En su quinta declaración ante la Fiscalía de Valparaíso, el principal imputado del Caso Audios desclasificó la operativa del selecto “consejo” de abogados que intervenía en las ternas del Poder Judicial, asegurando que el actual embajador de Chile en Israel contaba con redes más amplias que las suyas en las cortes. Asimismo, el penalista detalló la entrega de sobres con dinero en efectivo ,correspondientes a 100 UF mensuales por defensas vinculadas al estallido social y la pandemia, por iniciativa directa del fallecido expresidente Sebastián Piñera.
En la comparecencia prestada el pasado 27 de agosto ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y la persecutora Paola Castiglione ,consignada en Reportajes de T13, Luis Hermosilla Osorio entregó nuevos antecedentes en el marco de la arista Nombramientos del denominado Caso Audios. Durante la diligencia, la fiscalía requirió de forma insistente al imputado respecto del rol desplegado por el reconocido abogado penalista y actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik Schilkrut.
De acuerdo con el testimonio de Hermosilla, al menos desde 2019 se estructuró un grupo informal de asesores integrado por él mismo, Zaliasnik y el abogado Samuel Donoso. Dicha instancia asesoraba al segundo mandato de Sebastián Piñera en litigios complejos y, al mismo tiempo, evaluaba e impulsaba candidaturas a cargos en el Poder Judicial. “Con Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso conversábamos sobre quiénes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales (…) Puedo señalar que Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso son muy cercanos entre sí, incluso más cercanos que ellos conmigo”, aseveró el litigante ante las fiscales.
Las redes en las cortes y las gestiones por causas específicas
En su declaración, Hermosilla fue enfático en dimensionar el nivel de llegada que atribuía a su colega en los tribunales de alzada y en el máximo tribunal del país. “Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema”, sostuvo el penalista, agregando que en la dinámica de revisión de ternas participaba de forma recurrente el entonces jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Mery, con quien Zaliasnik mantenía una relación de especial cercanía.
Como ejemplo de esta interacción, la fiscalía exhibió mensajes de WhatsApp fechados en noviembre de 2022, en los cuales Zaliasnik (en su calidad de querellante de la gestora Sartor en el caso Swell Capital) solicitaba a Hermosilla intervenir ante la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago para ratificar la prisión preventiva de un exejecutivo. Al respecto, Hermosilla explicó que Zaliasnik le pidió hablar con la ministra Isabel Margarita Zúñiga debido a su conocida relación de trabajo previa en su bufete, aunque precisó no recordar si efectivamente concretó la gestión.
Asimismo, Hermosilla abordó los vínculos de Zaliasnik con la exministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj, y con el exjuez Antonio Ulloa. En el caso de Ulloa, el expediente contiene registros de mensajería donde Samuel Donoso promovía su candidatura para la plaza capitalina tras coordinarse con Zaliasnik bajo la premisa “100% Ulloa. Antigüedad, experiencia, lealtad”. Frente a estos antecedentes, la defensa legal de Zaliasnik ,quien se encuentra en calidad de imputado en la causa, ha sostenido que las recomendaciones carecían de carácter decisivo y que el diplomático se mantiene a disposición del Ministerio Público.
Los pagos en efectivo por defensas de contingencia política
Junto con detallar la injerencia en las designaciones judiciales, Hermosilla reveló ante el Ministerio Público el mecanismo mediante el cual se financiaron los honorarios de las defensas penales asumidas para altas autoridades de gobierno durante las causas del 18 de octubre de 2019 y la pandemia de Covid-19.
El imputado diferenció entre los honorarios percibidos como asesor formal del Ministerio del Interior —los cuales ascendían a $1 millón mensual mediante transferencias bancarias previa boleta o factura e informe de actividades— y los estipendios acordados directamente para la estrategia de causas judiciales de contingencia. “Por instrucciones del Presidente Piñera se generó una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país. Esta fue una iniciativa del Presidente porque quería estar informado al detalle”, declaró Hermosilla.
De acuerdo con el relato del abogado, el expresidente dispuso el pago de una retribución equivalente a 100 UF mensuales tanto para él como para Samuel Donoso. Dicha suma no se canalizaba mediante giros electrónicos ni depósitos bancarios, sino que se entregaba en dinero en efectivo en sobres de forma acumulada y trimestral.
Las entregas de fondos eran gestionadas a través de asesores de La Moneda, identificando a Benjamín Salas y, posteriormente, a Andrés Sotomayor. Hermosilla precisó que estos pagos en efectivo se extendieron de forma continuada entre finales de 2020 y mediados de 2022 —incluso tras el término de la administración Piñera en marzo de ese año, realizándose los últimos entregables en la oficina privada de Sotomayor—. Respecto de la procedencia de los recursos, el penalista remarcó ante los persecutores: “No sé de dónde provenían estos dineros. Desconozco completamente su origen”.
Las confesiones de Hermosilla en su quinta declaración a la fiscalía, se suman a la serie de peritajes e informes que forman parte de la investigación conducida por la Fiscalía de Valparaíso, la cual evalúa las implicancias penales de las coordinaciones entre abogados litigantes, asesores del Ejecutivo y magistrados en el sistema judicial.
