Malú Urzúa, En Estrado.
“A ti te podemos pasar por violación si queremos y el fiscal nos va a creer”, acusó Johanns Baeza Miranda que el funcionario de Carabineros le dijo cuando lo detuvo, el 6 de febrero de 2017, frente a Caleta Portales, en Valparaíso.
Había tenido recién una riña con Héctor Venegas Rojas y otros dos sujetos. Todos eran limpiadores de parabrisas y discutieron por los sectores en los que cada uno podía operar. En medio de la pelea, llegó Carabineros. Mientras los subían al furgón a los cuatro, Johanns Baeza discutió con uno de los policías y fue en ese momento en que recibió la amenaza. Nunca pensó que en verdad lograrían imputarle un delito que no cometió, que pasaría por eso casi seis meses en prisión preventiva y debería llegar a juicio oral a probar su inocencia.
“La causa fue mía desde el control de detención hasta la absolución en juicio oral”, cuenta Pablo Jaque, abogado de la Defensoría Penal Pública. “Dentro de los controles de detención de ese día venía uno por robo con intimidación a una señora de 71 años a la que, decía el parte, dos sujetos habían amenazado con un fierro para quitarle el celular. Bajé al calabozo, me entrevisté con ellos y cuando les expuse qué se les imputaba, uno, muy sorprendido me dice ‘pero eso no es así, eso nunca pasó’, y me cuenta de la riña”, relata.
Según el parte, los carabineros concurrieron al lugar donde se estaba efectuando el robo a la señora tras ser alertados por un taxista, a varias cuadras de ahí. Cuando llegaron, los sujetos continuaban intentando sustraerle el celular, amenazándola con un fierro.
“Fijé los puntos y vi que el traslado entre el lugar donde el taxista supuestamente había alertado del robo a los carabineros y el lugar donde ambos habían sido detenidos, demoraba entre 5 y 10 minutos. Entonces, parecía muy extraño que dos sujetos jóvenes y con un fierro tardaran tanto tiempo en quitarle el teléfono a una persona tercera edad. El procedimiento no se veía creíble”, cuenta el abogado defensor.
Carabineros tenía la declaración de la víctima y con ella la fiscalía pidió la prisión preventiva, que fue concedida por el juez de garantía en esa primera audiencia.
“Los fui a ver a la cárcel y no los encontré en el módulo donde debían estar. Se habían negado a entrar ahí porque sabían que los presos los identificarían como personas que trabajaban y los podían hasta matar. Esa fue para mí una nueva señal de que en verdad, aunque uno sí tenía antecedentes por delitos muy menores, no eran personas con carrera o compromiso delictual. Los pusieron entonces en un módulo de castigo y luego pedí el traslado a Los Andes, donde nadie los reconocería”, cuenta Jaque.
En el intertanto, la fiscalía intentó ubicar a la víctima, sin éxito: la dirección de ella anotada en el parte policial no correspondía, la numeración de la calle no calzaba. Eso para Jaque fue una buena noticia: sin una declaración de ella ante el Ministerio Público se haría difícil una condena.
“A cargo del caso estaba una fiscal muy obstinada, pero justo un par de semanas antes de llegar a juicio la cambiaron. La nueva fiscal nos ofreció un procedimiento abreviado, pero ellos dijeron que no lo aceptarían porque no habían hecho nada. Empecé entonces a preparar el juicio: saqué mapas evidenciando el tiempo de traslado entre el lugar donde el taxista da la supuesta alerta y el lugar del supuesto robo, ubicamos a un testigo cuidador de autos que iba a declarar haber visto la pelea y que se los habían llevado detenidos a raíz de ella”, continúa el abogado.
El mismo día del juicio, la fiscal a cargo le contó que, tras varios intentos, había logrado ubicar a la mujer que aparecía como víctima en el parte, quien vivía casi al frente del lugar de la detención, y que había declarado ante ella el día anterior. Le contó también que la mujer reveló que dos carabineros fueron a su domicilio para que firmara una constancia respecto a la pelea que se había registrado al frente de su casa, y ella firmó sin leer que en el papel aparecía denunciando un intento de asalto que nunca había ocurrido. La fiscal le dijo al defensor que ella misma pediría, antes del juicio, la revisión de la cautelar.
“Fue muy conmovedor ese gesto. Ambos llegaron al tribunal esposados y con la casaquilla amarilla. Se pidió la revisión de la cautelar, se revocó la prisión preventiva, se hizo un receso y luego ambos ingresan otra vez, ahora sin grilletes. Yo iba preparado para dar la pelea, con toda mi prueba, pero ni siquiera tuve que usarla porque llegó hasta allá la supuesta víctima, declaró ante los jueces y explicó cómo había sucedido todo”, cuenta Jaque.
Durante el juicio, los policías del procedimiento también fueron interrogados, sin poder entregar nunca una versión clara de lo sucedido: unos negaron sus firmas, otros dijeron no haber estado ahí. En la misma audiencia la fiscalía anunció que iniciaría una investigación contra cuatro carabineros, los que luego de un tiempo fueron dados de baja.
En los alegatos de clausura, hasta la fiscal pidió al juez la absolución de Johanns y Héctor. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso emitió su dictamen el 2 de agosto de 2017.
