Créditos Imagen : Defensoría Penal Pública
Malú Urzúa, En Estrado.
La mañana del séptimo día post terremoto de febrero del 2010, en un escenario de destrucción y permanentes saqueos, un grupo de diez personas se encontraba tomando desayuno en una casa de la población Santa Clara de Talcahuano cuando una patrulla de infantes de marina del destacamento Aldea entró violentamente al domicilio, encontrando en él varios alimentos presuntamente robados. Minutos después, los infantes entraron a una vivienda contigua, donde en una pieza había varios pack de agua mineral, bebidas y galletas, además de una silla de ruedas que los efectivos les imputaron haberla robado, deteniendo a tres mujeres, una de ellas adolescente.
Todos los aprehendidos de la jornada -unos 13, de ellos tres menores de edad- fueron a parar a un cuartel policial, acusados de saqueo y acopio de bienes esenciales en estado de catástrofe. Ya formalizados, quedaron en prisión preventiva. Meses más tarde, siete terminaron absueltos.
Ocurrió que cuatro de las personas detenidas mientras desayunaban no vivían en esa casa: una mujer, su pareja y sus dos hijos se habían encontrado en la calle con un amigo y pasaron a tomar un café con él. La familia -Ana Sepúlveda Romero, Jorge Aro Sepúlveda y dos menores de edad- contó que dijeron a los marinos que ellos no eran de ahí, pero no los escucharon. “Luego le vendaron los ojos y los maltrataron, física y psicológicamente”, se lee en los registros de las declaraciones del juicio. A los mayores, les requisaron $1.750.000 que llevaban con ellos.
Pasaron 16 días presos y cinco meses imputados, hasta que se llegó a un juicio oral en procedimiento simplificado, donde pudieron acreditar que no vivían ahí. Mientras los dueños verdaderos de la casa donde estaban fueron a juicio en forma separada, en la audiencia que les correspondió a ellos se encontraron con otras tres mujeres que habían sido detenidas en la casa de al lado. Ellas también fueron absueltas: la defensa comprobó que las 20 botellas de bebida y las cajas confites que los infantes de marina encontraron en ese domicilio habían sido provistos por el papá de una de ellas. Éste trabajaba hacía años en la empresa CCU y, en el contexto de los saqueos, para evitar nuevas entradas a la empresa, el jefe había regalado a los empleados varias botellas y galletas y chocolates Calaf, que también distribuía la compañía. Sobre la silla de ruedas, pudieron comprobar que la misma municipalidad se la había entregado a esa familia para el abuelo, que había muerto recientemente.
La abogada Margarita Benavente, de la Defensoría Penal Pública, cuenta que en el juicio oral que se realizó en agosto “el tribunal pudo percibir, con sus sentidos, que había una explicación para la tenencia de esos productos”.
Se exhibieron los contratos de trabajo que acreditaba la proveniencia del dinero en efectivo que le encontraron a Ana y Jorge, que recién habían cobrado su sueldo, y declaró por primera vez, llevado por la defensa, el jefe de la distribuidora de bebidas y golosinas verificando que les habían regalado varios de esos productos a sus empleados.
“Fue dramático, muy doloroso. Ellos lloraron mucho. Vas a la cárcel, duermes en la cárcel, comes en la cárcel por 16 días, y eso ¿quién lo devuelve?”, dice la abogada Benavente.
“Que, la prueba rendida por el Ministerio Público ha resultado absolutamente insuficiente para producir la convicción en el tribunal, más allá de toda duda razonable, de la comisión de los delitos por los cuales se presentó el requerimiento y de la participación de los requeridos en tales ilícitos”, estampó en su fallo el Juzgado de Garantía de Talcahuano.
Además, las 20 botellas de agua y bebida en la casa donde cuatro mujeres pernoctaban no eran suficientes para constituir acopio: “No logró acreditarse (…) que se tratara de especies que por su gran cantidad y condición demuestran que no estaban destinadas al uso o consumo próximo en el tiempo”, agregó el fallo.
