Créditos Imagen : Defensoría Penal Pública
La foto mostrada por Carabineros a la víctima era de cuando él tenía 13 años, a pesar de que al momento del hecho ya era un adulto. Estuvo 177 días en prisión preventiva. Este caso pertenece al Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública.
Malú Urzúa, En Estrado.
Sergio Vera Solís siempre estuvo convencido que se iban a dar cuenta del error: al momento del crimen, un robo con violencia, él estaba en medio de una faena mar adentro y eran decenas los testigos que así lo podían corroborar. Pasaban, sin embargo, los meses, y él continuaba en prisión preventiva. Su esposa comenzó a desconfiar y decidió romper con él, cayó en una depresión profunda, se cosió la boca con un cáñamo e inició una huelga de hambre seca intentando que las instituciones se apuraran en reconocer que se habían equivocado. Ya estaba pensando en suicidarse.
“Él estaba muy mal. Créame que yo tuve que pedirle que me esperara, que no se suicidara, decirle que estaba haciendo todas las diligencias en la forma más expedita, que esto se iba a solucionar”, cuenta el defensor penal público Luis Mora Constanzo.
El abogado realmente estaba seguro de eso. No tan sólo por la coartada, sino que también porque la forma en que la policía había llegado a él no tenía ningún sentido. Además, lo conocía de adolescente, cuando sí se metía en problemas. Antes del crimen había escuchado a varios habitantes de Quellón decir que, tras casarse y tener un hijo, Sergio había sentado cabeza y dejado los malos pasos.
“Lo había defendido cuando tenía 16 ó 17 años. Había tenido algunas causas, pero nada grave, a lo más un robo en lugar no habitado. Pasaron los años y nunca más apareció como imputado de algo. Personas de Quellón me habían contado que estaba dedicado a trabajar como asistente de buzo y que había modificado su conducta completamente”, recuerda Luis Mora de la época previa a toparse de nuevo con él.
“El domingo 30 de marzo de 2014, ya con 21 años, llegó a un control de detención, imputado por un robo calificado. La madrugada del viernes, un taxista había sido abordado por tres menores de edad que lo apuñalaron y le robaron 50 mil pesos. Muy mal, el taxista se trasladó por su cuenta al hospital. Carabineros llegaron a interrogarlo y en el relato él les dijo que, tras abordarlo, los menores se habían bajado en un pasaje llamado Las Dichas. Las policías supusieron que ahí vivían. El viernes en la tarde carabineros de la Sexta Comisaría de Quellón llegaron a mostrarle a la víctima un set de fotos. El hombre, moribundo, reconoció a Sergio. Lo detuvieron el sábado”, relata. El sujeto murió posteriormente, por lo que el delito cambió a robo con homicidio.
Cuando el defensor vio nuevamente a Sergio Vera en la sala de los detenidos del juzgado, él le dijo de inmediato que no había sido, que había estado días en Isla Guafo en faena de extracción de luga y que recién el sábado a las 10 de la mañana había llegado a tierra en Quellón. “Él estaba tranquilo –dice el abogado Mora. Pensaba que era un mero error. Estaba convencido que en la misma audiencia se darían cuenta y lo dejarían libre”.
“Yo entiendo la labor de la fiscalía pero en este caso se perdió un poco la objetividad: desde el primer minuto, el fiscal se dedicó a desvirtuar todos los antecedentes para decir que Sergio no estaba en faena en el mar ese día. También pasó que ni él ni el juez consideraron el hecho de que no se había seguido ningún protocolo para el reconocimiento de los imputados: antes de morir, el taxista reconoció a Sergio, pero la foto que le mostró Carabineros era de cuando él tenía 13 años, que era cuando había sacado carnet. Y claro, el grupo que lo atacó eran menores de edad, pero Sergio ya era adulto. Tampoco había doble ciego (sistema para evitar sesgo en el reconocimiento). Suponiendo absurdamente que los asaltantes vivían en pasaje Las Dichas, que era donde los asaltantes le pidieron al taxista que los llevara, los policías chequearon los antecedentes de los jóvenes de esa calle y dieron con Sergio. ¡Era un set con personas de la cuadra!”.
-¿Y qué pasó con el juez que legitimó el reconocimiento fotográfico?
-Primó la idea que el delito era grave, y lo otro, que es muy común, es que los jueces de Garantía habitualmente consideran que todo es materia del juez de fondo, del Tribunal Oral en lo Penal. Si el delito es grave y no hay versión alternativa, algo que sea indestructible, quedan privados de libertad. El estuvo 177 días en prisión preventiva.
Testigos versus papeles
Para desvirtuar que el imputado estaba en faena en el mar, la fiscalía hizo ver al juez que su nombre no estaba en el documento de autorización de zarpe que registra la Armada.
“Había 30 personas dispuestas a declarar, entre ellas el patrón de la lancha y un ex alcalde. A mí eso me llamó mucho la atención, porque habitualmente con personas acusadas de delitos tan graves nadie se mete a dar un testimonio. Siempre prima el temor y el no querer verse envuelto en un juicio”, dice. Para apurar las diligencias, recurrió a los testigos más relevantes: cinco miembros de la tripulación y un par de personas que lo vieron el sábado en la mañana saliendo de la embarcación, tras encallar en el muelle de Quellón. Sin embargo, al fiscal esto no le hacía fuerza: si el nombre no estaba en el documento de zarpe, no se había subido al barco. “Se manejaron en un mundo estructurado, pensaron que si la Armada no lo tenía en sus fiscalizaciones era imposible que hubiera estado ahí, y no se hicieron cargo de las declaraciones que se estaban prestando”, analiza Mora.
Tras la audiencia inicial, el abogado solicitó tres veces la revocatoria de la prisión preventiva, pero todas fueron denegadas. “La angustia de Sergio fue de menor a mayor. A los meses su mujer lo dejó porque empezó a desconfiar que realmente hubiera estado trabajando y que en verdad no se hubiera quedado en Quellón con otra mujer. Ahí se cosió la boca y se fue a huelga de hambre”, relata. “Cuando lo vi con los labios cosidos, con unos puntos hechos con una especie de cáñamo grueso y sucio, me dijo, murmurando, que estaba cansado, que ya nada valía nada. Me dijo que se quería matar, me lo comunicó para que yo supiera. Fue una situación desesperante”.
El abogado le pidió que antes de tomar esa decisión lo esperara un poco, y le detalló de unos peritajes que estaba a punto de recibir y podían servir de mucho. “La idea era mantenerlo con esa luz de esperanza de que la causa se podía seguir trabajando. Pero tampoco era que él se posicionara en la idea de llegar a un juicio y ser condenado. Lo que él reclamaba era por qué lo seguían manteniendo preso si estaban todas las pruebas”.
Los peritajes eran tres: un informe social, uno criminalístico y uno antropológico. Con este último se pretendía que acreditar que no todos los nombres de quienes zarpaban quedaban en el registro de la autoridad marítima. Era el que más le interesaba al abogado. “El antropólogo se contactó con personas del sindicato de buzos que permitieron saber que de los 250 socios la mitad no tenía papeles y trabajaba sin registro, por lo que era perfectamente posible que el nombre de Sergio, que además no tenía estudios formales y por tanto no estaba entre quienes podían optar a tener tarjeta de embarque, no se hubiera puesto en ese libro. Se constataba ahí que esto era una costumbre y que los armadores de las lanchas los subían igual”, dice.
Fue con esa información que el abogado pidió nuevamente el cambio de medida cautelar, y esta vez el juez se la dio. Seis meses después de su arresto, en diciembre de 2014, Sergio quedó con firma mensual. A las semanas atraparon a los verdaderos asaltantes. La fiscalía los investigó, imputó y acusó, y el 5 de abril de 2016 Vera fue finalmente sobreseído definitivamente. En la resolución del juzgado se lee que las imputaciones a ellos eran “inconciliables” con la de Vera. “Se encuentra establecida sobradamente su inocencia en estos antecedentes”, dejó escrito el juez.
“No tuvo reacción de alegría”
Quien fuera su abogado cuenta que, producto de graves problemas en la familia, Sergio estuvo hasta los 11 años en Niño y Patria, y que en sus últimos años de adolescencia cometió unos delitos –“nada muy grave”-. Después se enamoró, tuvo un hijo, sentó cabeza y se dedicó a trabajar de buzo, una actividad que cuando era niño tanto su padre, su tío, como la nueva pareja de su madre le habían enseñado. Y un día, cuando ya todo estaba bien, lo llegaron a detener a su casa por un crimen del que no tenía ni idea.
“Recién cuando el juez dio la libertad a Sergio gracias al peritaje, el fiscal empezó a decir “parece que me equivoqué”, cuenta el defensor. “Y ahí es donde yo reclamo objetividad. El fiscal debe ser objetivo en investigar, pero hay una presión muy fuerte por tener resultados. Si todo te dice que alguien es inocente, ¿por qué va a ser malo rectificar?, ¿en qué momento se considera malo establecer la inocencia de una persona?, ¿cuál es la idea… lograr un culpable? Yo tengo la sensación que en verdad el fiscal no quería quedarse con una causa sin resolver”.
-¿Qué pasó con Sergio cuando ya salió libre?
-No tuvo reacción de alegría. Creo que pensó que por fin estaban haciendo lo que correspondía. Sé que está agradecido, me ha dicho muchas gracias. Lo que yo creo es que quedó enrabiado con el sistema porque él hizo todo para modificar su vida y esa vida que estaba teniendo se le truncó con una cuestión que era absolutamente injusta y que tiene que ver con estigmatización de la pobreza, de la infancia protegida. Lo que él perdió ya lo perdió, y hasta pudo haber perdido las ganas de retomar el camino.
-Podría demandar al Estado…
-Lo pensó pero lo dejó. Sabe que es una persona de menor interés y tiene miedo de que si intenta hacer algo quizás qué le imputen y termine peor. Me quedo con la satisfacción pequeña de que al menos no se quitó la vida, pero la calidad de vida que tiene hoy dudo mucho que sea la que se planteó cuando decidió asumirse adulto. Y eso es desolador.