No había duda de que estaban saliendo del hospital cuando se produjo el asalto a la joyería, ubicada unas 15 cuadras hacia el sur, en San Pablo con Bandera. La evidencia se la había entregado al fiscal antes de la audiencia. Él dijo que la iba a analizar.
El abogado Francisco Concha mostró también los certificados de atención y la imagen de una escena transmitida por televisión la noche de los sucesos donde aparece un testigo manifestando que los sujetos que habían huido no eran los adolescentes detenidos.
En cuanto a la pólvora en las manos, alertó que la misma prueba se le hizo al policía que decía haber disparado contra los delincuentes, que había salido negativa. Probablemente estaba mal hecha, les dijo; o probablemente había pasado que el carabinero que lo apresó y le puso las esposas cuando lo tenía reducido en el suelo, le había transmitido las trazas. Mostró, entonces, una serie de imágenes captada por los reporteros gráficos que estaban en el lugar: los jóvenes tirados en el piso boca abajo, el torso de uno sobre otro, las rodillas de un policía presionando al de arriba y otro efectivo agarrándole sus manos con las suyas.
El Ministerio Público, representado por una fiscal distinta al titular, no se opuso al cambio de cautelar y la Corte accedió a otorgar el arresto domiciliario nocturno.
“Era ya lo obvio. Por suerte para ellos, ese día en ese lugar había mucha prensa. Si así no hubiera sido, habría sido muy difícil acreditar su inocencia. Además, qué sentido tenía intentar huir por los techos para llegar después donde mismo estaban los carabineros. Y sobre la pericia de los tiempos, era insólito pensar que dos jóvenes que vivían en Til Til y no tenían ninguna experiencia en estas cosas habían ideado un plan tan maquiavélico, tipo Misión Imposible, inventando una visita médica para ser filmados pasando por distintos lugares y cometer un asalto entre medio, mientras supuestamente estaban en la atención, del que iban a lograr sacar $ 5 millones. La kinesióloga, además, tendría que haber sido parte del plan, porque aseguraba haberlos atendido. Los tiempos, además de todo, no daban: era un día de semana, con alto tráfico de autos y con la calle Independencia, que habría sido la vía más rápida, cortada por reparaciones”, dice Concha.
“Nadie puede estar en dos lugares a la vez”
Dos meses después de la resolución de la Corte, el 20 de octubre de 2015, hubo audiencia de sobreseimiento definitivo. La Fiscalía se opuso argumentando que la necesidad de hacer una pericia que calculara los tiempos de traslado entre la joyería asaltada y el hospital, buscando así un espacio de tiempo en que los jóvenes pudieron trasladarse a la joyería y cometer el robo. El juez de Garantía resolvió, sin embargo, otorgarlo, fundado en el artículo 250 letra b) del Código Procesal Penal: “Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”.
En la resolución, el magistrado habló de “una sucesión de errores que no pueden quedar entregados a la mera discrecionalidad de una investigación”. También, de un “reconocimiento fotográfico sin una alusión previa a las características de los imputados y tampoco un correlato que diga relación con el funcionario que efectuó este reconocimiento”. Y lo de mayor relevancia, la imposibilidad física de los adolescentes de estar en dos lugares al mismo tiempo. “Estaban desafortunadamente en el momento inapropiado y fueron detenidos por coincidir al menos en términos generales, como somos la mayoría de los chilenos, con la descripción física dada para los efectos de proceder a su detención”, señala la resolución.
“En cuanto a los restos de nitritos, hay carencia de rigor científico. Fue esposado y detenido por el funcionario policial que operó un arma de fuego”, estableció el juez.
Argumentando que era un delito grave y que se necesitaba la pericia de los tiempos y a los celulares, la fiscalía y la Intendencia, que había presentado querella, apelaron. La Corte confirmó la resolución: “Queda excluida, racional y lógicamente, su presencia en el sitio de los acontecimientos. Nadie puede estar en dos lugares a la vez”, sostuvo el tribunal. En cuanto a las pericias pendientes, estampó que “no se entregaron razones plausibles para asumirlas como pertinentes ni logra advertirse cómo y en qué medida sus resultados pudieran ser capaces de desvirtuar lo hasta ahora concluido”.
¿Desidia o mala fe?
Al abogado Concha todavía no le es claro si los carabineros actuaron por desidia o mala fe. “Cuando pasa todo esto, estaban hiperventilados, con la adrenalina súper alta. Venían persiguiendo a los asaltantes y recién les habían disparado, además que estaba toda la prensa y tenían que tener a los responsables. Había muchos antecedentes que evidenciaba que se habían equivocado, pero también otros tantos que mostraban que ellos mismos podían no estar diciendo la verdad. Según ellos, vieron a los muchachos bajarse del auto, pero eso siempre fue muy difícil porque estaban a una cuadra larga de distancia. Tampoco explicaron nunca cómo era que habiendo sido tres o a lo más cuatro los asaltantes, atraparon a tres y otros dos salieron huyendo por dentro del Médico Legal, pistola en mano, algo que dos de ellos habían declarado haber visto, así que a lo menos había uno de más. Y lo otro, ¿por qué uno de los carabineros les rompe el papel de la atención médica en la cara?”.
“Este caso me sirvió para acreditar cosas que yo ya sospechaba con otras causas. Una, que en los delitos violentos se usan mucho los reconocimientos fotográficos, pero todos saben que habitualmente ellos son inducidos por los mismos policías, que facilitan a la víctima quién ellos sospechan quién es. Dos, que cuando se encuentran residuos de pólvora en las manos no necesariamente significa que la persona disparó, pues pudo estar en contacto con alguien que sí lo hizo”, agrega.
Tras ser sobreseídos, las familias de los jóvenes demandaron al Estado, luego de que su caso fue derivado a la Fundación Pro Bono. El 25 de mayo de este año, un juzgado civil falló a favor a su favor y fijó la indemnización “por daños causados” en 63 millones de pesos.
Quien sí terminó condenado por el asalto fue el sujeto que intentó huir por el patio de la funeraria. Tenía 35 años y varias condenas anteriores por robos con intimidación. Nunca reconoció su delito y argumento durante el proceso, usando el caso de los estudiantes, que tampoco tenía nada que ver. Fue declarado culpable.
