Malú Urzúa, En Estrado.
Una tarde de abril, entre 20 y 30 personas esperaban ser atendidas afuera de una conocida notaría de Ñuñoa cuando apareció un hombre que, apuntando a un sujeto de los que ahí se encontraban, se dirigió a los dos carabineros que habían llegado con él y les dijo “ese huevón fue”. Uno de los policías agarró del cuello al indicado, lo empujó contra una reja, le sacó el carnet de identidad del bolsillo y lo obligó a abrir su mochila, buscando encontrar ahí el par de poleras hurtadas minutos antes desde una tienda deportiva cercana, robo que había originado el procedimiento.
Del bolso de Daniel Briones Aguilar, mecánico, sólo salieron artículos personales y varios papeles. Por lo menos hacía media hora que había llegado a la notaría acompañado por su esposa, de 19 años y con un embarazo evidente, para firmar un finiquito de despido. Los acompañaba un administrativo de la empresa con la que terminaría el contrato laboral. Los clientes y funcionarios de inmediato dijeron a los carabineros que el hombre llevaba ahí mucho rato, que él no podía ser la persona a la que perseguían. Una abogada que también se topó con el incidente mientras esperaba ser atendida, se identificó e intentó interceder. Como no hubo una voz que hiciera a los policías repensar el procedimiento, ella llamó al 133 denunciando una detención ilegal.
Los carabineros se llevaron a Daniel y a su mujer a la comisaría. Hasta allá llegó la abogada, y lo que pudo ser sólo un error comenzó entonces a enredarse con tantas mentiras por parte de los carabineros que fueron ellos los que, al final de todo, resultaron teniendo que enfrentar un tribunal.
“Esto se trató de una mala sindicación realizada por un carabinero de civil que justo estaba en el paradero de enfrente a la notaría y creyó haber identificado al ladrón. Los carabineros a cargo, en vez de corregir ese error y volver sobre sus pasos, empezaron a intentar taparlo. Taparon, taparon, taparon, hasta que al final todo reventó”, dice el abogado de la Defensoría Penal Pública a cargo del caso, Cristian Medina.
Un juez dudoso
Cuando ese 27 de abril de 2013 la abogada Patricia Maturana Vivero llegó a la comisaría de Ñuñoa, Daniel y su esposa estaban en el calabozo. En el momento en que ingresaba a verlos, el funcionario a cargo le comunicó que ella también estaba detenida. Al principio no le dijeron por qué, sólo un “eso le pasa por meterse donde no la llaman”. Rato después le dijeron que estaba acusada de haber lesionado en el dedo a un carabinero durante la detención de Daniel, que llegó hasta la celda a mostrarle su dedo sangrando.
La esposa embarazada fue dejada en libertad de madrugada. Al mecánico y la abogada, la fiscalía los pasó a control de detención. El juez de Garantía de inmediato detectó inconsistencias en el relato de la detención de ella, y declaró ilegal el procedimiento: el parte policial decía que había sido detenida en el lugar de los hechos, pero estaba claro que fue durante la visita a la comisaría (¿sangraría un dedo por dos horas?). Igualmente, el Ministerio Público la formalizó por maltrato de obra; y a Daniel Briones, por hurto. Solicitó para ellos firma mensual, pero el magistrado los dejó sin medidas cauterales tras concluir, para ambos, que no se cumplía el requisito de la existencia de “antecedentes de participación”. El fiscal ofreció entonces una suspensión condicional, que los imputados no aceptaron.
Pasaron unos días y al fiscal del caso le llegó el video de las cámaras de la tienda. “Me llamó y lo vimos juntos. Cualquier persona se daba cuenta que no era Daniel, por la contextura, la altura, el color de la piel. Ahí el fiscal se dio cuenta del error y supimos que ahora teníamos una causa por obstrucción a la investigación”, cuenta el defensor. Se envió una orden de investigar a la PDI.
Recolectando pruebas
A la semana siguiente, el abogado Cristian Medina acompañó a su defendido a un recorrido por el lugar de los hechos. Querían llevar a la PDI la mayor cantidad de antecedentes posibles respecto de lo ocurrido. Conversaron con los funcionarios de la notaría, que recordaban el incidente y estaban seguros que Daniel había estado ahí desde mucho antes que se realizara el operativo.
También sacaron fotos y midieron la distancia entre el recinto y la tienda desde donde habían sido hurtadas las poleras. Ahí se encontraron con el guardia del día del robo, que les contó que los carabineros habían vuelto la noche del incidente con una declaración redactada donde se sindicaba a Daniel como el ladrón. “Contó que él les decía que no era, pero ellos le decían que firmara no más”, dice Cristian Medina.
La PDI entrevistó después a una decena de clientes y funcionarios, que ratificaron lo dicho por el imputado. Se pudo establecer además que la versión del policía de civil que estaba en el paradero y decía haber visto a Daniel y su esposa intercambiando las especies en esa esquina, era totalmente imposible: la investigación comprobó que minutos antes las poleras hurtadas habían sido encontradas botadas en la calle por los vendedores.
Firma y donación
La solicitud de sobreseimiento definitivo por inocencia se presentó a comienzos de agosto y el día 20 el tribunal la decretó para ambos. Esa misma jornada, el mecánico y la abogada se querellaron identificando 10 funcionarios de la comisaría involucrados en las mentiras.
Los carabineros fueron investigados administrativamente y sancionados por faltas de veracidad en el parte policial de la detención de la abogada. La querella contra ellos -por detención ilegal, falsedad ideológica, obstrucción a la investigación, vejación injusta- derivó en una formalización y luego en una suspensión del procedimiento, con las condiciones de firma y donación de 150 mil pesos. Este año 2020 los policías cumplieron los plazos y fueron sobreseídos.
