Agustín Walker Martínez. Abogado de la Universidad de Chile. Diplomado de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Diplomado en Sistema Procesal Penal de la PUC. Abogado asociado en Vial & Asociados.
Son tiempos convulsos. La política chilena se desvive en álgidos debates sobre una maximalista y programática nueva constitución, y sobre agendas de seguridad, en el marco de altísimos niveles de temor a la delincuencia, y de un aparente consenso político en la adopción de medidas punitivas que busquen calmar (probablemente sin éxito) la sensación de inseguridad. Mientras todo eso ocurre, nuestro sistema penitenciario se satura a niveles dramáticos: Sólo en los últimos 15 meses, la población en sistema cerrado ha pasado de 45.000 reclusos a 55.000, lo que equivale a un aumento del 22% en un muy corto período de tiempo (Gendarmería de Chile, 2023), superando con creces la capacidad (en sí misma deficiente) de los recintos penitenciarios. Al mismo tiempo, mientras las cifras de la Defensoría Penal Pública muestran que en los últimos 10 años cerca de 40.000 personas han pasado por prisión preventiva siendo inocentes, sólo en los últimos 15 meses la población recluida en prisión preventiva ha aumentado en un 36% (Gendarmería de Chile, 2023).
En conocimiento de todo ello, la respuesta no ha sido -más allá de ciertas frases aisladas- poner freno al ingreso masivo de reclusos, dar con medidas de excarcelación, ni privilegiar formas alternativas a la reclusión. Por el contrario, una simple revisión de los proyectos parlamentarios aprobados y en tramitación nos permite ver la tendencia justamente contraria: Tanto la agenda de seguridad anunciada, como otros proyectos aprobados (p.ej. la ley 21.555, 21.556, 21.557, 21.560 o 21.594) privilegian el encarcelamiento como respuesta a distintos fenómenos delictuales, mientras el boletín 15.661.07 (establece la pena mínima de un año para todo delito con pena inferior) anticipa que lo peor puede estar aún por venir[1]. Además de este proyecto, sólo en 2023 se han presentado 23 iniciativas cuyo objetivo declarado es aumentar penas, restringir beneficios, penas alternativas y la libertad condicional, y otros 12 que buscan facilitar la aplicación de la prisión preventiva.
El efecto de todo ello es muy claro: mientras se facilita el ingreso al sistema penitenciario, se dificultan y entraban los mecanismos de egreso, privilegiando el cumplimiento íntegro de las sanciones penales dentro de una cárcel, disminuyendo la aplicación de penas sustitutivas y dificultando la libertad condicional (que en el último período acogió sólo el 7% de las solicitudes, la cifra más baja en años). En resumen, la apuesta es por más encarcelamiento, en peores condiciones, y por más tiempo. Pero ¿es una apuesta sostenible y eficiente?
En ningún caso, fundamentalmente por 3 razones:
Primero, porque es abiertamente contraria a la evidencia en términos de reincidencia. Los propios estudios de Gendarmería de Chile (2019) dan cuenta de que la apuesta por el cumplimiento íntegro de penas privativas de libertad es una apuesta por la reincidencia. Mientras que el 47% de los internos que cumplieron dicha pena reincide, la cifra es de un 20% en caso de otorgarse la libertad condicional, y de 24% en caso de salidas progresivas. Respecto a las penas alternativas, la reincidencia es de un 22% (Olmedo, 2020: 52).
Segundo, porque ya existe cierto consenso científico, en que las medidas sólo punitivas son altamente ineficientes a la hora de disminuir la delincuencia y el temor hacia esta. Por el contrario, el encarcelamiento desenfrenado es una buena medida de profundización de aquellos múltiples factores criminógenos y de riesgo en las propias personas recluidas y en su entorno, potenciando la ruptura de lazos sociales, familiares y laborales, y la segregación social. Dicho efecto disruptivo y desocializador es particularmente grave respecto de las casi 20.000 personas actualmente recluidas en prisión preventiva, que mantienen su condición de inocentes.
Tercero, pues el hacinamiento carcelario sólo profundiza la crisis de habitabilidad y los círculos de violencia inherentes al encierro, además de generar otros tantos factores de riesgo para las personas recluidas y para los funcionarios penitenciarios. El fatídico incendio en la cárcel de san miguel ocurrido hace casi 13 años es un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando apostamos por el encierro indigno y masivo. Hoy existen muchas cárceles muy hacinadas, que son verdaderas bombas de tiempo que amenazan con repetir esa historia. Es el caso, por ejemplo, del CCP Copiapó (ocupación del 275%), el CDP Quillota (200%), el CDP Santiago Sur (232%), o el CDP Tal Tal (388%).
En tiempos convulsos, la única respuesta responsable es la seriedad y la apuesta por políticas públicas meditadas y con respaldo en evidencia, que den con una hoja de ruta, como política de Estado, para hacer frente al -indudable- problema de la delincuencia y del temor público a ella. Hoy pareciera que caminamos en el sentido contrario, a costa de la legitimidad del sistema penal, de la seguridad colectiva, y de la integridad y dignidad de decenas de miles de personas.
[1] https://www.latercera.com/opinion/noticia/los-potenciales-efectos-devastadores-de-legislar-a-ciegas/Z2K2KV6DGFHVTPFC4MHTFH27DQ/
