Créditos Imagen : Defensoría Penal Pública
En esta segunda parte de la entrevista, la máxima autoridad del Poder Judicial se refiere a la fallida nominación del ministro Mera, el incierto escenario de los delitos contra la salud y las solicitudes de retención del 10% por deudas de pensiones de alimentos.
Andrés López Vergara, En Estrado.
Fallos diferentes sobre una misma materia en dos salas de una corte de apelaciones, sobreseimientos a imputados, planteamientos de que quebrar la cuarentena no es delito y la impugnación ante el TC del procedimiento monitorio en casos de ilícitos contra la salud pública. Ese es el escenario actual en las distintas cortes y tribunales que revisan día a día miles de casos por infracción al artículo 318 del Código Penal.
En esta segunda parte de la entrevista dada a En Estrado, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refiere a la disparidad de criterios y se manifiesta preocupado por la situación.
-Se ha generado un debate en tribunales y cortes del país sobre la aplicación del artículo 318 del Código Penal que sanciona el delito contra la salud pública. Unos plantean que es una ley en blanco, otros que es de peligro abstracto, un grupo piensa que es de peligro concreto, algunos jueces derechamente no lo aplican y sólo ejercen una multa por desobedecer normas de la autoridad. ¿Qué le parece esta incertidumbre jurídica sobre el camino a seguir en la persecución y sanción de este ilícito?
-El Derecho no es matemática. Hay un dicho que señala: doctores tiene la ley. Entonces, la misma disposición legal puede tener interpretaciones diferentes. Me preocupa la disparidad de criterios que ha existido en la interpretación del artículo 318 del Código Penal. Sé que hay ministros de cortes de apelaciones que tienen una opinión y otros una diferente. Pero los jueces son muy celosos de su independencia. Nosotros como Corte Suprema no podemos darles una instrucción, decir esto es lo correcto. Podríamos decirlo cuando uno de esos asuntos llegue al Máximo Tribunal, que puede fijar una jurisprudencia. Esta, sin embargo, tampoco obliga a los jueces que no están involucrados en ese caso que se resolvió, pero es una orientación la que se puede dar. Por supuesto que es preocupante que no haya una certeza jurídica, porque es importante. No es bueno que una sala de una corte diga blanco y otra señale negro. O que haya fallos de la Corte Suprema que diga que algo es blanco y otro día que es negro. Eso ocurre excepcionalmente. Lo ideal es que hubiera siempre certeza jurídica.
-El ministro Carlos Künsemüller planteó en el webinar de Conversatorio Judicial que la pandemia revivió el debate sobre si esta era una ley penal en blanco y su constitucionalidad ¿Cómo ve este artículo desde su rol de juez?
-No lo puedo indicar, porque dirán que es la opinión de la Corte Suprema. El ministro Künsemüller es un gran penalista, por supuesto que su opinión que es muy valorada. Yo soy profesor de Derecho Penal, toda mi vida he realizado clases, y por esas cosas del destino estuve 12 años en la Sala Civil. Este artículo 318 nunca se pensó que lo íbamos a aplicar, yo hago clases desde el año 1982 y nunca lo he pasado en clases. Y mire la importancia que ha adquirido ahora.
-El Tribunal Constitucional se meterá al fondo del asunto al declarar admisible un recurso de inaplicabilidad de la jueza Andrea Díaz-Muñoz. Ella planteó que no era posible forzar un procedimiento monitorio al imputado y se necesitaba un juicio contradictorio a raíz de las dudas sobre el ilícito ¿Cuál es la relevancia del pronunciamiento que tendrá el TC?
-Lo que resuelva el TC va influir en esa causa por la que se interpuso el requerimiento, pero es indudable que lo que pueda determinar puede dar una pauta. Sin embargo, puede que haya jueces que no se sentirán obligado por esa decisión del TC. Los magistrados, y con razón, son muy cuidadosos en su independencia.
Pensiones de alimento
-¿Cómo han enfrentado esta avalancha de peticiones retención del 10% por deudas de pensiones de alimentos?
-Yo acabo de tener una reunión con todos los que jueces de familia del país para darles el respaldo y reconocimiento de la Corte Suprema a la inmensa labor que están desarrollando. Los parlamentarios, cuando se aprobó esta ley, no previeron el impacto que tendría en los tribunales de familia. Ahora hay una serie de proyectos de ley presentados, porque estas situaciones se van arreglando en el camino. El impacto fue muy grande.
Prosigue: “El problema de las pensiones alimenticias es eterno. Siempre los deudores alimenticios han sido renuentes a pagar. Este inmenso porcentaje ahora se dio a conocer, pero no es de ahora sino de siempre. Esto afecta a los sectores vulnerables como las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres. Es preocupante”.
-¿Por qué esto no se solucionó antes si sabían que existían estos deudores? ¿Nadie se interesó en regular la situación?
-En los inicios de mi carrera judicial, en un tribunal mixto en Los Ángeles, vivíamos en esto de que los deudores no pagaban, iba la gente a reclamar. Pagaban un poco, dejaban de pagar y otros que no pagaron nunca. Cada vez se han ido realizando reformas para evitar esto, como el arresto nocturno, pero se necesita una solución de fondo. Incluso, algunos piensan que el Estado debe hacerse cargo de esas deudas y que tenga el derecho a recurrir el Estado contra el deudor. Son ideas, pero tiene que hacerse una reforma definitiva, sistémica. Ahora nos comenzamos a preocupar del asunto, si no hubiera aparecido esta famosa ley del 10%, seguiría todo igual.
-Este no pago es un tipo de violencia contra la mujer.
-Impacta en la mujer, ella es vulnerable a raíz de esto. Tiene que hacerse cargo de la crianza y la educación de los hijos. Es la que está con ellos, se preocupa de todo, mientras que el otro personaje desaparece y más encima no paga. Estamos muy confiado que saldremos adelante en esa tarea, haremos todo el esfuerzo y estamos conscientes de que se van a cometer errores, porque las cosas apuradas, rápidas, conducen a equivocaciones. Ojalá que sean los mínimos, pero estamos claros de que cualquier error por mínimo que sea, para la opinión pública, el culpable va a ser el Poder Judicial. Es una costumbre, ya lo tenemos incorporados. Porque a raíz del caso de Ámbar, siempre he dejado en claro que el asesino no fue la magistrada Silvana Donoso, fue el homicida quien la mató. Y le garantizo que quien lo hizo tendrá una pena ejemplar. No podemos simplificar a ese extremo las cosas.
La frustrada nominación del juez Mera
-¿De qué manera tomó el rechazo del Senado a la designación del magistrado Raúl Mera?
-Me causó desazón. Lo encontré lamentable, que se pierda un ministro de la calidad del señor Mera, que habría sido un aporte a la Corte Suprema. Reconociendo, que los senadores que votaron en contra estaban haciendo uso de una facultad que les otorga la ley. Lo que ellos decidieron hay que respetarlo. Pero ocasionó mucha molestia porque se perdió un gran magistrado.
-Es cierto que es una facultad de los parlamentarios, pero es una decisión tomada con un factor político que sobrepasa el jurídico. Esa influencia funciona como un incentivo perverso en las nominaciones.
-Esa es responsabilidad de esos senadores. Se supone que un senador de la República es una persona responsable y que va a decidir objetivamente. No resolver políticamente un asunto como ese. No se puede rechazar un juez por la manera como falló una causa y sobretodo si quien está votando nunca conoció ese proceso, no leyó la causa, nunca tuvo conocimiento de por qué fueron absueltos en realidad. Que no dejen de tomar en cuenta de que de los nueve u ocho ministros que intervinieron con posterioridad, siete estuvieron por ratificar lo que hizo Mera. Uno de ellos fui yo.
-En su calidad de juez, ¿le cansa esa situación? Algo extrajudicial que cruza las designaciones. Que después de una larga trayectoria, lleguen a la quina, y se frustre por factores externos, ajenos a su labor.
-Esa situación cansa y molesta. Se está repitiendo con frecuencia, porque pasó con Muñoz Pardo, Dobra Lusic y acaba de ocurrir con Raúl Mera. Los tres excelentes ministros. Antes había pasado también con grandes magistrados en lo que afortunadamente se corrigió la situación, como Milton Juica, Margarita Herreros y Carlos Cerda, todos en una primera ocasión fueron rechazados. Uno que es funcionario de carrera, que ha entrado al Poder Judicial por vocación, que ha sacrificado familia, cambiado hijos de colegio, andado de parte en parte, que ha vivido los momentos más difíciles del Poder Judicial y (es complejo) que en la culminación de su carrera lo veten porque cómo decidió en un fallo, que además fue ratificado en la instancia superior. Yo viví muy de cerca esta situación, porque llegué a la Corte Suprema cuando se vetó al ministro Alfredo Pfeiffer en 2008.
